Las claves del laberinto

• Un entendimiento básico entre Madrid y Vitoria en todo lo que se refiere a la estrategia integral contra ETA. Desde lo policial a la política penitenciaria, desde la colaboración francesa a las informaciones más directas sobre la banda, todo se compartía. Hasta la política informativa del terrorismo era, en el fondo, objeto de un tácito entendimiento entre los gobiernos de Euskadi y del Estado y entre en el conjunto de las fuerzas políticas.

• El aislamiento político de la banda y su entorno. Aunque este aspecto fue siempre objeto de polémica interpretación y de difícil aplicación, el aislamiento era el corolario de la unidad democrática y el preámbulo de una oferta de diálogo sin violencia (art. 10)

• Una exigencia de abandono inequívoco y constatable de la violencia como condición y requisito previo a una oferta de diálogo entre los partidos políticos vascos para «normalizar» la política vasca sin violencia.

En 1998 la política vasca sufre un giro copernicano. En mayo de ese año, el PSE-EE (PSOE) decide abandonar el Gobierno vasco ante una serie de desacuerdos parlamentarios con el PNV-EA en materias simbólicas (selecciones deportivas, reglamento de la Cámara, etcétera) que anunciaban entendimientos políticos entre los nacionalistas y HB, que dieron lugar más tarde al Pacto de Lizarra (septiembre de 1998). En enero de ese mismo año, ya se había presentado el «Plan Ardanza» como evolución exigida por los nacionalistas para mantener el Pacto de Ajuria-Enea. El rechazo del PP a ese documento constituyó la muerte formal de dicho pacto.

Pero, detengámonos aquí. ¿Qué ha ocurrido para que en 1998 las bases de la política vasca -unidad contra ETA, coaliciones de pluralidad y respeto al marco jurídico-político-, se abandonen y desemboquen en el Pacto de Lizarra con ETA y en la tregua de 1999?

Una explicación que pretenda ser objetiva de las razones que provocan este brusco cambio en el rumbo del nacionalismo debe recordar el contexto y explicar los comportamientos partidarios.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 provocó una verdadera conmoción política y social en Euskadi y en toda España. Luego supimos que era el comienzo de una estrategia terrorista contra los no nacionalistas que hoy seguimos sufriendo. Al asesinato frío y cruel del joven militante del PP de Ermua, le siguió un espíritu de protesta social y de reacción cívica contra la violencia que no se había producido antes. No era sólo una condena masiva de la ciudadanía. Era una ciudadanía iracunda, casi violenta, la que llenaba las calles aquella segunda semana de julio. Era un pueblo que sentía el asesinato como un ultraje a su propia colectividad y que reaccionaba irritado contra todo lo que intuitivamente relacionaba con la banda terrorista, ya fuera la sede de HB o el conjunto del nacionalismo vasco. Así nació el espíritu de Ermua que provocó profundo malestar y preocupación en el nacionalismo vasco y en particular en el PNV.

Más tarde, y en un clima preñado de esta conmoción, el Tribunal Supremo condenó a la Mesa Nacional de HB y casi treinta de sus máximos dirigentes ingresaron en prisión. Desde hace casi dos años, el PP gobierna en España, y lo hace mediante un pacto con los nacionalistas catalanes y vascos de CiU y PNV. Pero ese pacto no incluye, como cabía esperar, un acuerdo de fondo con el PNV en materia antiterrorista. Aznar y Arzallus, que encontraron entonces -¡quién lo diría hoy!- razones poderosas para entenderse en todo, no consiguieron un diagnóstico común sobre ETA. Al contrario, acordaron no entenderse en este tema y seguir cada cual su propio camino.

Seguramente ambos encontraban poderosas razones electorales, además de estratégicas, para reafirmarse en caminos opuestos. La tentación de utilizar a las víctimas, tan frecuente en el PP, y la dureza contra la banda y todo su mundo resultaban claramente rentables en la opinión pública española. A su vez, la pretensión del PNV, siempre sabida, de absorber al electorado de HB, explica este encontronazo que ha acabado en lo que metafóricamente algunos han llamado «el choque de trenes».

En este contexto que describimos, a principios de 1998 y quizás antes, empiezan a producirse contactos políticos serios entre PNV y ETA que culminan en el acuerdo de Lizarra. Antes, paralelamente a esos contactos, el lehendakari Ardanza trata de salvar, sin conseguirlo, el Pacto de Ajuria-Enea y, tal y como hemos dicho, los socialistas abandonan el Gobierno al sentirse traicionados por sus socios PNV-EA en sus acuerdos con HB, que resultan precursores del gran acuerdo de Estella.

Es verdad que el Pacto de Lizarra llega con «el pan de la paz bajo el brazo», porque, inteligentemente diseñada la agenda del proceso, ETA anuncia la tregua indefinida en septiembre de 1998. En octubre, los nacionalistas ganan las elecciones. PNV y HB ven recompensados sus esfuerzos por la tregua y una poderosa ola de esperanza se instala en el pueblo vasco.

Pero el pacto político entre nacionalistas y ETA y su contenido merecen un análisis más profundo, porque son el origen del cambio político que estamos analizando.

Para empezar, porque es un pacto a traición. A traición del Gobierno de España y a traición del PSOE, que durante casi quince años ha sido socio leal del PNV en todo y para todo. Tanto el Gobierno como el PSOE se enteraron de este entramado casi por los periódicos.

En segundo lugar, conviene recordar que el pacto entrañaba un acuerdo de fondo entre los nacionalistas y la exclusión de los socialistas, acabando así con la pluralidad e iniciando la etapa de los gobiernos nacionalistas. La farsa de negociación con el PSE que se vivió a finales de 1998, para formar el Gobierno que siguió a las elecciones, puso de manifiesto que, entre los acuerdos de Estella, estaba muy claro que el Gobierno vasco debía ser de PNV-EA con el apoyo parlamentario de HB.

Pero mucho más importante es el contenido del acuerdo. A diferencia del Pacto de Ajuria-Enea, el de Lizarra contradice abiertamente la estrategia de unidad democrática, aislamiento político al entorno de ETA y diálogo sin violencia, diseñados en Ajuria-Enea. Ahora es el PNV el que lidera la unidad nacionalista asumiendo la explicación histórica de ETA sobre el conflicto vasco y proponiendo la autodeterminación como llave de la paz. Eguibar, Ollora y Aguirre ya llevaban años defendiendo esta teoría frente al lehendakari Ardanza de entonces. El Pacto de Lizarra ofrece a ETA un camino político para lograr sus objetivos y una salida, no sólo digna, sino, cabe decir, triunfante, de abandono de la violencia.

Si Ajuria-Enea había dicho que no había ninguna razón para la violencia, Lizarra partía de considerar la existencia de un problema político previo a la violencia, que en parte la explica, aludiendo al viejo conflicto histórico del viejo pueblo vasco oprimido. Si Ajuria-Enea había introducido el principio básico de que no es posible compartir fines con quienes utilizan esos medios, Lizarra se olvida de este principio moral y político y declara que la solución del conflicto pasa por el reconocimiento de la soberanía y la territorialidad (eufemismo que entraña la vieja utopía milenarista de una Euskadi reunificada en la que deben estar, indefectiblemente, Navarra y las tres provincias vasco-francesas). Si Ajuria-Enea reiteraba que nada es posible negociar mediando la violencia, Lizarra proclama que la violencia acabará con el reconocimiento previo del derecho de Autodeterminación y que ésta es la clave de la paz.