Despidos tras la privatización de Telefónica: Otro claro ejemplo de expolio social premeditado

Pero la innovación tecnológica hico posible que un aparato de telefónica móvil pasase de costar unas 500.000 de las antiguas pesetas a unas 40.000 y su tamaño del de una caja de zapatos o otro 10 veces más ligero y pequeño.

En poco tiempo se alcanzó 1 millón de usuarios, algo extraordinario para la época y en los años posteriores la previsiones quedaron siempre cortas superando con creces los 10 o 12 millones actuales. El negocio de la telefonía móvil era ahora lo más rentable de la empresa y como siempre pasa, el gran capital no estaba dispuesto a quedarse al margen de ese negocio.

En 1994 se aprobó la segregación de Telefónica en varias empresas, que supuso la transmisión de negocios a algunas empresas filiales constituidas el efecto, con la consiguiente transferencia de activos, personal y sistemas de gestión.

Desde el Sindicato Federal de Telefónica de la CGT, que en los últimos años había incrementado fuertemente su implantación en la empresa, se inició una campaña de movilizaciones en contra de las segregaciones, especialmente contra la de la Telefónica Móvil, con la consiguiente transferencia de personal y patrimonio. Una vez más la cúpulas de los sindicatos UGT-CCOO en la empresa sirven a los intereses de la empresas acordando el pase "voluntario" de plantilla y permitiendo la segregación de actividad.

Como las telecomunicaciones son un gran negocio y el gobierno autoriza en diciembre de 1995 la segunda licencia de telefónica móvil GSM a manos de la empresa privada Airtel. Ese mismo año Telefónica finaliza la segregación de móviles, pasando la gestión de este negocio a manos de Telefónica Servicios Móviles SA.

Ese mismo año se el Gobierno decide desprenderse de un 12% del capital de la Compañía Telefónica, hasta entonces en manos del Patrimonio del Estado. Es el propio estado el que promueve un "núcleo estable de accionistas", formado por los bancos Bilbao-Vizcaya, Argentaria y la Caixa, antes de sacar a bolsa 100 millones de acciones. El estado conservaba aún 20% del capital de la empresa.

El gran capital desembarca así en la telecomunicaciones siguiendo los pasos ya realizados en EEUU e Inglaterra y repitiéndose una vez más lo ya ocurrido en otros sectores: Inversión pública cuando no hay rentabilidad y privatización de las empresas cuando se producen grandes beneficios.

En este periodo comienza la eliminación definitiva de lo que era la Compañía Telefónica con casi 80.000 trabajadores. Ya no era suficiente subcontratar todo el trabajo nuevo que no podía ser cubierto con la plantilla actual y tampoco se conformaban con las segregaciones de actividad pasada a empresas del grupo. El capitalismo salvaje que en estos años comenzaba a imponerse, quería disponer del mayor beneficio posible y para ello, ante la incapacidad de los gestores, solamente supieron destruir las acondiciones laborales.

Recogido en el propio Convenio Colectivo 97-98 , firmado por los sindicatos socios y accionistas junto con Telefónica, se inicia el proceso de reducción de plantilla. Un plan de bajas "voluntario" pagado íntegramente por la empresa comenzó con la primera reducción de plantilla.

Con la llegada del PP al gobierno se incrementan y aceleran las medidas capitalistas. Así, en 1997 el gobierno tomó la decisión de mal vender el paquete de acciones que el estado aún poseía y que equivalía al 20,9% del capital. Un año más tarde el gobierno decidió que el segundo operador de telefonía se construyera en torno a la empresa pública Retevisión. Finalmente, se adjudico el 70% a un consorcio encabezado por Endesa y Telecom. Italia, manteniendo el estado 30% de Retevisión. Produciéndose la paradoja que el segundo operador resultaba se "más público" que Telefónica ya totalmente privatizada.

Para continuar con el proceso de destrucción de empleo, el Gobierno pone de presidente de Telefónica al especulador bursátil Juan Villalonga, amigo personal del presidente Aznar. Este inicia un periodo de burbuja especulativa creando empresa ficticias como Terra, invirtiendo grandes cantidades de dinero en países de América latina, adquiriendo nuevas licencias a costes desorbitados y comprando emisoras de radio y TV (onda 0 y Antena 3 entre otros) que han servido fiel mente a los intereses del actual gobierno.

Con este panorama y tan sólo unos meses después de desprenderse el estado de la empresa, Telefónica, UGT y CCOO firman el primer Expediente de Regulación de Empleo(ERE), cuya financiación corría a cargo de los presupuestos del Estado. Más de 12.000 personas se verían afectadas de nuevo por unas medidas "voluntarias" que como ya pasó en el plan de bajas de 1997, no tuvieron nada de voluntarias y las presiones y amenazas llegaron a ser recogidos por algunos medios de comunicación.

Mientras todo esto ocurre, la subcontratación en telefónica aumenta cada día y las empresas del grupo, especialmente las que disponen de unas condiciones laborales más precarias, como la de telemarketin Atento, pasan en sólo 5 años de 300 trabajadores a 8.000, con un porcentaje de eventualidad del 98% y con sueldo una tercera parte que el recibido por la plantilla de Telefónica en esa misma actividad. Cada trabajador prejubilado en Telefónica es sustituido por un contrato eventual en una subcontrata o empresa del propio Grupo Telefónica, que ya está formado por más de 100 empresa.

El pasado mes de junio, es autorizado por el Gobierno el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia en una empresa privada, que supondrá la destrucción de 15.000 puestos de trabajo fijos, ha sido presentado por Telefónica y aprobado por el gobierno sin ninguna traba o impedimento.

Una empresa que llegó a tener hace apenas 12 años una plantilla de casi 80.000 trabajadores, todos fijos y regulados por un convenio de empresa especifico que garantiza unas condiciones mínimas se quedará en 2005 con tan sólo 25.000 empleados.

El proceso histórico de la Compañía Telefónica, ejemplo de lo ocurrido con otras muchas empresas, evidencia como los estados se convierten en meras marionetas del las multinacionales y el gran capital. Invirtiendo cuando no es rentable para ellos y privatizando la empresa cuando se producen beneficios.

Da igual que se incumpla los requisitos por el Estatuto de los Trabajadores para proceder a un Expediente de Regulación de Empleo, no importa que el estado malvendiera una empresa que tenia grandiosos ingreso y ahora, no solo no perciba el ingreso de esos dividendo, sino que además subvenciona la destrucción de empleo con el dinero de todos los contribuyentes.

Los jueces, medios de comunicación y administración en general se convierten junto con UGT-CCOO, Telefónica y Gobierno en cómplices de un modelo social basado en la explotación laboral, la subcontratación y la des regularización de todos los derechos laborales adquiridos tras años de luchas y movilizaciones.