Primer año del Gobierno Lula: la difícil transición

También se han presentado contradicciones en el ámbito relacionado con la producción agrícola y con el medio ambiente, en relación con la liberalización o no del cultivo y comercialización de soja transgénica. Por una parte, se encuentra el Ministerio de Agricultura, cuyo titular representa los intereses del sector agroexportador, actual responsable del superávit de la balanza comercial, y por otra parte, la ministra de Medio Ambiente, figura histórica de las luchas de los movimientos sociales en este ámbito. La ministra de Medio Ambiente luchó por conseguir recuperar para su ministerio el poder de decisión en cuestiones de biotecnología, finalmente incorporadas en la Medida Provisional que el presidente sometió al Congreso. Sin embargo, el líder del Gobierno en la Cámara de los Diputados, ponente de la Medida Provisional hizo una intervención que supuso un revés a las anteriores conquistas del Ministerio de Medio Ambiente. Dicho de otro modo, el Gobierno sigue teniendo una postura poco clara en esta cuestión y el debate proseguirá en 2004, ya que las organizaciones de defensa del medio ambiente están muy movilizadas y se coordinan con parlamentarios para la formación de una fila ecológica en el Congreso. Por otra parte, existen grupos de científicos y de productores agrícolas que defienden una mayor libertad de investigación y de comercialización de transgénicos; se pone así de manifiesto la ausencia de consenso en el seno no sólo del Gobierno sino también de la sociedad.

En el ámbito de la política de reforma agraria, hasta noviembre de 2003, el Gobierno Lula no lanzó el Plan Nacional de Reforma Agraria, que establece el objetivo de asentar a 530.000 familias hasta 2006, regularizar la propiedad y titularidad de las tierras de 500.000 familias que ya las ocupan y recuperar los actuales asentamientos con el desarrollo de infraestructuras, la creación de puestos de trabajo y el aumento del crédito hipotecario. Estos objetivos son mucho más modestos que los defendidos por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y los que aparecen en documentos técnicos de miembros del Partido de los Trabajadores, además de que existe una enorme diferencia entre los costes previstos para estas acciones por el Gobierno y por el resto de los interesados.

Si este primer año se ha caracterizado por la continuidad en las políticas económicas, al imponer límites a la expansión de las políticas sociales, cabría preguntarse qué posibilidades hay de que se introduzca una ruptura a partir del segundo año de gobierno. Si la estrategia de dar continuidad a la política macroeconómica ortodoxa se justificó como
la única forma de evitar la muerte súbita del Gobierno, que se encontraría en condiciones de ingobernabilidad, la incapacidad de poner en práctica los cambios para los que la población le concedió el mandato sería razón suficiente para diagnosticar la muerte lenta del Gobierno, a partir de la desilusión provocada en sus electores (parodiando la terminología empleada por O'Donnell [1988] en el debate de las transiciones a la democracia).

A medida que las expectativas populares no se han cumplido, se ha registrado un aumento de la presión de los movimientos sociales, especialmente de los sectores vinculados al MST en el campo y a los sin techo, en el área urbana. El recrudecimiento de los conflictos con resultado de muerte en el campo, de las invasiones de tierras indígenas, de la violencia urbana y la violación de los derechos humanos requiere medidas inmediatas destinadas a reducir la secular desigualdad estructural en la distribución tanto de la renta como de los bienes públicos en Brasil.

A pesar de las múltiples limitaciones a las que se enfrenta el Gobierno, la población sigue valorándolo positivamente (56,6% de valoración positiva en enero, 48,3% en agosto y 41,6% en octubre de 2003; valoración regular 2,3%, 10% y 12,3% en las mismas fechas, y valoración negativa 2,3%, 10% y 12,3%, respectivamente). Los índices de aprobación del presidente Lula son todavía más favorables: el 83,6% en enero, el 76,7% en agosto y el 70,6% en octubre de 2003, lo que le sitúa como el presidente mejor valorado en su primer año de gobierno.

Este hecho no debe menospreciarse o atribuirse simplemente al magnetismo personal o a un estilo populista del presidente. Lo que se pone de manifiesto detrás de estos datos es una recuperación del imaginario nacional, la autoestima de la población y el orgullo de ser brasileño. Estas características se habían perdido en la década de los noventa, cuando el imaginario nacional de un país de futuro fue sustituyéndose por una visión de país fracasado, que debería orientarse por los valores y los modelos de los países que se habían integrado de forma positiva en la economía globalizada. La recuperación de esta identidad nacional positiva constituye, sin lugar a dudas, el mayor capital social del Gobierno Lula.

La principal característica del Gobierno Lula ha sido su estilo negociador, la asunción de la conflictividad como parte del proceso democrático y la necesidad de generar consensos que hicieran viables las reformas y garantizaran su sostenibilidad. De esta forma, las principales reformas y medidas propuestas por el Gobierno han pasado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social, antes de ser discutidas en el Congreso.

La creación del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES), órgano de consulta de la Presidencia a la sociedad civil, a la vez que se constituye como canal institucionalizado de negociación de pactos entre diferentes actores sociales y el Gobierno, en relación con la agenda de las reformas, ha supuesto la mayor innovación política e institucional del Gobierno Lula. La existencia del Consejo crea la posibilidad de dar una mayor solidez a la democracia, y recuperar un modelo institucional al que la sociedad brasileña ya aspiraba y venía diseñando desde la Constitución Federal de 1988. Se trata de la única vía para garantizar la gobernabilidad democrática, que permite la constitución de pactos sociales sostenibles, que hagan posible, además de las reformas necesarias, la reconstrucción del destrozado tejido social y la configuración de una comunidad política nacional.

A diferencia de los consejos de idéntica naturaleza, típicos de la socialdemocracia europea, que se crearon con el objetivo de organizar el capitalismo al compatibilizar los intereses del capital y de los trabajadores en torno a un proyecto de crecimiento y de reparto del excedente, el CDES se presenta como una alternativa al agotamiento del pacto corporativo sobre el que se basó el ejercicio del poder, de forma concentrada y excluyente, desde la constitución del Estado brasileño moderno. Buscando la concertación de intereses entre una sociedad mucho más diversificada y compleja, con elevados niveles de desigualdad y exclusión, el CDES refleja, en su composición y estructura, esta realidad específica, la de un capitalismo excluyente que necesita gestionar una esfera pública más inclusiva, aún en un período de fuertes restricciones económicas. Sin este acuerdo, se hace inviable la pretendida gobernabilidad democrática y la sostenibilidad de un proyecto de recuperación del crecimiento nacional sobre bases no excluyentes.