Las claves del laberinto

Las elecciones generales de 2004, han confrontado los dos discursos del constitucionalismo. De una parte, el que, desde hace años, abanderan el PP y su líder Mayor Oreja, sustentado en el máximo enfrentamiento con el nacionalismo desde la unidad de PP y PSOE en una estrategia de tensión creciente hasta su derrota política, incluyendo en ella la desarticulación policial de la violencia. De la otra, el discurso autónomo del PSOE, que surge de la crisis política del socialismo vasco zanjada en el Congreso de marzo de 2002 y construido sobre un rotundo «no» al soberanismo del Plan Ibarretxe , junto a una apuesta autonomista de hondo calado, reivindicando, al mismo tiempo, el papel tradicional del socialismo vasco en favor de una comunidad vasca transversal y vertebrada en su pluralidad identitaria, a través de los consensos básicos.

A lo largo del debate electoral, estas dos estrategias se han enfrentado más que nunca, en parte estimuladas por el debate general PP-PSOE que impregnaba la campaña. Muchos de los lectores de Cuadernos de Alzate ven con preocupación, y casi con angustia, estas divergencias estratégicas políticas y personales entre dos partidos llamados, según muchos, a gestar la alternancia al nacionalismo vasco en nuestro país.

Por eso resulta de interés descifrar los pormenores de nuestras diferencias y contrastarlas con el resultado electoral del 14 de marzo. Pero antes de entrar en ello, debemos explicar el presente haciendo un breve recordatorio de los orígenes.

Aun a riesgo de incurrir en una relativa simplificación, la política vasca, entre 1978 y 1998, se ajustó a tres parámetros básicos:

a) El nacionalismo vasco acepta el marco político configurado en el Bloque Constitucional-Estatutario y ajusta su acción política a ese ordenamiento jurídico y político. El nacionalismo democrático no votó la Constitución pero la aceptó y la convalidó formalmente, al apoyar y aprobar en referéndum el Estatuto de Gernika.

Con frecuencia se utiliza la abstención nacionalista en el referéndum constitucional como referencia de no legitimación popular de la Carta Magna en Euskadi, olvidando, primero, que la abstención no impidió que la Constitución obtuviera un aplastante «sí» entre los votantes; segundo, que el Estatuto es la consecuencia directa e inmediata de la Constitución; y tercero, que el nacionalismo democrático asumió el protagonismo exclusivo en el desarrollo institucional de ese marco político y ha ocupado -sin interrupción y desde hace más de veinte años- el poder institucional que de él se deriva.

Es más, aunque las proclamas doctrinales del nacionalismo han mantenido viva la llama de la utopía nacionalista, su práctica política se ha sometido y ha respetado siempre, en este período, el marco jurídico constitucional. Como prueba, conviene recordar que todos los gobiernos de coalición suscritos entre el PNV y el PSE (PSOE) para los sucesivos gobiernos de coalición entre 1987 y 1998, han incluido, en su preámbulo constitutivo, sendos compromisos de desarrollo del programa de gobierno, «en el marco fijado por nuestro ordenamiento jurídico constitucional y estatutario».

En los veinte años de política vasca que siguen a la aprobación del Estatuto (1979), el PNV no ha cuestionado ni el uno ni el otro. Una esporádica declaración a favor de la Autodeterminación en 1990, cargada de matices de no aplicación, fue explicada, en su día, como una «declaración doctrinal» sin repercusiones en la política institucional.

b) Sin contar el primer periodo (1980-1984), todas las legislaturas y los gobiernos de estos veinte años han sido de coalición o de pactos plurales entre nacionalistas y no nacionalistas, principalmente girando en torno al PNV y el PSE (PSOE).

La política de pluralidad se impuso, desde luego, por las exigencias de pluripartidismo que la hizo imprescindible para alcanzar mayorías sólidas de gobierno. Pero respondía también a las necesidades de una sociedad heterogénea, y hasta antagónica en sus extremos, respecto a su actitud identitaria. Hasta qué punto el nacionalismo vasco asumió con sinceridad esta pluralidad o simplemente la aceptó como un mal menor, o un precio que debían pagar por su escisión (PNV-EA), es algo que admite interpretaciones diversas. En los comienzos de la coalición, Arzallus y otros dirigentes nacionalistas elaboraron toda una teoría del reconocimiento a la diversidad («vascos somos todos», el discurso del Arriaga, etcétera). Cuando Ardanza acabó creyéndose un lehendakari de todos, elaboró discursos sobre la pluralidad vasca que harían las delicias de cualquier demócrata cosmopolita. Pero cuando años después volvieron a la unidad nacionalista y a las fronteras entre los vascos nacionalistas y de los «nacionalistas españoles», pareció como si aquellos tiempos nunca hubieran existido.

Durante veinte años, hasta 1998, los pactos de legislatura y los gobiernos de coalición en el Gobierno vasco, en las Diputaciones Forales y en los Ayuntamientos fueron constantes y casi generales. La pluralidad respondía a un espíritu de compartir y construir entre todos, reconociéndonos y aceptándonos, obligándonos a pactar y a consensuar los diferentes perfiles simbológicos (euskera y bilingüismo, himno, bandera, etcétera) o institucionales (Ley de Territorios Históricos, Aportaciones Forales...) o las políticas sectoriales (educación, sanidad, vivienda, entre otros) o las simples relaciones con el Gobierno del Estado. La política vasca respondía a lo que luego se llamó transversalidad, y sus bases eran el pacto entre nacionalistas y socialistas. Ambas mayorías sociales tenían sus referentes institucionales y se veían así involucradas y concernidas por la política institucional. El autonomismo se hacía así una cultura común y cabía incluso soñar con una construcción compartida del país. Unos llamaban a eso construcción nacional y otros la llamábamos la construcción autonomista de Euskadi. La convivencia política en la cúspide institucional extendía sobre el país un manto de tolerancia y reconocimiento al otro, al diferente, «al de enfrente». El pacto y el consenso en las políticas más delicadas atenuaban los perfiles más acusados de cada identidad e imponían en la práctica una política centrada y templada, una especie de política moderada a la fuerza.

c) La unidad democrática contra ETA. El Pacto de Ajuria-Enea, firmado por todas las fuerzas democráticas en enero de 1989, simboliza y cristaliza esta política y esta fase (1978-1998) de la política vasca. No es necesario extenderse aquí sobre su contenido y desarrollo, pero, y por sintetizar, el Pacto incorporó a la lucha contra el terrorismo:

• Un compromiso de unidad suprapartidaria en la lucha contra ETA y en su no utilización como instrumento partidario.

• La definitiva incorporación del nacionalismo democrático a esa lucha. Las viejas divisiones entre nacionalistas y no nacionalistas, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España a la hora de analizar y comprometer esfuerzos por la paz, fueron superados, estableciéndose una única línea divisoria entre demócratas y violentos. El protagonismo que adquirió el lehendakari Ardanza en la lucha contra el terrorismo, la unidad que simbolizaban sus reuniones en Ajuria-Enea, los discursos y apariciones del pacto en los momentos más graves reflejaban un país más unido y liderado por sus partidos y por sus instituciones contra la mafia del terror.