Anatomía de una crisis anunciada y políticas eficaces

Por último, en este capítulo de competitividad, dos medidas ambiciosas y necesarias para competir internacionalmente en condiciones ventajosas que exigen superar la politización creciente de nuestro país. Un Plan Marca España, para difundir una imagen del país en el mundo que sea consistente con el tamaño y riqueza de nuestra economía, lo que obligaría a coordinar la política exterior con la internacionalización de nuestras empresas, a una modificación profunda de nuestros instrumentos de actuación exterior y a poner orden en el creciente despilfarro e incoherencia autonómica en la materia. Y una reforma judicial para aumentar la rapidez y previsibilidad de las decisiones judiciales, porque la justicia es un instrumento competitivo en la nueva economía global y uno de los factores clave en la atracción de inversiones. Además de una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, la situación de la justicia española es un pasivo económico, una rémora en nuestro atractivo internacional y un coste importante en términos de eficiencia, como afirman repetidamente todos los estudios internacionales públicos y privados. Una situación que sólo puede empeorar con la segunda oleada estatutaria que amenaza con romper la unidad de criterio interpretativo.

El Estado de las Autonomías ha sido el gran descubrimiento de los padres constituyentes. Ha supuesto también un éxito económico considerable. El grado de descentralización fiscal en España es ya comparable al de los países representativos del federalismo clásico. Pero la demanda de descentralización, por muy sentida que sea por la población, no está fundamentada en una supuesta ganancia de eficiencia, ni de productividad. No existe una relación estadísticamente significativa entre un proceso creciente de descentralización y una mayor eficiencia económica reflejada en un mayor crecimiento [ 8 ] . Por muy acertado que sea políticamente, que lo es, no es indiscutible que el Estado de las Autonomías haya mejorado nuestra competitividad como país.

La multiplicidad de Administraciones y el aumento de la producción normativa que conlleva están generando no sólo una inflación regulatoria sino también un deterioro de la calidad de la regulación. La experiencia de estos años demuestra que las Comunidades Autónomas exhiben una clara tendencia hacia actitudes intervencionistas y discrecionales, porque la cercanía a los administrados hace sus intervenciones más visibles, porque hay una presunción de simpatía hacia el proteccionismo local y porque hay una voluntad política, en algunos casos una verdadera necesidad, de reafirmar su capacidad de actuación. Vito Tanzi, antiguo director del departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional y economista de reputación y experiencia internacional, acaba de publicar un trabajo muy interesante que cuestiona directamente esa presunción de que la des centralización aumenta per se la calidad en la provisión de los servicios públicos [ 9 ] .

Para superar esta contradicción y para hacer sostenible el Estado de las Autonomías obteniendo toda su potencialidad, hay que atreverse a reformarlo. Nada puede ser intocable en un mundo global y mucho menos un determinado reparto competencial, producto efímero e inestable de equilibrios políticos y mayorías aritméticas, como acabamos de comprobar. La Administración Central del Estado ha de recuperar y hacer uso de las competencias básicas de coordinación y planificación económica que le reconoce la Constitución de 1978, para lo que sería conveniente una Ley de Coordinación entre Administraciones Públicas que reconozca la supremacía del poder central y establezca mecanismos de superación de conflictos y conformación de la voluntad nacional que no pueden ser tan complejos como en la Unión Europea.

Otra propuesta que contribuiría a mejorar la calidad y eficiencia de nuestro marco regulatorio sería exigir que toda norma que se apruebe tanto en el Parlamento Nacional como en los Autonómicos lleve además de la Memoria Económica, un Estudio específico de su impacto en la Unidad del Mercado Español, con lo que al menos los proponentes tendrían que explicitar los costes de la norma y cabe pensar que tendría un cierto efecto disuasorio sobre esa voracidad regulatoria. Sería igualmente deseable rescatar del olvido en una subdirección general la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y convertirla en una auténtica agencia con todas las garantías al uso de independencia y transparencia para realizar un control ex post de la calidad de las normas, con competencias específicas también sobre las normas autonómicas; promover un gran Pacto de Estado en materia de simplificación administrativa y mejora de la regulación que apruebe un Plan Nacional y cree una Comisión Nacional encargada de aplicarlo; y asumir formalmente el compromiso de que cualquier nueva pieza legislativa o regulatoria ha de derogar explícitamente al menos una norma anterior, lo que llaman en el Reino Unido "one in, at least one out" . Hacer ese compromiso extensible a todas las Comunidades Autónomas sería una condición necesaria de efectividad.

He intentado hacer y explicar un diagnóstico realista de la recesión económica que no es una crisis distante ni distinta como sigue pensando el Gobierno, sino una crisis tradicional de la economía española, que siempre ha encontrado en la restricción externa su factor limitador, que se complica por la imposibilidad de utilizar las herramientas clásicas, el tipo de cambio y los tipos de interés. Es una crisis de competitividad por agotamiento de los factores expansivos que han explicado el largo período de prosperidad, producto de años de complacencia y parálisis reformadora y que además ha coincidido con una economía internacional en cambio profundo por la aparición de pujantes economías emergentes, trastocada por un cambio permanente en los precios relativos de la energía y asolada por una crisis financiera muy profunda. Pero el problema es interno. Como ya se ha dicho, España ha dejado de ser sujeto de crédito, y recuperar la credibilidad exige algo más que tímidas medidas de impulso de la demanda efectiva que sólo aspiran a ganar tiempo hasta que otros resuelvan su problema.