Despidos tras la privatización de Telefónica: Otro claro ejemplo de expolio social premeditado

El mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia en una empresa privada, que supondrá la destrucción de 15.000 puestos de trabajo fijos, ha sido presentado por Telefónica y aprobado por el gobierno sin ninguna traba o impedimento. Se da la paradoja que Telefónica, siendo pública, disponía de más de 75.000 trabajadores y obtenía grandiosos beneficios que repercutían en las arcas del estado, tras su privatización en 1997 el estado ha subvencionado a la empresa la destrucción de 25.000 puestos de trabajo fijos. Esto es simplemente un paso más de un plan elaborado desde hace años por la dirección de la empresa.

El escándalo salto a la luz publica tras las pasadas elecciones municipales, primero fue el anuncio de Telefónica para reducir su plantilla en 15.000 personas, pero esto sólo era un avance de lo que se venia encima. Más de 100.000 empleos están siendo destruidos a través de ERE´s en empresas como RENFE, Vía Digital, Altadis, Ebro, Iberdrola, Juliatours, Iberdrola, Nissan, Valeo, Iveco, Hildisa, etc.

Esto, que difícilmente podría justificarse ante la necesidad de una reconversión industrial, se produce en una empresa privatizada hace tan sólo unos años por el mismo gobierno que subvenciona la destrucción de más de 25.000 puestos de trabajo.

La Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) nace como Sociedad Anónima el 19 de abril de 1924, su capital ascendía a un millón de pesetas, repartido en 2000 acciones ordinarias cuyo control ostentaba la empresa americana ITT.

Cuatro meses después Alfonso XII autoriza al gobierno a contratar con la Compañía Telefónica la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional. Como consecuencia se fiema el primer contrato entre el Estado y la CTNE, según el cual éste cedía a la nueva empresa, todas las instalaciones y líneas que explotaba directamente, es decir se produce la primera privatización.

Al poco tiempo de su fundación la Compañía Telefónica se había hecho con todas las concesiones excepto dos: la de Guipúzcoa, que no caducaba hasta 1950 y la urbana de San Sebastián, de concesión ilimitada, naciendo así el monopolio de un servicio público a manos de una empresa privada.

Primero tras la expropiación durante la dictadura de Primo de Rivera y después con la llegada de la República se cuestionó la legalidad del contrato firmado por el anterior gobierno y se solicitaba su anulación. Era demasiado escandaloso que una empresa, a los 4 meses de su creación, se hiciera con el control absoluto de las telecomunicaciones en España, tras ceder el estado todas las líneas e instalaciones de su propiedad. En diciembre 1932, Manuel Azaña valida definitivamente el contrato, dejando en manos de una multinacional americana (ITT) el control de las comunicaciones estatales.

En 1945, la dictadura franquista decidió que las acciones de la CTNE, propiedad dela International Telephone and Telegraph Corporation pasaran a ser propiedad del estado, pasando así el estado a controlar el 79,6% del total de acciones. Este hecho tuvo consecuencias favorables para los trabajadores, estableciendo un nuevo régimen de remuneraciones saláriales y aumentando la plantilla hasta llegar a los 14.723 empleados en 1950.

Sin duda el estado compró las acciones ante la necesidad de realizar grandes inversiones en ampliar la red telefónica, ya que la demanda de líneas nuevas era muy superior a la capacidad de instalarlas. Una vez más el estado se hace cargo de una empresa privada para invertir grandes fondos públicos.

En 1965 la CTNE era la primera empresa del país, con 20.000 millones de capital y 32.000 empleados en su plantilla. La expansión era continua y cada vez más rápida.

En enero de 1988 se publicó la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) que regulaba el nuevo marco de actuaciones, comenzando así un nuevo periodo de grandes cambios en la empresa y sobretodo para usuarios y trabajadores.

Poco a poco se fue elaborando un plan para eliminar miles de puestos de trabajo fijos y con unas condiciones laborales dignas, fruto de la lucha durante años de los trabajadores de la empresa. La precarización creciente del mercado laboral, con personas jóvenes y cualificadas laboralmente, hacían que ya no fuese necesario disponer de plantilla propia a la cual se debía formar durante meses para que pudiesen desarrollar correctamente su trabajo. Ahora era posible disponer personal formado y de titulados universitarios para realizar trabajos especializaos, pero con condiciones económicas muy bajas, subcontratados y además eventuales.

El futuro laboral que esperaba a la generación de personas más preparada de la historia se estaba forjando y los gestores de Telefónica no estaban dispuestos a quedarse al margen de semejante rapiña laboral.

Lo primero que necesitaba le empresa era librarse de cargas, hasta ese momento la plantilla de Telefónica tenia su propia Institución Telefónica de Previsión (ITP), estando al margen de la propia Seguridad Social. Era la empresa la responsable de pagar la jubilación de los trabajadores o cubrir sus bajas laborales y además en unas condiciones muy superiores a lo establecido por la Seguridad Social. La jubilación era a los 60 años y con el 100% de las prestaciones, frente a los 65 años de la Seguridad Social.

En varias ocasiones intentó la empresa eliminar la ITP, siempre en colaboración de UGT o CCOO. En esa época estos sindicatos estaban enfrentados por alcanzar sus respectivas cotas de poder, así primero fue UGT quién sometió a la plantilla de la empresa a un referéndum para disolver la ITP, el rechazo fue rotundo. Pero poco más tarde CCOO realizó de nuevo otro referéndum, fracasando también en sus pretensiones.

Tras dos referéndum y dos fracasos tanto de la empresa como de UGT y CCOO que la abalaban hubo un cambio de estrategia. Mientras la empresa seguía defendiendo la necesidad de eliminar la ITP, desde estos sindicatos y ante la exigencia de la plantilla, se inició un periodo de movilizaciones, que todos recuerdan como las mayores de todas las realizadas nunca en Telefónica. Mientras los trabajadores de todo el estado se manifiestan en Madrid, UGT y CCOO, ahora juntos, pactaban con al empresa la disolución de la ITP y la creación de un Plan de Pensiones, donde actualmente UGT-CCOO monopolizan la comisión de control del mismo y disponen de un 19% de las acciones ofertadas por la empresa a un precio simbólico. La plantilla se siente traicionada y muchas personas abandonan la afiliación a estos sindicatos. El descontento es generalizado y hoy en día aún hay personas que se niegan a movilizar recordando estos hechos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) en la empresa, con una pequeña implantación en ese momento, advirtió que tras la disolución de la ITP la empresa tenia las puertas abiertas para proceder a los despidos, reducción de plantilla y división de la empresa. La mayoría, como el avestruz, preferían no creer en ese mensaje, tachándole de catastrofista. Por desgracia, el tiempo desde 1988 hasta la actualidad ha ido dando la razón en la empresa.

Pronto comenzaron a surgir nuevas áreas de negocio, sin duda la más emergente fue la Telefónica Móvil. Con el patrimonio de lo que era una empresa todavía pública, se creó una red de cobertura, primero para la telefónica móvil analógica y unos años más tarde para la digital (GSM). La inversiones en ese momento eran aún muy costosas y sólo una gran empresa pública como telefónica podía permitirse prestar este servicio que tenia apenas unos miles de clientes y su rentabilidad era negativa.