Ningún país sin ayuda

En realidad, la ayuda exterior a regímenes antidemocráticos puede ser contraproducente, porque facilita a los déspotas la posibilidad de mantener contenta a su pequeña camarilla de partidarios y, de esa forma, prolonga la longevidad de la autocracia gobernante. La ayuda exterior no representa ninguna diferencia genuina si los mercados están manipulados por autócratas que controlan el acceso a los créditos, los permisos y los puestos de trabajo. La ayuda exterior no genera crecimiento si no es posible crear instituciones bancarias sólidas, porque la transparencia deja al descubierto el nepotismo y otras formas de corrupción. La ayuda exterior no sirve de nada si la mano de hierro del autoritarismo aplasta la iniciativa individual.

En definitiva, no es posible separar la economía de la política. No podemos esperar que la democracia funcione en lugares en los que es patente la injusticia económica. No podemos esperar logros económicos sostenidos en lugares en los que la vida política está reprimida. Esta simbiosis entre la libertad política y la económica es el fundamento de la Cuenta del Milenio (CM), que ofrece un contrato a imagen del libre mercado; ésa es su peculiaridad. Los receptores del dinero de la CM tienen que cumplir una serie de requisitos para tener derecho a él. Los gobiernos deben practicar políticas que les permitan gobernar con justicia, invertir en su gente y fomentar la libertad económica. Asimismo, tienen que estar de acuerdo en utilizar la ayuda para obtener resultados que se puedan medir a la hora de reducir la pobreza y generar un amplio crecimiento económico. Dicho de otra forma, la CM es un sistema de incentivos que pretende recompensar la extensión de la libertad de palabra y reunión, la generalización del acceso a los créditos para que la gente pueda poner en marcha nuevas empresas y el acatamiento del Estado de Derecho como forma de proteger la propiedad privada y hacer respetar la inviolabilidad de los contratos. Es un sistema de incentivos para que los países proporcionen a sus ciudadanos las herramientas esenciales de su prosperidad.

El poder de la CM quedó claro ya antes de que fuera ley. Por ejemplo, un país aprobó e hizo cumplir cuatro leyes anticorrupción para poder tener derecho al dinero de la cuenta. Ahora que la CM está en funcionamiento y hay 17 países con derecho a recibir sus fondos, su influencia se extenderá rápidamente, a medida que aumente el dinero disponible para el programa. El primer año, el Congreso estadounidense destinó a este fin mil millones de dólares (unos 750 millones de euros). El Gobierno ha solicitado 2.500 millones de dólares para el presente año fiscal, y confiamos en alcanzar los 5.000 millones de dólares anuales para el año fiscal de 2006. Como es natural, no todos los países van a poder recibir el dinero de la CM de aquí a corto plazo. No todos los gobiernos autocráticos van a estar dispuestos a renunciar a parte de su poder para ayudar a su pueblo. Y la persistencia del mal gobierno seguirá engendrando inestabilidad política y las crisis humanas que suelen acompañarla. Nosotros seguiremos ayudando a remediar dichas crisis siempre que podamos. No vamos a castigar a la gente por las acciones de unos gobiernos sobre los que tienen poco o ningún control. A este respecto, es fundamental la labor de USAID. Ahora bien, la ayuda humanitaria no es más que una medida provisional. Nuestro verdadero objetivo es erradicar la pobreza y, para ello, instamos a los dirigentes de los países en vías de desarrollo a que se hagan cargo del futuro de su nación. Son ellos los máximos responsables del éxito o el fracaso de sus propios esfuerzos de desarrollo.

Creemos que ningún país está libre de esta responsabilidad ni de los posibles beneficios que se derivan de ella. Así como el presidente Bush cree que ningún niño debe quedar rezagado en la educación, que todos los niños pueden aprender, también cree que ninguna nación debe quedar atrás en materia de desarrollo, que todos los países pueden mejorar. Poco a poco, país por país, con todo el tiempo que haga falta, Bush pretende incorporar a todas las sociedades pobres, con USAID empujando por un lado y la CM tirando por el otro.

Entre tanto, podemos ayudar los hombres y mujeres de todo el mundo a tener más capacidad de elección. La comunidad internacional necesita trabajar más para casar a las personas que desean trabajar con los mercados que necesitan su mano de obra. En el mundo, al menos 180 millones de personas no viven en sus países de origen. Algunos son refugiados políticos, pero en su gran mayoría son inmigrantes, legales o ilegales. La gente quiere vivir mejor y, muchas veces, está dispuesta a asumir riesgos temibles para lograr dar un futuro a sus familias.

Esos riesgos tienen su recompensa. Las remesas enviadas por los trabajadores emigrantes a sus países se han convertido en un salvavidas financiero para los países en vías de desarrollo; en 2003 alcanzaron un total aproximado de 93.000 millones de dólares, frente a los 77.000 millones de la ayuda oficial al desarrollo. Habría más personas dispuestas a emigrar a los mercados de trabajo con posibilidades si los obstáculos para hacerlo legalmente disminuyeran. Las remesas podrían duplicarse o incluso triplicarse. Sin embargo, hoy no existe ningún mecanismo multilateral eficaz para hacerse cargo de este asunto, ningún régimen internacional real que permita reducir los costes humanos de la inmigración ilegal.

La iniciativa mundial del presidente Bush sobre el tráfico de personas -que pretende acabar con la prostitución obligada, el trabajo forzoso y los niños soldados- forma parte de nuestro esfuerzo para acabar con la inmigración ilegal. Además, el Gobierno está trabajando para rebajar los costes del envío de remesas desde EE UU. No obstante, la acción más importante en este sentido es la propuesta que hizo Bush, en 2003, para establecer una nueva colaboración con México que incluya un programa de trabajadores temporales capaz de armonizar la mano de obra y los mercados. El presidente propuso una forma de convertir un proceso que, demasiadas veces, es ilegal, ineficaz e inhumano, en otro que respete la ley, tenga sentido desde el punto de vista económico y comprenda que, sobre todo, los trabajadores son seres humanos.

Todo eso está muy bien, pero estos principios no tienen por qué limitarse a nuestras fronteras. En cualquier sitio, la inmigración ilegal menoscaba el Estado de Derecho, presenta riesgos de salud pública y seguridad y arruina vidas. Además, la inmigración ilegal alimenta a la criminalidad organizada, que trafica con personas con la misma falta de escrúpulos que cuando trafica con drogas y armas. Las muertes de personas desesperadas en contenedores, camiones sin ventilar y sucias bodegas de buques cargueros dejan bien patente qué es lo que está en juego. La inmigración ilegal es un desafío mundial, así que es preciso abordarla a escala mundial. Debemos duplicar nuestros esfuerzos para establecer relaciones internacionales de colaboración que nos permitan resolver este terrible problema.