Constitucionalismo antigüo y moderno y la continuidad de España

Es un gran honor haber sido invitado a dar esta conferencia de inauguración de las jornadas que organiza el Senado de España para conmemorar los 25 años de la aprobación de la Constitución de 1978. Debo reconocer, sin embargo, que para mí se trata de un honor inesperado. No soy un especialista ni en constitucionalismo ni en la historia de las constituciones españolas, y para colmo vengo de un país que se enorgullece de no haber tenido nunca una constitución escrita. Así pues, parece que hay buenas razones para pensar que no soy la persona apropiada para hablar hoy ante esta audiencia. No obstante, cuando el presidente del Senado tuvo la amabilidad de invitarme, me explicó que la intención primordial era enriquecer el debate interno sobre la Constitución con los puntos de vista de miembros de la comunidad académica e intelectual de fuera de España. Hablo, por tanto, como otros lo harán hoy, desde la posición privilegiada de un observador, privilegiada pero no indiferente, pues nace de un profundo amor a España, alimentado por medio siglo de estrecho contacto con el país y de un largo e intenso interés en su historia y cultura.

Supongo que como historiador mi tarea aquí es situar la Constitución de 1978, y la España moderna y democrática que tanto ha contribuido a crear, en el contexto de la larga trayectoria de la historia hispana tal como la comprendo. Pero como historiador que ha sido testigo presencial de la transformación que ha experimentado este país y su estatus internacional durante el último cuarto de siglo, no puedo pretender ser del todo imparcial en mis reflexiones sobre la Constitución y su impacto. La España que encontré por primera vez a principios de los años cincuenta era un país triste, aislado y empobrecido, aún traumatizado por la guerra civil y sus secuelas, un país donde la libertad de expresión estaba amordazada y la diversidad regional estaba sujeta por la camisa de fuerza impuesta por un estado centralizador con una ideología política rígida y estrecha.

Para quienes venimos de fuera, quizás incluso más que para los mismos españoles, la transformación ocurrida desde entonces parece poco menos que un milagro. Ésta es una sociedad que ha pasado de la miseria a un alto nivel de prosperidad, de la dictadura a la democracia y la monarquía constitucional, de la uniformidad centralista a la aceptación del pluralismo, del dogmatismo a la tolerancia, y del aislamiento internacional a la influencia en el mundo. Y durante este proceso de transformación masiva se ha logrado mantener consistentemente un alto grado de estabilidad social y política. Es posible que la mentalidad colectiva del país no haya marchado al paso de los cambios sociales, políticos y económicos de las dos o tres últimas décadas. La historia de España ha sido concebida tan a menudo en términos de fracaso que resulta difícil para los españoles aceptar el éxito. Sin embargo, me parece que poco a poco las actitudes están cambiando y que una nueva generación se está liberando del peso agobiante del pasado.

Los historiadores del futuro encontrarán muchas explicaciones para el milagro español de finales del siglo xx , explicaciones que concederán su debida importancia al papel de figuras individuales, comenzando por Su Majestad el Rey, al empeño colectivo en evitar los horrores de nuevos conflictos civiles, y a la actuación de potentes fuerzas generadoras de cambio económico y social tanto dentro de España como en todo el mundo. Cualquiera que sea el acuerdo entre estos diversos elementos que alcancen en sus análisis, no cabe duda de que la Constitución de 1978 ocupará un lugar central, como señal y como causa. Como señal, será considerada el reflejo de la determinación de la élite política y de la sociedad en general del período posfranquista por alcanzar un consenso ampliamente aceptable que permitiera a los españoles vivir en armonía entre sí. Como causa, será considerada una contribución decisiva por lo que dice, y a veces deja de decir, sobre la creación y el mantenimiento de la estabilidad política sin la cual no se podría haber logrado una transformación psicológica, social y económica de tan vastas proporciones.

Dicho esto, ningún arreglo constitucional es perfecto, y cada constitución es inevitablemente el producto de su propio tiempo y de las circunstancias particulares de su creación. Como resultado, sus defectos se hacen más evidentes con el paso del tiempo y los acuerdos constitucionales que eran estimados adecuados al ser esbozados parecerán poco apropiados o incluso perjudiciales para nuevas generaciones enfrentadas a nuevos desafíos. Éste es el mejor argumento que conozco para no tener una constitución escrita, y estoy en buena compañía, pues, como don Gonzalo Anes nos recordaba hace poco en una conferencia en la Real Academia de la Historia , hasta Jovellanos tenía sus dudas sobre la eficacia de las constituciones escritas. Por otro lado, la ausencia de una constitución escrita puede causar sus propios problemas, como podemos ver hoy en Inglaterra, que durante siglos ha tratado de adaptarse a las nuevas circunstancias con arreglos constitucionales específicos, pero que ahora podría tener que cambiar sus procedimientos.

Todos somos conscientes de los retos que en la actualidad afronta España, y no sólo España, tanto por lo que hace a sus propios acuerdos políticos internos como a su adaptación a la existencia en una comunidad europea con sus propias aspiraciones políticas y constitucionales. Tales retos serán sin duda un tema central en nuestros debates de hoy y, con la esperanza de aclararlo un poco, me gustaría decir algo sobre el cambio de las ideas constitucionales a través de los siglos y el modo en que éstas han contribuido al desarrollo de la España que hoy conocemos.

Se puede considerar que la Constitución de 1978 ocupa un lugar de honor dentro de una tradición constitucionalista que en la península ibérica se remonta a la Edad Media. La idea de represen-tación fue fundamental en el desarrollo de las sociedades de la Europa medieval y hacia la baja Edad Media todos los grandes estados europeos tenían ya alguna forma de asamblea política, en la cual el soberano y los representantes de los distintos estamentos del reino se reunían periódicamente para discutir asuntos de interés general. Por un lado, el soberano procuraba que se aprobase el pago de impuestos; por otro lado, los estamentos procuraban que se introdujeran nuevas medidas legales para remediar los agravios. Aunque se ha tomado a mi propio país como modelo de gobierno parlamentario a causa de la continuidad a través de los siglos de la Cámara de los Comunes y su éxito en establecer una posición preeminente dentro del sistema político, el primer reino europeo donde se ha documentado una asamblea que incluía representantes de las ciudades es de hecho León, cuyas Cortes fueron convocadas por Alfonso IX en 1188, un siglo antes de que un acontecimiento similar ocurriera en Inglaterra.