Las democracias aceleradas

Ahora bien, dejando de lado este caso, puede señalarse con carácter general que tanto la lucha ideológica entre diversas opciones políticas como la lucha partidista por la ocupación y conservación del gobierno en gran parte tienen lugar hoy en el pasado. Lo cual, en su sentido literal, sería evidentemente imposible, pues no podemos volver al pasado; pero sí podemos traer el pasado a nosotros y hacerlo revivir de continuo. Y esto es lo que hacemos, o por lo menos lo que hacen las fuerzas políticas en liza: hacer memoria. Consecuencia inmediata: la memoria y el olvido dejan de ser una facultad de uso individual con la que se almacenan y se reconstruyen experiencias pasadas, y pasan a ser una construcción colectiva y, sobre todo, una construcción organizada desde los poderes políticos. Al individuo se le expropia su memoria y el poder social se declara legitimado para establecer qué y cómo debe recordarse u olvidarse. Esto es algo que, hasta cierto punto, siempre ha existido: el poder siempre ha organizado el pasado como un proceso teleológico que llevaba necesariamente a su justificación y a su glorificación como tal poder. Pero la intensidad con que hoy en día se puede realizar, y de hecho se realiza, esta reconstrucción del pasado no tiene parangón con ningún momento anterior de la humanidad. Por eso asistimos atónitos a fenómenos de suplantación masiva de nuestro propio recuerdo por memorias colectiva y burocráticamente reelaboradas.

Se ha llegado, incluso, a legislar sobre el pasado, una actividad en principio incoherente consigo misma. Si la ley es por definición la ordenación de conductas futuras, ¿cómo podría legislarse sobre el pasado? Pues se puede, y la cuestión es plenamente coherente: no se legisla tanto sobre el pasado como sobre la memoria de ese pasado, y ésa sí es una cuestión actual y futura: se legisla para establecer cómo en el futuro deberá comprenderse el pasado, qué deberá conservarse de él y cómo deberá ser leído e interpretado.

Se llega a establecer que la negación de determinados hechos históricos (el Holocausto, determinados genocidios, etc.) constituye un delito sancionable, con lo que se viene a afirmar, más allá del caso concreto, que el poder democrático posee legitimidad como para establecer una versión canónica del pasado que debe respetarse por los ciudadanos, por lo menos cuando se manifiestan en público. Se trata de una afirmación que entra en contradicción con derechos básicos de las personas como la libertad de conciencia y de identidad y que, sobre todo, no se sabe muy bien hasta dónde puede llevar en su desarrollo. En cualquier caso, sucede que el poder se arroga una nueva competencia: la de implantar en las conciencias individuales una concreta versión del pasado. Resuenan en ello, aunque sea irónico, las palabras del déspota Fernando VII cuando mandaba borrar el recuerdo mismo de los hechos en torno a la Constitución de 1812, «como si nunca hubieran tenido lugar en el tiempo». Hoy en día el mandato es un poco el contrario («mantener unos hechos sin borrarlos del pasado»), pero desde luego parecidamente totalitario.

La cuestión no es fácil, puesto que la aceleración misma es una respuesta del sistema político a constricciones externas, una respuesta inadecuada, cierto, pero que se produce por la intervención de factores imposibles de controlar. No puede esperarse razonablemente que la sociedad modifique sus percepciones o angustias ante el cambio acelerado, ni que éste vaya a dejar de producirse. Ni que los medios no sigan profundizando en su construcción de una democracia de audiencia, al mismo tiempo que los políticos corren tras una sincronización imposible entre problemas y soluciones.

Más bien parece que las soluciones, parciales y provisionales, sólo pueden venir de la introducción o reforzamiento de los elementos retardatarios que todo sistema democrático incorpora. Tales elementos no son sino las instituciones reflexivas [ 36 ] , es decir, aquellas instituciones excéntricas al proceso de toma de decisiones cuya función es precisamente la de incorporar a éste reflexión experta y deliberación mediada por la competencia técnica y la imparcialidad. Estas instituciones, que van desde los consejos reguladores, asesores o de regulación técnica en ámbitos concretos y sectoriales hasta los organismos de representación de intereses económicos y sociales, incluidos desde luego los tribunales constitucionales, desempeñan una función reflexiva y deliberativa que es esencial en todo sistema democrático, por mucho que en ocasiones susciten la crítica de quienes privilegian la pura expresión de la voluntad popular. Incorporan al proceso ese momento de reflexión (boulesis) y depuración de opiniones que es tan relevante para la buena práctica democrática como el respeto al momento de la voluntad.  Pues bien, las instituciones de la reflexión deberían actuar no sólo como instancias de deliberación, sino también como instrumentos provocadores del retraso o ralentización del proceso político, de forma que permitieran escapar al punto ciego de la sincronía imposible entre el cambio social y la decisión política.

Parece en este sentido que las voces que últimamente reclaman, una vez más en la historia, la participación ciudadana en el proceso político, la deliberación pública, los procesos consultivos referendatarios y similares instrumentos de «más democracia», todas ellas debieran ser redirigidas hacia la zona del sistema más institucional y menos directa. La participación directa de los ciudadanos en el proceso, el referéndum popular o los procesos de toma de decisiones colectivas, no harían sino incrementar los defectos del sistema, es decir, exponer más aún el proceso político a la aceleración que aquí se constata y denuncia. Y debe buscarse lo contrario. Por ello, sin mengua de aprovechar lo que estas peticiones poseen de valioso, deberían orientarse hacia la formación de instituciones en las que la participación ciudadana o la deliberación de problemas funcionaran como instancias de ralentización. Porque al igual que la mejora de la democracia mediocre que tenemos no exige «decidir más gente más cosas», sino «decidir mejor», la corrección de los defectos de ritmo temporal no exige que se incorporen más corredores al sistema, sino que se construyan más y mejores esclusas o represas institucionales para ralentizar un ritmo de fluencia tan acelerado que está dañando nuestras democracias. En este sentido, la demanda de participación ciudadana estará mejor orientada si se canaliza hacia instituciones del tipo de «jurados», «minipopuli», «academias», «foros de reflexión» y similares que si se intenta llevar a cabo a través de procesos de puesta a votación directa de temas sensibles.