Primer año del Gobierno Lula: la difícil transición

El CDES se constituye como una experiencia innovadora, al institucionalizar de forma permanente el encuentro de actores políticos en una esfera pública, en la que se reúnen como iguales y son capaces de defender racionalmente sus posturas, con vistas a la convergencia respecto a metavalores democráticos y a la negociación de temas esenciales. La opción por una democracia concertada en torno a consensos estratégicos, en la que las políticas se negocien con los diferentes actores sociales involucrados en el proceso, y cuyos intereses se verían afectados, es recomendable en situaciones de gran complejidad, en la que entran en juego expectativas altas e intereses muy contradictorios, en especial en sociedades con un alto grado de fragmentación social y económica.

La capacidad de negociación del Gobierno y la búsqueda de diálogo con la sociedad civil también se pusieron de manifiesto durante el proceso de elaboración del Plan Plurianual para el período 2004-2007. Por primera vez, se convocó a la sociedad civil organizada para discutir la propuesta en los Foros Estatales de Participación, con la presencia de representantes del Gobierno, y en audiencias sectoriales llevadas a cabo por algunos ministerios. A pesar de las dificultades inherentes a este proceso innovador, se considera un avance que en la ejecución del PPA se haya previsto que su seguimiento se realice con la participación de la sociedad.

El Gobierno marcó otro importante tanto al reconocer la importancia que tienen los gobernadores en el sistema político brasileño y en el control de las filas regionales en el Congreso. Convocados por primera vez a un foro de debate organizado con la cúpula del Gobierno, para analizar los impactos regionales de las reformas de previsión y fiscal, llegaron a elaborar una declaración conjunta con el acuerdo mínimo alcanzado. Si la alianza con los gobernadores fue crucial para garantizar la aprobación de la reforma de la previsión, el Gobierno terminó por verse prisionero de los intereses regionales, en la discusión de la reforma fiscal, haciendo importantes concesiones para hacer posible su aprobación, aunque sólo parcial.

El Gobierno adoptó la misma postura negociadora en su relación con los prefectos y con el Congreso; el presidente intentó estar presente en encuentros y acontecimientos que simbolizaran su actitud de diálogo. Sin lugar a dudas, donde se han manifestado más claramente la capacidad y las contradicciones políticas ha sido en la relación del Gobierno con los partidos políticos. Debido a las características del presidencialismo de coalición vigente en el sistema multipardista de Brasil, junto con un escaso compromiso programático de los partidos, la aprobación de las propuestas del Gobierno depende de la negociación con los líderes parlamentarios. Por consiguiente, la postura articuladora adoptada por los líderes del PT en el Congreso ha sido crucial, especialmente en la negociación con el Colégio de Líderes, ya que los dirigentes disponen de fuertes mecanismos de control en los escaños de los partidos.

En el sistema político brasileño, el presidente de la República intenta formar una mayoría en el Congreso tanto en la segunda vuelta de las elecciones como después de haber sido elegido. Existe una fuerte tendencia a la migración de parlamentario hacia los partidos de la plataforma gubernamental, debido a la ausencia de partidos programáticos y a la atracción ejercida por el control que el Ejecutivo tiene sobre recursos y cargos en la administración pública. Con la elección de Lula las cosas no fueron diferentes. La plataforma parlamentaria en el Senado pasó de 17 a 29 senadores entre la primera y la segunda vuelta, llegando a contar con 53 senadores después de la elección, en octubre. En la Cámara, había 130 diputados en la plataforma aliada en la primera vuelta y 193 en la segunda, llegando a 390 diputados en octubre de 2003.

Estos cambios supusieron pérdidas significativas para los partidos de la oposición (Partido Socialdemócrata Brasileño [PSDB] y Partido del Frente Liberal [PFL], que estaban en el poder con el Gobierno anterior) y un crecimiento de los pequeños partidos de la plataforma gubernamental. A pesar de ello, el Gobierno contó, en la votación de las reformas, con los votos de la oposición y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que se había sumado a la plataforma gubernamental a finales de 2003, lo que provocó una reforma ministerial para poder acomodar al nuevo aliado. Como el PMDB es el partido con mayor arraigo en el interior del país, el Gobierno podrá beneficiarse de esta alianza en las elecciones municipales de 2004.

La amplitud de las alianzas establecidas por el Gobierno ha sido siempre un tema conflictivo para el Partido de los Trabajadores, procedente de una tradición política e ideológica purista. A pesar del aprendizaje propiciado por las experiencias anteriores de los gobiernos locales del PT, la cuestión de las alianzas llegó a ser muy polémica desde la composición de la candidatura en las elecciones presidenciales, donde la vicepresidencia recayó en un empresario del Partido Liberal.

En este período, los dirigentes del PT en el Congreso se han mostrado muy identificados con las propuestas gubernamentales, incluso cuando éstas entraban en contradicción con las bases del partido y con los movimientos sociales que lo han apoyado tradicionalmente. Las primeras tensiones surgieron en el seno del propio Partido de los Trabajadores, que se caracteriza tanto por la disciplina de partido como por sus compromisos ideológicos y programáticos, al tener que apoyar medidas de reformas presentadas por el presidente al Congreso, en clara contradicción con todo el ideario político de este partido.

El sistemático rechazo de votar con el Gobierno por parte de cuatro diputados y de una senadora del PT terminó con su expulsión del partido. La disyuntiva entre solidarizarse con el Gobierno, crecer como partido y renunciar a las características ideológicas, o no identificarse con el programa gubernamental y quedarse aislado, fueron tensiones permanentes de este dilema que volverá seguramente a presentarse en los próximos años, especialmente en 2004, en las elecciones municipales.

El propio movimiento de migración hacia las bases gubernamentales se produjo también en el sindicalismo, al recibir la Central Única de los Trabajadores (CUT), identificada con el Gobierno, la adhesión de al menos 40 sindicatos en Saõ Paulo, y al adoptar una estrategia menos combativa, aproximándose de este modo a su tradicional opositora.

La redefinición del perfil y de la identidad de las fuerzas políticas brasileñas se ha acompañado de un movimiento similar al ocurrido en otros países, donde partidos de oposición, con ideologías de izquierdas, han llegado al poder. La búsqueda de alianzas que hagan viables las condiciones de gobernabilidad es natural y denota la madurez del Gobierno. Del mismo modo, partidos que ahora se encuentran en la oposición tendrán que redefinir su identidad y estrategias políticas. Sin embargo, la identificación del Partido de los Trabajadores con un Gobierno de coalición, con predominio de una tendencia de centroizquierda, podrá tener consecuencias muy peligrosas en la política brasileña, en la medida en que, en el espectro de los partidos, la izquierda quedará de nuevo vacía. Dicho de otro modo, lo que es bueno para el Gobierno, no lo es necesariamente para el proceso de consolidación de la democracia. Quedaría la posibilidad de que la coalición gubernamental se orientara, progresivamente, más a la izquierda, en la medida en que fuera consolidándose un nuevo bloque hegemónico que diera continuidad a este proyecto. Hoy en día, esta perspectiva parece poco probable.