Todo por el pueblo. El déficit de individualismo en la cultura política española

La élites periféricas, por último, empezando por las catalanas, se zafaron del dilema racial descubriendo, alrededor del 98, que no eran españolas. Hicieron también populismo, pero ya no en relación con el pueblo español sino con el catalán o el vasco. De ahí que fuera tan fácil la conversión al regionalismo fuerista, y más tarde al nacionalismo, de muchos antiguos carlistas, o defensores de derechos divinos del rey y la Iglesia. Porque el punto de partida no eran las libertades individuales sino los derechos de la colectividad; encarnara ésta en instituciones históricas o en rasgos raciales, pues no sólo Arana sino también Prat de la Riba denostaba a los españoles como bereberes, frente a los vascos o catalanes, que se suponían europeos o arios. Con el correr de las décadas, estos nacionalismos se alejarían de aquellos orígenes y asumirían unos planteamientos democráticos, y hasta revolucionarios; su oposición al franquismo les otorgaría el definitivo marchamo de modernidad. Pero, en general, han seguido proclives a creer que los derechos de la colectividad eran tan prioritarios que podían reclamarse incluso de forma no cívica -esto es, pisoteando algún que otro derecho individual.

Lo colectivo, en resumen, bajo el nombre de pueblo, raza, clase o nación (y ésta, española, vasca o catalana) ha servido de referencia básica para los diferentes programas políticos. Salvando algunas excepciones, como el federalismo pactista de un Pi y Margall, los planteamientos en términos de derechos y libertades individuales brillan por su ausencia; e incluso de los federales debemos recordar que, junto a los pactistas, siempre los hubo orgánicos; y que su popularidad se debió mucho más a su defensa de identidades colectivas, como las cantonales, que pretendían fragmentar el Estado- nación heredado, que a la de las libertades individuales.

Puede, por tanto, que la democracia orgánica que decían defender los ideólogos del Movimiento fuese algo más que un término hueco. Cabe imaginar franquistas que creyeran honradamente en límites al poder derivados de los derechos de los organismos sociales (no de las libertades individuales, pecado liberal); para empezar, los de la Santa Madre Iglesia, en cuyo terreno ni Franco -totalitario mitigado, en este punto- podía meterse.

No entraré en el tema, demasiado complejo, de la transición posfranquista. Me referiré sólo a uno de sus aspectos: el carácter ambiguo de la identidad a la que se atribuyó la soberanía en el edificio democrático entonces construido. Aquella reivindicación tan generalizada en el tardofranquismo de las "libertades democráticas" incluía, desde luego, el reconocimiento de los derechos políticos y civiles de los individuos, pero también -y en lugar muy prominente- los derechos de entes colectivos, especialmente por parte de los nacionalistas periféricos. De ahí que al redactarse la Constitución se debatiera tanto sobre si la recién recuperada soberanía residía en la indisoluble y sacrosanta nación española o en las no menos intocables nacionalidades que competían con ella. La existencia de unas comunidades dotadas de continuidad histórica y rasgos culturales objetivos sobre los que se cimentaban unas exigencias perennes pareció indiscutible a los diversos partidos y grupos políticos del momento; en lo que hubo desacuerdo fue en la identidad de tales comunidades. Lo que no parece que a nadie se le ocurriera fue atribuir la soberanía a los ciudadanos. Porque nadie, o casi nadie, había sido educado en las ideas de Locke, Stuart Mill o Tocqueville; casi nadie creía que el primer principio político debía ser la afirmación de una esfera privada de acción en la que los individuos tienen todo el derecho a obrar con plena libertad, incluso si al hacerlo se equivocan o se comportan de forma absurda -en opinión de los demás-; lo cual, para colmo, es beneficioso para el conjunto social. Las reivindicaciones grupales, en cambio, resultaban asequibles para todos; e incluso habían adquirido un toque de modernidad con su formulación en términos de "identidad colectiva" y "memoria heredada". Eran, por supuesto, muy convenientes para los intereses de las élites locales. Y, sobre todo, tranquilizaban respecto de los efectos disolventes del individuo como mónada moral; de ahí que se sumaran con tanto ardor a esta reivindicación de los "derechos colectivos" los obispos, a quienes había costado dos siglos aceptar los derechos individuales (y, cuando lo habían hecho, los habían llamado "derechos de la persona humana"; como si hubiera personas no humanas; el caso era no mencionar al individuo, referencia satánica y disolvente).

El resto del público, acostumbrado como estaba desde hacía siglos a este mensaje político,lo aceptó como algo natural. Pero hoy paga en su vida diaria los inconvenientes de este planteamiento. Porque la sociedad española ha cambiado mucho en los últimos cincuenta años. No sólo ha experimentado un crecimiento económico espectacular, ha consolidado un sistema democrático y ha conseguido una aceptable presencia en el escenario internacional, sino que ha modernizado radicalmente (para bien y para mal) sus hábitos, es decir, que se ha secularizado, hay un individualismo creciente y los ciudadanos están preocupados sobre todo por su bienestar privado. Se vive mejor que nunca, e incluso se disfruta de un considerable prestigio exterior, que uno detecta cuando en reuniones académicas o políticas se menciona el "modelo español" de la modernización y la transición a la democracia como paradigma de éxito. A la vez, sin embargo, en el foro político interior sigue percibiéndose una veta de malestar, una sensación de fracaso; se publican con gran éxito análisis del pasado reciente dominados por la nostalgia rupturista, denuncias del "fraude" de la transición. Aunque los españoles dedican su esfuerzo diario a su bienestar personal y familiar, que con frecuencia sufre no poco por culpa de tanta lucha tribal y tanto agravio enquistado, no pueden expresarlo ni defenderse porque no poseen un discurso político que refleje estas exigencias. Continúan así en las redes de tanto clérigo disfrazado de vindicador colectivo, en especial nacionalista, pero también sindical o corporativo, que considera the pursuit of apiñes individual y terrena un valor moral ilegítimo y sigue pregonando, a cambio, un discurso colectivista, redentorista y autoritario.

En definitiva, a lo largo de todo el proceso aparece como una constante el peso de la escolástica medieval y el escaso impacto del individualismo y el racionalismo liberal moderno (y espero que se sepa disculpar, en aras del esfuerzo de síntesis, la simplificación que supone meter en un mismo saco un pensamiento tan complejo y diverso como el liberal). Los conflictos siguen planteándose entre realidades colectivas metafísicas, ultraterrenas, reencarnación de los antiguos collegia o del populus Dei; y, como estos entes presentan exigencias absolutas (los derechos irrenunciables de las nacionalidades, por ejemplo, frente a la unidad indisoluble de la España eterna), la solución es imposible. Sólo cabrán arreglos realistas el día que se atribuya la soberanía al conjunto de los ciudadanos y se negocien cuotas de bienestar entre individuos libres que defienden sus intereses. Ese día, además, el discurso político se adecuará al carácter moderno de la sociedad española actual.

[Este artículo fue presentado como ponencia en el congreso de ‘‘Historia de los conceptos'', dirigido por Javier Fernández Sebastián, en la Universidad del País Vasco, del 30 de junio a 2 de julio de 2003].

José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense. Autor de El Emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista y de Mater Dolorosa: La idea de España en el siglo XIX .