En lo que respecta a la ampliación de 2007, España se significó como uno de los principales valedores de las candidaturas búlgara y rumana. La entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, afirmaba en 2002 que "la ampliación no debe traducirse en un desplazamiento al norte y este de su centro de gravedad. El equilibrio geográfico es imprescindible y para su preservación los europeos hemos de procurar que Bulgaria y Rumania, así como en su momento Turquía, se encuentren lo antes posible en condiciones de entrar"
[ 7 ] . El apoyo español se fundamentaba en la esperanza de que Bulgaria y Rumanía se sumasen a un todavía embrionario eje mediterráneo en el seno de la Unión. La actitud española ante estas ampliaciones (bajo perfil inicial, implanteable veto español, búsqueda de cierto reequilibrio entre la prioridad oriental y meridional de la UE) vuelve a reproducirse al abordar la Política Europea de Vecindad. Podemos observar que se ha producido una interesante evolución en la actitud de España ante la PEV. Cuando empezó a plantearse, España mantuvo un bajo perfil aunque sí que se destacó en la defensa de la inclusión de los vecinos mediterráneos en este nuevo marco. A esta etapa le siguió un período de mayor escepticismo, caracterizado por el temor de que la PEV pudiera sustituir al Proceso de Barcelona. Finalmente, observamos una lenta pero decidida adaptación del discurso y de la práctica de la política exterior española, integrando la lógica de la PEV e intentando maximizar los beneficios que pueda aportar a los intereses españoles.
La primera etapa corresponde a los dos últimos años de Gobierno del Partido Popular, es decir, con Ana Palacio como titular del Ministerio de Asuntos Exteriores. A diferencia de lo que sucedió en los años noventa con el nacimiento del Proceso de Barcelona, España tuvo un papel escaso o nulo en las primeras formulaciones de lo que acabaría siendo la PEV
[ 8 ] . La diplomacia española tuvo, eso sí, un papel reactivo, centrado en dos direcciones. Por un lado, España apostó, junto con Italia y la Comisión Europea, por incluir dentro de este nuevo marco a los países mediterráneos. El interés de esta inclusión de los países mediterráneos se explica, en palabras de la propia ministra Palacio, por la voluntad de "situar a los socios mediterráneos en pie de igualdad con los países de la Europa del Este, lo que garantiza que la UE continúe prestando al Mediterráneo la atención y la prioridad que se merece"
[ 9 ] . Aunque verbalizada por la propia ministra, la preocupación por los efectos que esta nueva política pudiera tener para la política mediterránea de la UE (y muy especialmente para su dimensión financiera) provenía de sectores técnicos del cuerpo diplomático
[ 10 ] . Por otro lado, la segunda prioridad que defendieron el Gobierno y la diplomacia española fue que esta nueva política se basase en el principio de la diferenciación. España apoyó que la PEV se estructurase sobre la base de planes de acción adaptados a las necesidades y realidades de cada país socio y que detallaran los objetivos estratégicos que esta política debería perseguir en áreas sectoriales específicas. En cualquier caso, tanto en relación con la inclusión de los países mediterráneos en esta política, como con la primacía del principio de diferenciación, España siguió actuando de forma reactiva, apoyando las ideas de otros estados (Italia) o instituciones (Comisión Europea) que eran más acordes con sus propios intereses pero sin formular contribuciones propias.
La segunda etapa, caracterizada por un mayor escepticismo respecto a la PEV y una defensa a ultranza del marco euromediterráneo, corresponde a los dos primeros años del Gobierno del Partido Socialista. Esta desconfianza se desarrolla en paralelo a los primeros pasos hacia la implementación de la PEV. Es decir, con la publicación de la comunicación de la Comisión Europea
[ 11 ] y de los primeros informes por países y planes de acción. En aquel momento, se generaliza la percepción de que la PEV y la política exterior europea en general centran su atención en los retos provenientes de la Europa del Este. El ministro Moratinos, en comparecencia parlamentaria, afirmaba incluso que España velaría para evitar que "la política de nuevos vecinos se convierta en una preadhesión encubierta por los países del Este, consagrando así una discriminación entre regiones"
[ 12 ] . Esta afirmación debe entenderse en el contexto de efervescencia política en Ucrania (Revolución Naranja) en el que distintos actores europeos (Parlamento Europeo y Polonia, especialmente) se afanaban a reconocer la vocación europea de dicho país. Sin embargo, el hecho de que el país mediterráneo que mayor entusiasmo mostrara hacia la PEV fuera el Reino de Marruecos, favoreció un replanteamiento de la desconfianza inicial de España
[ 13 ] . En plena recuperación de unas relaciones bilaterales terriblemente dañadas desde el año 2001 y con el Gobierno de Rabat cómodo con el concepto de diferenciación de la PEV, empezó a verse esta política como una buena oportunidad para mejorar las relaciones bilaterales entre Marruecos y la UE y, de paso, las relaciones hispano-marroquíes. Aun aceptando la posible contribución de la PEV en el ámbito bilateral, el Gobierno español se esforzó, como hemos visto, en relanzar y dar mayor visibilidad al Proceso de Barcelona, especialmente en su ámbito multilateral. Fue en este proyecto y no en la PEV donde centró sus esfuerzos políticos y diplomáticos.
La tercera y última etapa estudiada corresponde a la segunda mitad de la octava legislatura. Esta etapa se caracteriza por un mayor activismo de España en el marco de la PEV. Esta readaptación, que observamos en el discurso y en acciones concretas, se deriva de la constatación de que ya es una política irreversible y que, por consiguiente, lo que tiene que hacerse es intentar evitar que su desarrollo sea contradictorio con los intereses de España y, si es posible, optimizar sus resultados. El activismo de España durante este período ha tenido una vertiente reactiva y otra más propositiva. La primera corresponde, sobre todo, a una mayor implicación en la negociación del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) para que este fuera acorde con los intereses de España. En el marco de unas largas negociaciones, el Gobierno se situó entre quienes defendían las virtudes de lo que se conoce como
modelo regata de obtención de fondos. En otras palabras, un modelo en el que los distintos países vecinos competirían en pie de igualdad por la totalidad de los recursos y que, por tanto, aquel que presenta una mejor propuesta, o tiene mayor capacidad de gestión, obtiene una proporción mayor de los recursos
[ 14 ] . Asimismo, el Gobierno intervino para que más regiones españolas pudieran beneficiarse de los programas de cooperación transfronteriza previstos en este instrumento
[ 15 ] , para asegurarse de que en una primera etapa los países mediterráneos no vieran disminuidos los recursos que recibían con los fondos MEDA y para, finalmente, reforzar los programas bilaterales
[ 16 ] .
