La diferencia esencial de este tipo de procesos políticos respecto a otros era el grado de incertidumbre (Przeworski 1986). Y no sólo porque durante este proceso los cálculos y las interacciones de los actores políticos se realizaban en un entorno en el que no existían constricciones institucionales, sino porque los mismos actores tenían dificultades reales para saber cuál era la mejor forma de defender sus intereses, para reconocer sus verdaderos aliados y, a la postre, sus mismos adversarios (Karl y Schmitter 1991; Karl 1995). En este marco, la ausencia de "reglas del juego" en los procesos de negociación e interacción suponía la ampliación de los límites de las opciones contingentes de cada uno de los actores. En este sentido, el estudio de la instauración de los regímenes democráticos se basó en interpretar (muchas veces deductivamente
[ 3 ] ) las interacciones estratégicas y los acuerdos tentativos que iban tejiendo los actores a sabiendas de que nadie tenía conocimiento de cuál sería el desenlace final del juego político, ni cuáles serían los criterios para determinar vencedores y vencidos, ni cuáles serían los límites de la contienda. Esta línea de análisis supuso el reconocimiento del alto grado de indeterminación que estaba presente en los procesos de cambio político, cuyo desenlace a menudo cabía referirlo, tal y como expone Maquiavelo, a la fortuna (O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1986: 18). A la vez, en esta coyuntura, donde la información que tenían los jugadores era insuficiente y las decisiones eran apresuradas, muchas veces los resultados finales terminaban siendo atribuibles al talento y la virtú de determinados individuos que aparecían como "grandes salvadores".
Esta forma de interpretar el cambio político -que se bautizó como transitología- adoptó las herramientas analíticas propias del individualismo metodológico (y a veces, no siempre, desde la teoría de la elección racional
[ 4 ] ), así como los análisis de dos teorías derivadas de este programa, esto es, las teorías de la agencia y el nuevo institucionalismo. Siguiendo este programa de investigación, los politólogos centraron sus estudios en las élites políticas ya que éstas representaban la "agencia" emprendedora del cambio (Baloyra, 1987; O'Donnell, Schmiter y Whitehead, 1986; Di Palma, 1988; Przeworski, 1992). En este sentido, en muchos de los trabajos, la capacidad política de las élites se convirtió en la variable explicativa principal (Higley y Gunther eds., 1992) y los desenlaces se interpretaron en función de la rapidez o la lentitud del proceso, de los recursos (económicos, institucionales o sociales) que tenía cada una de la fracción de la élite contendiente o de la mayor o menor presión de los actores externos en el proceso. Así, se distinguían entre aquellos itinerarios que seguían procesos más lentos y pactados, así como manejados por los incumbents (como fueron los casos de Brasil y Chile), de los rápidos y abruptos, ya fuera con el protagonismo de las bases sociales movilizadas (Nicaragua) o determinadas élites (Argentina y Panamá). Distinguiendo, a la vez, si la presión para que se democratizara el régimen fuera interna o externa -como fue el caso de Panamá (Loewenthal, 1991).
Esta nueva visión supuso la ventaja de cambiar de foco de atención de las variables económicas y sociales -que podían tener una naturaleza tautológica- hacia variables políticas. Con todo, esta nueva perspectiva a menudo también redujo la interpretación de los cambios de regímenes políticos a decisiones entre élites, con el peligro de caer en la paradoja expuesta por Agüero y Torcal (1993), es decir, de que mientras la llegada de la democracia se imputaba a la suerte y a las decisiones "geniales" de los protagonistas, su pobre desempeño se atribuía, en cambio, a factores institucionales y estructurales. Y ello podía crear cierta confusión, pues inducía a creer que las supuestas habilidades que las élites poseían para crear democracias se transformaban súbitamente en limitaciones y miopía a la hora de consolidarlas. Ciertamente el neoinstitucionalismo matizó el concepto de contingencia en que se basaron los estudios de las transiciones, al señalar que también existía un marco de restricciones institucionales, simbólicas e históricas que ampliaban o restringían las opciones de los actores, al poner límites a una interpretación excesivamente maleable y aleatoria de los cambios de régimen
[ 5 ] . Esta línea de análisis -el neoinstitucionalismo- supuso un énfasis en el análisis del diseño institucional y la forma en que se crearon y reformaron las reglas del juego político
[ 6 ] .
Otro punto a tener en cuenta es que pocos de los análisis que interpretaron la aparición de nuevos regímenes democráticos señalaron dos cuestiones a priori fundamentales en el estudio del cambio político, una de ellas de carácter estructural y otra de tipo normativo. Respecto a la cuestión normativa, cabe apuntar que los nuevos sistemas políticos no fueron regímenes intensamente deseados por las élites contendientes. Para la izquierda, el orden anhelado fue mayoritariamente la "revolución" concebida como un proceso de profunda transformación social, económica y política, y para la mayoría de este colectivo el régimen cubano era el modelo a seguir. Por su parte, buena parte de la élite de la derecha prefería un sistema político de participación restringida, si no autoritario. Ante ello, los regímenes que nacieron a finales de los años setenta y durante la década de los ochenta, a pesar de representar un avance político satisfactorio, no dejaron de ser "la segunda preferencia" o el "mal menor". Dicho de otra forma, las democracias nacieron con falta de cariño. Precisamente por ello cabe preguntarse por la sinceridad de la conversión democrática de algunos sectores de las élites latinoamericanas, pues no es necesario ser demócrata para actuar como tal, y menos cuando el mercado se presenta como un elemento consustancial a los nuevos regímenes.
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