Primer año del Gobierno Lula: la difícil transición

Con la elección de Lula, Brasil dió pruebas de la madurez de sus instituciones democráticas, pero también demostró la vulnerabilidad de su economía ante los ataques especulativos, un hecho que, si no se controlaba, podría comprometer el proceso de consolidación de la propia democracia.

La opción por una política económica ortodoxa, que daba continuidad a la asumida por el Gobierno anterior en consonancia con los objetivos acordados con el FMI, se adoptó con vistas a estabilizar la economía y restaurar la credibilidad amenazada en el mercado financiero internacional.

Nada más tomar posesión, el Gobierno aumentó el superávit primario acordado con el FMI del 3,37% al 4,25% del PIB y subió la tasa de interés del 25% al 26,5% ante la amenaza de un retorno de la inflación; esta última medida provocó el aumento de la deuda neta consolidada del sector público. Estas mismas medidas habían sido aplicadas de forma sistemática, aunque menos drástica, por el Gobierno anterior, de manera que de diciembre de 1998 a junio de 2003, a pesar de que Brasil había cumplido los objetivos y compromisos acordados con los acreedores, la deuda pública había crecido un 127%.

Al no poder recurrir, como hiciera el Gobierno anterior, al aumento de la carga tributaria -que había pasado del 28% al 36% del PIB entre 1995 y 2002-, fue necesario proceder a un drástico recorte del gasto público y paralizar las acciones del Gobierno federal en todas las políticas públicas. Algunas de las propuestas del PT para reducir la desigualdad tributaria se abandonaron en función de una visión más pragmática para resolver el problema de caja del Gobierno; se mantuvieron las cuotas de la contribución sobre los movimientos financieros, un impuesto considerado como regresivo, y se congelaron los tramos del impuesto sobre la renta, con cuotas muy elevadas para la clase media baja y sin actualización inflacionaria de los límites de deducciones y exención.

La promoción del ajuste fiscal mediante el recorte del gasto público resultó decisivo para, en el plazo de un año, alterar las expectativas de futuro de la economía brasileña. A finales de 2002, muchos consideraban inevitable la ruina de la economía, mientras que, a finales de 2003, los indicadores económicos mostraban el espectacular fortalecimiento del real frente al dólar, la revalorización récord de la bolsa de valores y la caída de 430 puntos del riesgo Brasil, que había alcanzado los 2.500 puntos al inicio del Gobierno del PT, y la caída de la inflación del 12,5% en 2002 al 9,3% en 2003. Con mayor control y credibilidad, el Gobierno bajó, progresivamente, la tasa de interés nominal al 16,5% anual.

El nuevo Gobierno contó además con un elemento favorable: el aumento de las exportaciones, en particular debido a la excelente cosecha de productos agrícolas, cuya producción de grano creció un 26,5% en 2003, lo que generó un excedente de 25.000 millones de dólares en los intercambios comerciales, aumentando las reservas internacionales y reduciendo, de este modo, la vulnerabilidad de la economía nacional. Al contrario de lo que se esperaba, sin embargo, la inversión productiva directa de capital extranjero se quedó muy por debajo de los niveles de mediados de la década de los noventa, cuando empezó a caer de forma consistente, sin llegar a alcanzar los 10.000 millones de dólares.

A pesar de que el peso de la deuda pública había aumentado hasta el 9,49% del PIB, la deuda neta del sector público registró un aumento del 1,21%, como consecuencia de los elevados tipos de interés en este primer año de gobierno. Si en 2002 la deuda neta del sector público representaba el 55,5% del PIB, en 2003, a pesar de todo el esfuerzo por pagar el peso de la deuda, ésta había aumentado al 58,2% del PIB. Sin embargo, la dirección nacional del PT consideró que, a pesar de este aumento, el Gobierno avanzaba en la dirección de controlar la deuda pública, reducía el porcentaje de la deuda en dólares, alargaba su perfil y disminuía su coste (Directorio Nacional, PT, 2003).

Al mismo tiempo que el equipo económico del Gobierno presentaba resultados macroeconómicos alentadores, y recibía los elogios de las agencias internacionales por haber controlado la inminente crisis, la sensación de la población era que la economía seguía en crisis, ya que las consecuencias de la política recesiva habían sido devastadoras. La tasa media de desempleo oficial que era del 7,2% en 2002, llegó al 12,9% en 2003, mientras que el rendimiento medio del personal ocupado caía un 9% a lo largo de ese año. El aumento del 3,5% de los puestos de trabajo en 2003 se debió, en su mayoría, a puestos de trabajo precarios y de baja remuneración, es decir en el mercado informal. Otro dato alarmante fue el aumento del 76%, en relación con el año anterior, del trabajo infantil.

El aumento de empleos precarios, que se expresa en los indicadores de crecimiento del número de subempleados (del 9% al 12% con una renta inferior a un salario mínimo) y subocupados (del 3,8% al 4,9% del total de los trabajadores) impidió la expansión industrial y mantuvo la parte de la renta en el PIB como la más baja desde 1990.

¿Qué es lo que hace posible la incompatibilidad entre los datos macroeconómicos y la economía real, es decir aquélla que afecta a la vida de la población? La explicación posible de esta incoherencia en la lectura de la economía es el hecho de que los indicadores macroeconómicos miden variables de interés inmediato para los que obtienen rendimientos del capital, en el interior y en el exterior, sin afectar, sin embargo, a los intereses de la población.

El rigor fiscal impuesto al sector público llevó al Gobierno a invertir sólo un 46% de lo previsto en los presupuestos de 2003, un esfuerzo que se justificó por el estado de quiebra de las finanzas públicas heredado del Gobierno anterior, pero que paralizó al actual Gobierno y a la economía. Un ámbito considerado crítico por el Gobierno fue la cuestión urbana, debido a la velocidad con que Brasil había vivido la transición de un país rural a una sociedad urbana, cuya población se encuentra altamente concentrada en menos de una decena de megalópolis. En ausencia de políticas urbanas y de vivienda durante más de 30 años, el país se "favelizó" y generó condiciones de vivienda precarias y baja calidad de vida de los habitantes de estas favelas. Actualmente, la explosión de la violencia urbana es resultado de todo ese proceso descoordinado de urbanización y exclusión.

Para hacer frente a ese problema, el Gobierno Lula creó el Ministerio de las Ciudades pero, ante las restricciones presupuestarias, este ministerio vio sus recursos inmediatamente reducidos de un total de 2.200 millones de reales a tan sólo 414 millones, hecho que hizo inviable el proyecto de regularización territorial de las favelas.

Otras áreas críticas, como la de seguridad y el turismo, también se vieron perjudicadas por el recorte de recursos presupuestarios. Sin embargo, en todas ellas, equipos técnicos de alto nivel se han esforzado por formular políticas más adecuadas para hacer frente a los actuales desafíos.

La recesión provocada en la economía por el mantenimiento de unas tasas de interés extremadamente altas y la ausencia de financiación pública ha sido una constante durante el primer año de este Gobierno. La leve recuperación del crecimiento industrial en el último trimestre de 2003 se debió al aumento de las exportaciones y no al consumo interno. Se espera que, con las reformas aprobadas por el Gobierno y con las medidas de crédito e inversión lanzadas recientemente, la situación de expansión de la producción industrial se mantenga en el próximo año, en un contexto internacional sin grandes turbulencias.