Rechazando el proyecto europeo con nuestro NO a la Constitución Europea

La CEu garantiza el mercado único europeo que en 1993, por medio del Tratado de Maastricht (y posteriormente el de Ámsterdam), estableció las reglas hasta la circulación física de la moneda única en el 2002. Estos tratados fijan las condiciones de convergencia europea en la estabilidad de precios, los tipos de interés y la paridad de las monedas. Las dimensiones sociales, ambientales y políticas del Tratado quedan postergadas. Pero las bases sentadas en Maastricht no han sido suficientes para afrontar el nuevo desafío de la UE: convertirse en una superpotencia. Así ya ha empezado a luchar por la hegemonía mundial con EEUU. Para ser una superpotencia la UE necesita aumentar el territorio bajo su control directo (con sus consumidores/as, trabajadores/as, materias primas e industria), lo cual explica la ampliación al Este. Además, una superpotencia tiene que ser un poder político y militar de primer orden.

Éstas son las dos facetas fundamentales que se intentan abordar en el proyecto de Constitución: sentar las bases del reparto de poder interno y avanzar definitivamente hacia la creación de un poder militar que respalde al euro. Todo ello blindando las políticas neoliberales que caracterizan a la Unión. La CEu reglamenta las políticas y el funcionamiento de la UE, dedicando el capítulo I al mercado interior y el capítulo II a la política económica y monetaria. Asimismo la CE define los fines y objetivos del Banco Central Europeo (BCE), que son absolutamente incompatibles con cualquier avance social, y le confirma su plena autonomía respecto a cualquier órgano representativo o político.

La CEu dota de competencias exclusivas a la UE para "establecer las normas sobre la competencia necesaria para el funcionamiento del mercado interior y en los ámbitos siguientes: la política monetaria de los Estados miembros que hayan adoptado el euro y la política comercial común". Esta estrategia de política-económica garantiza la seguridad y confianza de los grandes inversores y grandes corporaciones transnacionales, a las que se "oferta" un mercado de 450 millones y unas reglas de juego que les permiten competir en condiciones óptimas, en este juego salvaje que supone la globalización capitalista. Condiciones que implican, por una parte, rebaja de costes laborales generalizados: ya no se tiene derecho al trabajo, sino a trabajar; el supuesto "pleno empleo" para el 2010 -fijado en la Cumbre de Lisboa (2000)- obliga a desreglamentar la jornada laboral por encima de las 48 horas semanales, aumenta la temporalidad y fragilidad en los contratos, y, por tanto, la precariedad de buena parte de la sociedad. La negociación social y laboral a la baja tiene sus secuelas: expedientes de empleo, despidos masivos, deslocalizaciones internas y externas y fomento de la competencia entre los trabajadores/as de los países centrales con los empobrecidos.

Por otra parte, la desaparición de costes como los soportados por el denominado estado de Bienestar: prestaciones de desempleo, pensiones públicas suficientes, prestaciones para personas con discapacidad y dependientes, políticas de igualdad y erradicación de la exclusión y pobreza. Ni en el proyecto político de la UE, ni en la CEu, existe un reconocimiento claro de los servicios de interés general no comerciales, es decir, el derecho a los servicios públicos fundamentales: pensiones, sanidad, protección ante contingencias de desempleo, dependencia, educación, agua; ni tampoco políticas contra la pobreza y la exclusión o el derecho a un medioambiente limpio.

Hoy los servicios públicos se encuentran seriamente amenazados por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en el marco de la Organización del Comercio (OMC), y que en la UE toma el nombre de "Directiva Bolkestein" [ 6 ] , supeditando los mismos a la lógica del mercado. La CEu considera a millones de personas inmigrantes como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Fijando las políticas migratorias de forma común, el objetivo que se establece es "una gestión eficaz", que en la práctica supone blindar las fronteras y dejar a este colectivo sin derechos de primera clase. Su permanencia en los estados de la UE queda condicionada a las necesidades de la economía, y del mercado.

La CEu hace una verdadera apuesta por la militarización en sus relaciones exteriores, obligando internamente a todos los estados miembros "a mejorar progresivamente sus capacidades militares", aumento del gasto militar, con el consiguiente retraimiento de partidas sociales y ambientales. Además se consolida la dependencia del eje euro-atlántico de la OTAN.

Además, las políticas plasmadas en la CEu, en definitiva, las decisiones políticas sobre comercio e inversión, las políticas energéticas y de transporte, los modelos agrícolas y de ordenación del territorio, los impulsos a los procesos de liberalización y desregulación tienen graves impactos sobre el medio ambiente a escala tanto local como global. Es imposible alcanzar la sostenibilidad en un sistema pensado para comerciar a grandes distancias aumentando constantemente los niveles de consumo.

El orden social que la UE y la CEu consagran, tiene en la competitividad su lógica liquidadora de las necesidades colectivas, de los derechos sociales. La UE se encuentra atrapada en su retórica por la gobernabilidad global y está dominada por las grandes corporaciones transnacionales y por órganos de poder carentes de control democrático: BCE, Comisión Europea. Sólo le interesamos si nuestra demanda, nuestro consumo, es solvente. Sólo en este sentido podemos explicarnos que una cantidad cada vez mayor de seres humanos han sido declaradas prescindibles.

Importa poco el destino de los excluidos, quizás aún menos de sus culturas, sus entornos, sus valores, sus identidades, sus formas de producir, de distribuir... a no ser que sean reducidos al imperativo del mercado. Este es el mundo posible que hoy tenemos.

Por todo lo anterior, nuestro NO a la CEu, es un NO radical de rechazo a este modelo de construcción europea que desprecia la democracia, constituye la economía desde el mercado y no desde la sostenibilidad de la vida; niega la libertad y los derechos esenciales de las personas migrantes; y basa sus relaciones internacionales desde la desigualdad, el desprecio y la guerra.