La política mediterránea de España: entre el Proceso de Barcelona y la Política Europea de vecindad

Bajo gobiernos tanto del PP como del PSOE tuvieron lugar en España dos acontecimientos que permitieron reafirmar el compromiso del Gobierno y de la diplomacia española con el Proceso de Barcelona. El primero tuvo lugar en el año 2002, bajo presidencia de turno española. Uno de los principales retos del ejecutivo de José María Aznar fue conseguir un éxito en la conferencia euromediterránea de Valencia en abril de ese año. No era nada fácil, ya que la conferencia se celebró en un momento dramático debido a la espiral de violencia en que había entrado el conflicto israelo-palestino y por la tensión causada al empezarse a conocer los planes anglo-estadounidenses de invadir Irak. Sin embargo, la presidencia abordó la conferencia de Valencia como una de las actividades más importantes del semestre y la diplomacia española puso una determinación considerable en relanzar un proceso sumido en el pesimismo. En esta conferencia se pudo acordar un Plan de Acción que, entre otros elementos, sugirió la creación de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) y de una Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre las Civilizaciones (embrión de la Fundación Anna Lindh). Tomando en consideración el contexto adverso y comparando los resultados de la conferencia de Valencia con conferencias anteriores, podemos decir que la imagen de España como país comprometido con el proceso euromediterráneo se reforzó. A ello contribuyó la voluntad política del ejecutivo popular pero, sobre todo, el esfuerzo del personal diplomático (Soler i Lecha y Weltner-Puig, 2002).

El segundo acontecimiento, que tuvo lugar durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue la celebración de la cumbre euromediterránea extraordinaria en Barcelona en el año 2005. De hecho, la celebración de esta cumbre era un compromiso del Partido Socialista que se había recogido en el programa electoral de este partido para las elecciones de 2004 (Barbé y Soler i Lecha, 2005). Para hacerlo realidad, durante la segunda mitad de 2004, los diplomáticos españoles tuvieron que persuadir a sus homónimos europeos y mediterráneos para que apoyaran la propuesta española de acoger esta cumbre euromediterránea. Era especialmente necesario convencer a los países europeos y, sobre todo, a sus colegas británicos ya que este país ocuparía la presidencia en el momento en que se quería celebrar la Cumbre de Barcelona. Estos esfuerzos dieron sus frutos en la reunión ministerial euromediterránea de La Haya de 2004 en la que se aprobó la celebración de la cumbre y se declaró el año 2005 como el Año del Mediterráneo [ 5 ] .

El Gobierno español esperaba que la cumbre permitiera dar un nuevo impulso al PEM. Asimismo, Zapatero buscaba un éxito visible e indiscutible para silenciar las críticas de la oposición conservadora sobre su política exterior. En este sentido, el Gobierno quería conseguir una imagen de unidad de todos (o de la inmensa mayoría) de los jefes de Estado de los entonces 35 socios. Ello daría mayor visibilidad al PEM y sería un buen ejemplo de la influencia española en la política mediterránea de la UE. Se esperaba conseguir también como resultado un documento sólido, adoptado por todos los socios, que evidenciase el compromiso con el mantenimiento del PEM.

Al hacer balance de los resultados de la cumbre, situaríamos entre los aspectos positivos el hecho de que los jefes de Estado y de Gobierno de casi todos los países de la UE acudieran a la reunión [ 6 ] . Igualmente positivo fue la adopción del programa de trabajo que abría nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos especialmente prometedores como el educativo, el judicial y de asuntos de interior. Por el contrario, cabe lamentar que casi todos los socios mediterráneos meridionales enviasen a representantes de segunda fila (con la excepción de Turquía y la Autoridad Nacional Palestina) y ello contribuyó a que los resultados de Barcelona no obtuvieran la visibilidad deseada. Tras la celebración de la cumbre, se extendió un sentimiento de frustración entre la mayoría de los observadores, quizás porque las expectativas que habían generado eran exageradas. Sin embargo, desde círculos políticos y diplomáticos españoles se continuó defendiendo tanto los resultados de la cumbre como la necesidad de seguir profundizando en la cooperación en el marco euromediterráneo. Principalmente, con la vista puesta en el hecho de que otros actores pudieran estar tentados de sustituir el Proceso de Barcelona en el marco de la Política Europea de Vecindad.

La extraordinaria implicación de España en la política mediterránea de la UE y la defensa de su buque insignia, el Proceso de Barcelona, se explica por diversos motivos. En primer lugar, porque el ámbito euromediterráneo, a diferencia de otras prioridades geográficas de la UE o de una perspectiva ampliada hacia el Gran Oriente Medio, es un ámbito en el que España puede ejercer liderazgo e influir decisivamente en las decisiones que se toman. En segundo lugar, porque está arraigada la convicción de que esta iniciativa no sólo es positiva para los intereses españoles, sino también para los intereses europeos, mediterráneos e incluso globales. En tercer y último lugar, porque no debemos olvidar que aunque hayan pasado más de 12 años, algunos de los máximos responsables en la política y la diplomacia española actual tuvieron una especial implicación en el lanzamiento del Proceso de Barcelona en 1995. Por consiguiente, podríamos considerar que les une un cierto lazo afectivo con este proceso y que no están dispuestos a asumir un fracaso que equivaldría a reconocer que los esfuerzos realizados han sido en vano.

Como decíamos al inicio, la implicación (o paternidad) de España en el lanzamiento y desarrollo del Proceso de Barcelona supone un magnífico ejemplo de europeización bottom-up. En otras palabras, un proceso en el que las prioridades y preocupaciones de la política exterior española han sido asumidas por el conjunto de los Estados Miembros e instituciones comunitarias.

ESPAÑA Y LA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD: HACER DE LA NECESIDAD, VIRTUD

Como hemos señalado anteriormente, el nacimiento de la PEV está íntimamente ligado a la ampliación de la UE hacia el centro y este de Europa. Por ello, la actitud de España ante la PEV viene marcada por su posición hacia las ampliaciones de 2004 y 2007. El apoyo español a la adhesión, en 2004, de ocho países de Europa Central y Oriental, además de Chipre y Malta, fue constante pero discreto, a pesar de que, a priori, España no debía salir beneficiada económicamente sino más bien todo lo contrario. Distintos factores subyacen tras el apoyo español a la ampliación. Por un lado, Anna Herranz (2004) y Sonia Piedrafita (2005) han subrayado que los ejecutivos españoles justificaron su apoyo a la ampliación tanto por intereses estratégicos como comerciales. Otros autores, como Helen Sjursen (2002) y Carlos Closa y Paul Heywood (2004), han destacado también la existencia de un compromiso moral. Así, los políticos españoles no hubieran creído justo negar a los países del Este aquello que a España ha beneficiado de forma tan contundente. Finalmente, deben considerarse las consecuencias que un veto español (o la amenaza del mismo) habrían tenido para la imagen y los intereses españoles en la construcción europea. De todos modos, como explica Sonia Piedrafita (2005), la actitud española debe calificarse como un "sí... pero", puesto que en algunas ocasiones intentó conseguir compensaciones a cambio de su apoyo (política de cohesión o refuerzo de la política mediterránea de la UE). En concreto, España intentó que la UE reequilibrara sus prioridades estratégicas, reforzando la dimensión mediterránea en un momento en que la política hacia el centro y este de Europa se afianzaba como la principal preocupación de la Unión (Barbé, 1998b).