Las claves del laberinto

Añádase a ello un hecho nada despreciable: la negociación política interior que se plantea lo hace en unas condiciones inaceptables: no se puede olvidar que los dos partidos a los que se convoca para un nuevo esfuerzo de aceptación del proyecto nacionalista (esfuerzo que ya han realizado en diferentes planos de la vida social vasca: lingüístico, cultural, social, etcétera), están siendo perseguidos por una violencia cruel que les acosa en nombre de esa misma causa nacionalista. Es fácil comprender la reacción casi visceral que surge en estas circunstancias, y las pocas posibilidades de acuerdo en esta coyuntura y en estos términos. PP y PSE-EE (PSOE) tenemos muchas dificultades para presentar listas municipales o para afiliar a nuevos simpatizantes porque el miedo atenaza a nuestros militantes. ETA anunció que quienes participen en nuestros actos públicos correrán riesgos. ¿Es ésta una confrontación limpia y democrática? ¿Cabe negociar así un nuevo estatus político para Euskadi?

Si no hay acuerdo interior, si el pacto con los partidos autonomistas o constitucionalistas no es posible, ¿cómo articular este proyecto en una reforma constitucional tan profunda como la que implica? Es sencillamente imposible. Por mucho que se estire la interpretación de la Disposición Adicional y la actualización de los Derechos Históricos, no pueden llegar a sustentar dos afirmaciones que están en la base de la propuesta del lehendakari : 1) que el actual modelo autonómico es el resultado de un Pacto entre el Estado y el País Vasco, y 2) que ese pacto debe renovarse sobre la base de la soberanía originaria que corresponde al País Vasco. Ambas afirmaciones son falsas de raíz. Una cosa es que el Estatuto y sus eventuales reformas sean resultado de acuerdos entre partidos, tanto de ámbito autonómico como estatal, y otra hablar de un pacto entre el Estado y el País Vasco. El Estatuto es una Ley Orgánica derivada de la Constitución y ésta sólo reconoce una soberanía, y la del pueblo español en su conjunto (art. 1.2 CE). Por último, conviene recordar que la Constitución no es fruto de pacto territorial alguno, sino expresión de la voluntad democrática de la nación española, incluyendo a todas sus nacionalidades y, entre éstas, la vasca, que también la votó y la legitimó posteriormente con el refrendo del Estatuto.

De manera que no será posible insertar el proyecto de Ibarretxe en una eventual reforma constitucional de semejante calado, porque significaría revisar, entre otras cosas, el Título Primero de la Constitución, y no hay posibilidad política alguna de que eso sea realizable. Un nuevo pacto constitucional en España sobre estas bases es política y jurídicamente inviable.

Llegados a este punto, es obligado reconocer el importante bloqueo político que sufre nuestra comunidad. Bloqueo entre fuerzas y proyectos políticos, bloqueo institucional, agravado por una conflictividad jurídica elevada a los Tribunales Constitucionales, y naturalmente, la fractura social, que nos preocupa, en una comunidad pluriidentitaria como lo es la vasca.

Pues bien, sobre esta realidad compleja, me gustaría ahora desentrañar algunos razonamientos estratégicos con respecto al inmediato futuro.

En los últimos años, la acción policial y, sobre todo, la colaboración internacional, están dejando a la banda en una extrema debilidad. La estadística del terror ha vuelto a bajar a los índices de los mejores años (menos de cinco muertes por el terrorismo). Las dificultades operativas de la banda parecen cada vez mayores, especialmente en su retaguardia francesa. La reducción de la actividad violenta en las calles es sintomática de un repliegue y de una desarticulación muy eficaz de los niveles secundarios de la banda.

A todo ello ha ayudado, sin duda, la ilegalización de Batasuna y la persecución judicial contra el entorno de la banda. No hace falta que defienda la legalidad y la lógica política de estas decisiones. La evidencia de que Batasuna no arrastraba a ETA hacia la paz y la política, sino todo lo contrario, ha hecho inapelable esta secuencia represiva y ha agotado el cálculo que, durante más de veinte años, defendía la legalidad del entorno político de los violentos como «salida natural» y «desagüe» a la violencia.

Transcurridos unos meses de estas decisiones, y celebradas ya unas elecciones (las locales y forales de mayo de 2003) en estas condiciones, el balance es positivo. El sistema institucional no ha sufrido ningún revés fundamental. Los Ayuntamientos y las Diputaciones funcionan con normalidad. Todos los partidos democráticos han aceptado, en la práctica, que los violentos no puedan estar en las instituciones. Las medidas de persecución penal a la kale borroka han producido un cambio espectacular, hasta el punto de su casi desaparición. Se han cerrado sus sedes. Se ha reducido su financiación. Pero lo importante es señalar que la sociedad vasca lo ha tomado con enorme naturalidad y con un alivio generalizado.

¿Cabe hablar entonces de un camino de esperanza en un final policial de ETA? Desde luego, su final no será consecuencia de una «negociación política» como todavía pretenden algunos.

ETA no tiene un final dialogado. No hay solución política para la violencia. Todos sabemos que Ibarretxe está empeñado en ofrecer a la izquierda abertzale una plataforma de unidad nacionalista basada en un proyecto político hacia la independencia, sin violencia. Lo hizo en Lizarra, con la tregua indefinida por medio, y lo ha hecho ahora con su plan, ante la ilegalización judicial y política de Batasuna. Que ETA desprecie esta oferta sólo puede entenderse en dos claves: La primera responde a la vieja y profunda querella que la izquierda abertzale mantiene con el PNV y a su rechazo visceral a que este partido protagonice o rentabilice su historia y «su lucha». La segunda confirma una trayectoria de fundamentalismo, inasequible a cualquier razonamiento. ETA sólo quiere imponer su proyecto máximo y éste es un imposible, por razones de todos conocidas.

En mi opinión, ETA será una organización terrorista en paulatina desaparición durante muchos años. Su destino es la derrota política y la desarticulación progresiva de sus comandos, pero ese proceso durará muchos años, desgraciadamente. Su fanatismo y su experiencia terrorista no permiten una desaparición rápida y total de su infraestructura, pero, a su vez, sus dificultades operativas y los límites políticos de sus atentados no le permitirán sino mantener un nivel de actividad terrorista de bajo tono. Poco a poco, este movimiento se irá «grapizando», en un contexto internacional de creciente colaboración política, policial y judicial en la persecución del terrorismo, especialmente después de los trágicos atentados terroristas en Madrid del 11 de marzo. Cabe incluso especular con el creciente rechazo de la opinión pública vasca a los atentados de ETA en el contexto brutal que se está creando con el terrorismo islámico.