La vertiente propositiva de esta tercera etapa del Gobierno español se ha centrado en el impulso del estatuto avanzado UE-Marruecos. Este país magrebí, satisfecho con la diferenciación que propone la PEV, es el país del Mediterráneo que más ha progresado en la implementación del plan de acción y, en varias ocasiones, ha mostrado la voluntad de ir más allá de la asociación actual mediante un nuevo marco jurídico e institucional. Como afirmaba el ministro Moratinos ante la Comisión Mixta para la Unión Europea en mayo de 2007, "España defiende que la política de vecindad sea más que una suma de instrumentos para responder a la idea de un verdadero espacio común compartido; nuestros vecinos deben percibir que disponen de un estatuto especial en su relación con la Unión Europea con ventajas y compromisos mutuos"
[ 17 ] . De este modo, España integra, junto con Francia e Italia, la célula de reflexión y negociación inicial para precisar el contenido del estatuto avanzado de Marruecos en sus relaciones con la Unión Europea
[ 18 ] . La iniciativa, en proceso de definición, se acerca a la idea de Romano Prodi de "
everything but institutions " ya que sus objetivos se centrarían en, además de apoyar las reformas políticas de democratización y modernización marroquíes
[ 19 ] , aumentar la cooperación económico-financiera (acceso de los bienes y servicios al mercado europeo, liberalización de los intercambios agrícolas, liberalización de los servicios), negociar de la mejor manera posible la transferencia del acervo comunitario, armonizar las políticas comunes (competencia, fiscalidad, moneda) e integrar a Marruecos en los programas, redes y agencias comunitarias
[ 20 ] . Como sintetiza el profesor Larbi Jaidi, "el concepto de estatuto avanzado propone más que una vecindad, pero menos que una adhesión" (Jaidi, 2007).
En suma, la evolución de la posición española ante los avances de la Política Europea de Vecindad se explica de forma analítica a través del modelo de adaptación nacional o europeización top-down . Esto es, el Gobierno de turno, en la medida de lo posible, ha intentado asegurar los intereses españoles en las nuevas dinámicas de la UE hacia su vecindad. Ante una PEV liderada por la Comisión Europea y muy orientada a los vecinos orientales, las prioridades de los gobiernos españoles se han centrado en promover la inclusión de los países mediterráneos y en hacer compatible el marco multilateral del Proceso de Barcelona con la vertiente más bilateral de la PEV. Dicho de forma un tanto informal, la evolución española hacia la PEV queda muy bien recogida con aquello de "hacer de la necesidad, virtud".
LA ACTUAL POSICIÓN ESPAÑOLA Y ESCENARIOS DE FUTURO
A día de hoy, la política mediterránea de España está plenamente europeizada. España defiende la complementariedad de los dos marcos de relación con los países vecinos del Mediterráneo. Por un lado, la Política Europea de Vecindad significa para España un refuerzo de las relaciones bilaterales de la UE con los vecinos, tanto mediterráneos como orientales a través del principio de diferenciación. Así, entiende que los países de la Europa del Este necesiten una atención preferente por parte de la UE, de la misma manera que reclama que los países mediterráneos sean igualmente prioritarios para el resto de Estados Miembros. Alberto Navarro reconocía que la PEV puede restar relevancia e importancia a las relaciones de los países mediterráneos con la UE ya que "pasan de ser socios del Proceso de Barcelona a vecinos"
[ 21 ] , es decir, de sujetos del Proceso de Barcelona a objetos de la PEV. Por este motivo, tanto la Unión Europea, en general, como España, en particular, están trabajando para dar más contenido a esta política a través de propuestas como el estatuto avanzado para las relaciones de la UE con los países más activos en la PEV.
Por otro lado, España sigue apostando por el Proceso de Barcelona y que este no sea un mero foro de diálogo político sino como un marco en el que puedan desarrollarse distintas iniciativas de cooperación (educación, medio ambiente, justicia e interior, etc.). No obstante, en el año 2007 este proceso se ha visto amenazado por la propuesta francesa de "Unión Mediterránea", en la que participarían únicamente los países ribereños y que debería superar la supuesta parálisis a la que está sometido el marco euromediterráneo
[ 22 ] . España ha saludado el renovado interés de Francia por el Mediterráneo, sin embargo, no está dispuesta a sacrificar el Proceso de Barcelona. Es por ello que la diplomacia española está intentando aplicar algunas de las propuestas francesas al marco euromediterráneo ya existente. El ministro Moratinos lo expresaba así en las páginas de
El País : "Ha llegado el momento de poner punto final a este proceso y de construir un verdadero espacio geopolítico mediante el establecimiento de la Unión Euromediterránea. A través de ella, la Unión Europea podrá de verdad vertebrar su nueva vecindad con los países mediterráneos"
[ 23 ] . Esta propuesta busca dotar de arquitectura institucional al marco euromediterráneo, es decir, crear un Consejo Euromediterráneo formado por los jefes de Estado y de Gobierno, potenciar la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y encargar a una Comisión las responsabilidades de orden socioeconómico
[ 24 ] . La aproximación española, a diferencia de la francesa, en la que observamos una tendencia a la renacionalización de su política mediterránea, apuesta por la centralidad de la UE en los marcos de cooperación con los vecinos del sur.
La defensa del Partenariado frente a nuevas iniciativas y su compatibilidad con la PEV es la posición oficial de España y, además, cuenta con una considerable unanimidad entre la clase política y la diplomacia española. Sin embargo, pueden observarse algunos matices dentro del propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En primer lugar, se observan diferencias entre los sectores técnicos y los sectores políticos del Ministerio. Las preocupaciones de cada uno son distintas y ello ha marcado su aproximación a la PEV. Desde una perspectiva política el temor era, sobre todo, que al eclipsar el Partenariado Euromediterráneo, España perdiera liderazgo en la UE y en el Mediterráneo. En cambio, desde una perspectiva técnica la principal inquietud radica en conseguir que los instrumentos de la PEV, y en concreto su instrumento financiero, favorezcan los intereses españoles en la región. En segundo lugar, constatamos también ciertas diferencias entre los sectores mediterraneístas y los europeístas del Ministerio. Mientras que para los primeros el Partenariado Euromediterráneo era una pieza fundamental en la proyección de España en la UE, para los segundos el Proceso de Barcelona es una pieza más del amplio abanico de cuestiones que configuran la política europea de España. Finalmente, existe una fractura generacional entre aquellos que estuvieron implicados en la gestación del Proceso de Barcelona y aquellos que han llegado a puestos de responsabilidad con el Partenariado ya en marcha. Los primeros han visto con mayor desconfianza los efectos que pudiera tener la PEV para la supervivencia del Proceso de Barcelona.
