Las democracias aceleradas

Además, hay otra consecuencia relevante de la transmisión inmediata de la opinión popular en las sociedades aceleradas: la fragmentación del espacio público. Lo que llega a los medios y a los gobiernos a través de los contrapoderes de la opinión son casi siempre posiciones sectoriales o de grupos. Son opiniones de los conjuntos inconexos y casuales de los ciudadanos que se sienten afectados por un determinado hecho, cambio o catástrofe. Y es que la sociedad ha dejado de dividirse en grandes clases homogéneas y se presenta cada vez más como la suma de muchas minorías de afectados o perjudicados, de composición fluida e inestable. No hay una mayoría social (una «generalidad »), sino un conjunto de minorías diversas, borrosas y fluctuantes  muchas «particularidades»), cuyas voces y peticiones son lo que reciben los gobiernos en forma de demandas/temores inconexas y contradictorias, imposibles de agrupar en un proyecto político razonablemente común. Esta fragmentación del espacio público común como consecuencia de la aceleración de la dinámica del cambio en las sociedades industriales fue ya diagnosticada por J. Dewey [ 30 ] , que señaló que ante la aceleración del cambio «cada uno se pone a multiplicar el número de pequeños espacios públicos». De ahí que la democracia acelerada se parezca a un sistema de gobierno muy reactivo que va poniendo parches en conflictos puntuales sin tener tiempo para pararse a construir un modelo coherente de política global. Es la desestructuración del espacio común de la política y su sustitución por una serie de listas de damnificados o protestantes a los que cuidar.

A esta propensión hacia la conversión de la política en una atención particularizada a los grupos de damnificados por el cambio se añade el tipo de política de la proximidad que se ha impuesto en las actuales democracias. Lo que se valora del político en ellas no es tanto su propuesta política global (futura) como el que sea sensible a los problemas cotidianos de sus conciudadanos, que se muestre empático, que actúe con «care» (siempre que sea capaz de hacer creíble la sinceridad de su preocupación). De forma que las cualidades de la proximidad (sin duda positivas en principio para las buenas praxis democráticas) pueden producir una realimentación de la aceleración. Y al final, la instantaneidad y la proximidad del gobernante pueden llegar a generar efectos impolíticos, es decir, contrarios a la buena democracia. Porque ésta reclama también reflexión y lejanía; tanto como imparcialidad y generalidad. El efecto de una atención excesiva a lo inmediato no es sólo la pérdida de la necesaria separación entre gobernante y gobernado, sino, sobre todo, el daño irreparable que se causa a otros valores esenciales del sistema democrático, como la imparcialidad de las instituciones y la neutralidad de las políticas. Y es que, inevitablemente, la política de la proximidad al damnificado (a la «víctima») genera medidas de compensación que son forzosamente selectivas y, por ello, discriminadoras e inequitativas. Aunque sólo sea porque la definición de quién es (o no es) víctima depende grandemente de los medios y de la capacidad de llamar la atención del grupo correspondiente. En pocas ocasiones es tan verdad lo de «esse est percipi» como en este caso: ser víctima es ser percibido como tal. En nuestro país tenemos ejemplos sobrados de ello.

Como vemos, el input de aceleración política que estamos describiendo provoca unos efectos determinados en el sistema democrático y, más concretamente, en la forma que adopta la gobernación pública. Atención obsesiva a una opinión pública omnipresente, desestructuración del espacio público, conversión de la generalidad en múltiples minorías, proximidad como valor relevante. Lo que en realidad sucede es que la política intenta sincronizarse con un ritmo social frenético, en lugar de intentar encauzarlo [ 31 ] .

Pero es que, además, los gobernantes experimentan ellos también la misma sensación de inseguridad y riesgo que el resto de la sociedad. Lo que sucede es que, como hasta cierto punto es lógico, la traducen a sus propios parámetros de actuación desde la perspectiva de sus particulares intereses. En concreto, el político gobernante que no posee ya un proyecto global que le oriente ante situaciones rápidamente cambiantes, por un lado, y que por otro es consciente de que el juicio de la opinión pública está siempre acechando su fracaso, adopta una forma peculiar de hacer política. Ante una situación tan borrosa y peligrosa, el gobernante cree controlar el riesgo practicando un tipo de política que pudiéramos definir como política defensiva, si entendemos este apelativo en la misma manera en que se emplea para caracterizar la práctica profesional médica actual. Es decir, tiende a sobrevalorar la necesidad de protección ante futuras demandas de responsabilidad por los fracasos, muy por encima de la eficacia y el juicio profesional del propio interviniente: se actúa ya ahora protegiéndose del después, lo cual no colabora desde luego a lograr una buena práctica, ahogada como queda por un mar de cautelas y precauciones. La política proactiva queda excluida, pues no parece existir manera de acrecentar el bienestar social de año en año, lo que queda es compensar a los más damnificados por el cambio. La política del Estado de bienestar ante un cambio técnico, social y económico acelerado prefiere esperar a que los hechos la constriñan a actuar, de manera que se convierte en una práctica adaptativa y tardía a las consecuencias indeseadas del cambio [ 32 ] . La política alardea, eso sí, de tener como valores supremos el cambio y la movilidad (el de inmovilista es hoy el insulto supremo, equivalente al antiguo de reaccionario o troglodita); pero es un cambio ciego que se limita a seguir dócilmente las exigencias de la contingencia.