¿El final de la gran guerra africana?

Congo: casi cuatro millones de muertos desde 1997. Apenas unas páginas en los periódicos e indiferencia por parte de la comunidad internacional, que ha visto estrellarse todos los acuerdos de paz. Pero por primera vez hay un proceso político incipiente, lleno de obstáculos y problemas, que podría poner fin al conflicto más sangriento de los últimos 25 años.

La situación en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire) hace bueno el dicho de que para llamar la atención de la prensa basta un muerto en el propio país, algunos más en los Estados vecinos o en el mundo desarrollado, y más de cien en África. En realidad, parece que son necesarios muchísimos más. Esta guerra es, con diferencia, la más sangrienta del último cuarto de siglo, muy por encima de las sufridas en los Balcanes, Oriente Medio, Afganistán o Irak. Fuentes humanitarias sitúan el número de víctimas del conflicto en el este del país por encima de los tres millones desde 1997 (sin contar las bajas directas del genocidio ruandés de 1994, entre 500.000 y 1.000.000). La indiferencia general no se debe sólo a la falta de atención mediática, sino también a la desesperanza generada por una situación que parece no tener arreglo y en la que, hasta el momento, han fracasado todos los intentos de paz. Sin embargo, puede que estemos en el umbral de una solución.

La inestabilidad en el este de la RDC comenzó con el éxodo masivo de hutus ruandeses que, en 1994, huyeron del nuevo Gobierno tutsi de Kigali. Entre los desplazados se encontraban los protagonistas del genocidio tutsi. Abusando de la ayuda de la comunidad internacional destinada a los refugiados, los hutus realizaron incursiones en Ruanda, lo que ofreció una justificación a Kigali para, con el apoyo de Uganda, entrar en 1997 en el entonces Zaire, forzar el retorno de los refugiados y, de paso, contribuir a derrocar al régimen de Mobutu Sese Seko e instalar en el Gobierno a Laurent Kabila. El problema es que los genocidas hutus -entre ellos, los conocidos interahamwe (los que matan juntos) - permanecieron en el país, y desde entonces han continuado las incursiones ruandesas en el este de la RDC y los ataques esporádicos de lo que queda de las milicias hutus en Ruanda. A esta situación se añade la falta de control de Kinshasa sobre el este del país, la proliferación de grupos rebeldes y la intensificación de las tensiones entre los casi cuatrocientos grupos étnicos que conviven en el país, y cuyo exponente más violento lo constituyen los enfrentamientos entre los hema y los lendu en la provincia de Ituri (norte del Congo).

A partir de 1999, han continuado los acuerdos incumplidos de alto el fuego en los que llegaron a participar hasta 11 Estados africanos implicados de una manera u otra en la que se ha llamado la "primera guerra mundial africana". Aquel año, la ONU desplegó un primer grupo de 90 observadores militares, que crecería rápidamente hasta 500. Con el asesinato de Kabila en 2001 y la sucesión en la jefatura del Estado de su hijo, Joseph, se abrió un nuevo proceso que desembocaría en la firma, el 16 de diciembre de 2002, del Acuerdo de Transición en la RDC. Este pacto establece un periodo de gobierno cuatripartito que debería haber desembocado, en junio de 2005, en elecciones generales. Durante este tiempo tendría que haberse aprobado en referéndum una Constitución y logrado unas fuerzas armadas congoleñas unificadas, y la reinserción civil del resto de combatientes. Nada de esto ha sucedido. Aun así, un viento de cauto optimismo recorre la región. ¿Qué ha cambiado?

En primer lugar, parece que EE UU y el Reino Unido han alterado su posición de apoyo incondicional al Gobierno ruandés, al que han presionado para que adopte una posición más constructiva. La permanencia de guerrilleros hutus en territorio congoleño -razón esgrimida por Kigali para mantener su control del otro lado de la frontera- ya no es aceptada de buen grado.

Las últimas estimaciones cifran en no más de 10.000 los combatientes que permanecen en la RDC, una gran parte de los cuales eran menores de edad durante el genocidio. Ya no constituyen una amenaza real para la seguridad de Ruanda y, por tanto, no justifican las incursiones. Crece la presión internacional sobre Kigali para que acepte su regreso, asigne responsabilidades a los que tuvieron un papel destacado en las matanzas y ofrezca vías de reintegración social al resto. Y, sobre todo, para que cese sus incursiones.

En segundo lugar, la Misión de Naciones Unidas en el Congo (MONUC), que ha crecido hasta alcanzar unos 16.000 efectivos militares, parece haber tomado la actitud enérgica que los congoleños reclamaban. Durante sus primeros años de vida, asistió impasible a numerosos episodios de violencia, en parte limitada por el mandato recibido del Consejo de Seguridad y en parte por su reticencia a tomar iniciativas que pudieran causar bajas entre sus soldados. Con un mandato reforzado por la resolución 1.565 del Consejo y posteriores, que autorizan un uso más amplio de la fuerza, la misión ha comenzado a imponer el orden entre las facciones. El ejemplo de la Operación Artemis en Ituri -de la Unión Europea, y liderada por Francia- mostró que era posible y necesario el uso de la fuerza para obtener resultados en la RDC. Con esta nueva actitud, MONUC puede forzar el desarme de los bandos, impulsar la desmovilización y reinserción de los combatientes, y acorralar a los grupos genocidas ruandeses que se resistan a volver a su país.

En tercer lugar, el proceso político avanza, aunque con retrasos. La Constitución acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional y todavía hay tiempo de someterla a referéndum y celebrar elecciones generales, dentro del plazo excepcional previsto en el Acuerdo de Transición que se extiende hasta junio de 2006. Todos los problemas técnicos pueden ser superados con el apoyo financiero de la comunidad internacional. Lo que queda por probar es la voluntad real de las partes de aceptar cuotas de poder -y de acceso a los recursos económicos- en función de resultados democráticos. Años de economía de guerra han generado una cultura de enriquecimiento por la fuerza en la que los grupos armados se apropian sistemáticamente de la riqueza generada por los recursos naturales y extorsionan a la población de las zonas que controlan. No creen en el Estado porque éste simplemente no está presente. El Gobierno cuatripartito actual es descrito por algunos diplomáticos como cuatro administraciones separadas que coexisten, cada una con su milicia, sus fuentes de financiación, sus apoyos externos y sus objetivos. A la hora de reconvertir este entramado en un Gobierno unificado, se enfrentan dos concepciones distintas de la RDC del futuro, dos visiones geoestratégicas: una, más favorecida por Francia, y la otra, por EE UU y el Reino Unido. La primera apoyaría un Estado centralizado y fuerte en Kinshasa, que enfatizaría la integración de todo el Estado y el refuerzo de las vías de comunicación entre Kinshasa y el este, de tal manera que las riquezas naturales de esa zona transitaran hacia el Atlántico. La segunda propiciaría un Estado descentralizado, con una autonomía avanzada para las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, limítrofes con Ruanda y pobladas por tutsis congoleños. Esta fórmula, además de promover la salida de las riquezas naturales de esta zona hacia el Índico a través de Kigali, permitiría una interacción mucho más estrecha entre estas provincias y Ruanda, y la consolidación de una zona de influencia ruandesa en la RDC.