Nuevos retos para Europa: migración, seguridad y derechos de ciudadanía

Tras la relativa repercusión del debate sobre ciudadanía multicultural y las políticas multiculturales desarrolladas en la década de los noventa en Europa, asistimos ahora a una reorientación del debate. Esta crisis del multiculturalismo se produce en un momento en que los atentados del 11-S y sus consecuencias han acentuado la preocupación por la seguridad. El recrudecimiento del terrorismo internacional ha llevado a conceder a la seguridad cada vez más importancia en las políticas migratorias. Este artículo analiza de una manera crítica el aumento de la preocupación por la seguridad en Europa atendiendo a tres aspectos que, en opinión de la autora, guardan relación entre sí: la preponderancia general de la seguridad en el tratamiento de la inmigración, la preponderancia de la seguridad en Europa y la reticencia de los países de la UE a conceder a los nacionales de terceros países que llevan viviendo durante mucho tiempo en sus territorios la condición de "ciudadanía cívica" -llamada "larga residencia" en la directiva correspondiente-, que supondría el reconocimiento de un importante conjunto de derechos, comparables a los de los ciudadanos de la UE. El artículo pone de relieve cómo se construye mediante el discurso la relación entre terrorismo, inmigración y seguridad, y sostiene que prestar demasiada atención a la seguridad e insuficiente a los derechos resulta perjudicial para las democracias europeas.

Tras la relativa importancia de los debates teóricos sobre ciudadanía multicultural y los desarrollos de la política multicultural en los años noventa en Europa, actualmente asistimos a un cambio de orientación. Los gobiernos de varios países de acogida de larga tradición, como los Países Bajos, Gran Bretaña o Francia, se inclinan por adoptar enfoques asimilacionistas para contrarrestar lo que juzgan como un (relativo) fracaso de sus anteriores políticas multiculturales. Para los nuevos países de acogida, como Grecia o Italia, y los "antiguos" países de acogida que no se consideran como tal, como Alemania, todavía es más difícil adoptar un enfoque multicultural, aunque las élites políticas reconozcan la necesidad de integrar a los inmigrantes.

Esta crisis del multiculturalismo se produce en un momento en que ha aumentado la concienciación sobre la seguridad debido a los acontecimientos del 11-S y a sus secuelas. El resurgimiento del terrorismo internacional ha conducido a una cada vez mayor segurización de las agendas de migración. A pesar de que los presuntos terroristas aparentemente se encuentran entre los inmigrantes legales de clase media, cultos - los inmigrantes "buenos" por los que las sociedades occidentales han estado compitiendo en la última década- el argumento del terrorismo se utiliza ahora en los debates políticos para justificar unos controles más duros sobre la inmigración en general. Dichos controles infringen, en nombre de la seguridad, los derechos individuales básicos de los ciudadanos de la UE y también de los nacionales de terceros países. Sin embargo, no hay pruebas de que los inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente las fronteras de los Estados miembros de la UE y que trabajan en sus economías sumergidas, que poco a poco se establecen e incluso llegan a regularizar su situación, se encuentren entre los sospechosos de ataques terroristas tan sofisticados como el del 11-S.

Este clima de gran concienciación sobre la seguridad va acompañado de la reticencia general de los gobiernos de la UE a conceder más derechos de residencia a sus residentes de larga duración procedentes de países no europeos. A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea para promover algún tipo de "estatuto de ciudadanía cívica" para nacionales de terceros países que son residentes de larga duración en los Estados miembros, las negociaciones de los Estados miembros han cambiado sustancialmente la esencia de la directiva sobre el "estatuto de los residentes de larga duración", y han adoptado un texto mucho menos ambicioso. A continuación analizaré los temas mencionados más arriba y sostendré que prestar demasiada atención a la seguridad y demasiado poca a los derechos es perjudicial para el estado de las democracias europeas.

Como ideal político, el multiculturalismo significa "igualdad de oportunidades acompañada de diversidad cultural, en una atmósfera de tolerancia mutua". En general, el multiculturalismo se define en términos de aceptación pública de los inmigrantes y los grupos minoritarios como comunidades distintas, que se diferencian de la mayoría en lo que respecta a la lengua, la cultura y costumbres sociales, y que tienen sus propias asociaciones e infraestructuras sociales (Comisión Europea, 2003). El multiculturalismo implica que se deben garantizar a los miembros de estos grupos los mismos derechos en todas las esferas de la sociedad, sin esperar que abandonen su diversidad, aunque normalmente se espera que se amolden a determinados valores clave. Esta combinación de reconocimiento de la diferencia cultural y de medidas para garantizar la igualdad social es la característica esencial del multiculturalismo. Es importante percibir a los inmigrantes como participantes activos en el proceso de consolidación del multiculturalismo.

En algunos países europeos, como Suecia, los Países Bajos y Reino Unido, desde los años setenta se han desarrollado debates y se han establecido medidas sobre el multiculturalismo. Durante los noventa, los debates teóricos sobre ciudadanía multicultural y los avances en políticas multiculturales tuvieron un papel predominante en la mayoría de países europeos y también en Estados Unidos, Canadá y Australia. Sin embargo, al final del siglo, los enfoques multiculturales sobre la ciudadanía experimentaron un declive. Esto se debe a factores internacionales relacionados especialmente con una mayor "concienciación" sobre seguridad, y con las condiciones nacionales específicas de los distintos modelos de relaciones multiculturales aplicados en cada país y su percepción de éxito o fracaso.

En cuanto a los asuntos de seguridad internacional, debemos considerar los acontecimientos del 11-S y sus secuelas, tanto en lo que respecta a la intervención occidental en Afganistán e Irak como a la aplicación más rigurosa de los controles fronterizos y la generalización de la islamofobia y la arabofobia en Europa y América. Por un lado, las guerras en Afganistán e Irak y las declaraciones del presidente estadounidense Bush sobre "la guerra global contra el terrorismo" han creado un clima general de desasosiego y temor entre los ciudadanos de la UE y otros países desarrollados. Se pidió a los gobiernos europeos que tomaran parte, implícita o explícitamente, en esta "guerra global", a favor o en contra de Estados Unidos, a favor o en contra del "mal". Sin embargo, aunque el presidente Bush y varios primeros ministros europeos, como Blair o Berlusconi, se esmeraron en distinguir entre los terroristas musulmanes "malos" y los ciudadanos e inmigrantes musulmanes "buenos" que vivían en los países europeos y Estados Unidos, los discursos políticos y mediáticos han fomentado dicotomías maniqueístas entre "musulmanes malos y peligrosos" y "occidentales buenos y sus aliados".