La ley del más fuerte

Vivimos en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada en la que las leyes marcan y definen nuestros caminos. Sólo hay un problema, ¿quién hace esas leyes? Naturalmente, el Congreso, el Gobierno, los legisladores, abogados.... Entonces ya hay varios problemas: ¿todos estos señores que saben tanto de leyes saben realmente algo de derecho? Y me refiero a los derechos, a esos que reclamamos cuando exclamamos: ¡No hay derecho! En ese momento no nos quejamos de que no haya legislación sino que esa legislación no se adapta a los derechos. Hay un derecho natural, primero de todos, marcado por la propia esencia humana que defiende sobre todas las cosas el derecho a la vida, después existe también el derecho al trabajo, incluso el derecho a una vivienda..., todos reconocidos en las leyes internacionales. Sin embargo, todas ellas se infringen gracias a leyes menores, como el derecho a la propiedad, que puede derivar en el derecho a la especulación inmobiliaria, o el derecho al despido libre. En estos días se debate la dificultad para que la industria farmacéutica libere sus patentes y se puedan fabricar genéricos que salven millones de vidas en todo el mundo. La industria de la pastilla deniega, y la ley le protege, la ley de patentes, la ley de propiedad intelectual le defiende. Están en su derecho y actúan según la ley. Los ilegales son los que se mueren de SIDA, malaria o de cualquier tontería que en occidente significa una semana en cama. Ellos están fuera de la ley, y punto.

En una escala claramente más light , se debate la ley de derechos de autor. Es el Ministerio de Cultura a través de sus abogados, quien ha preparado un proyecto de ley restrictivo basado en el espíritu recaudatorio propio de los tiempos actuales, en un Occidente en el que prima la ley del máximo beneficio sobre cualquier otra ley y, sobre todo, sobre el derecho natural. La necesidad de difundir la cultura, esa idea esencial de que la cultura de una época, de una sociedad, se cimienta sobre esa misma cultura y nos pertenece a todos, se apaga lentamente. Esta ley que seguramente se aprobará y que solamente se ha negociado con las agencias recaudatorias SGAE y VEGAP, nos orienta hacia una sociedad en la que el arte es un objeto artístico, producto de comercio, venta y beneficio, y por consiguiente, especulación. Hacia una sociedad donde el disfrute del arte es cada vez más caro y más minoritario. El valor aurático de la obra de arte, la capacidad del conocimiento y de la cultura para mejorar una sociedad y para mejorarnos a todos y cada uno no se contempla. Sin duda la protección de la propiedad, casi siempre privada, no es el derecho que nos ampara y beneficia a la mayoría, sino solamente a los que pueden ser propietarios. Pero los abogados hacen las leyes y los gobiernos las aplican. En estas condiciones la sociedad sólo puede ser transgresora, un papel que tradicionalmente tenía el arte y por supuesto los artistas.

Las leyes las hacen los que pueden hacerlas, los más fuertes. Pero no deberían hacerse en contra de aquellos a los que se les va a aplicar, para ejercer ese poder no hace falta la ley sino la fuerza. La cultura y el conocimiento no se pueden legislar en función de un rendimiento económico, porque es una inversión de muy baja rentabilidad.