Anatomía de una crisis anunciada y políticas eficaces

Los países y no sólo las empresas compiten entre sí en la nueva economía global para atraer inversión física, financiera y capital humano. Algunos llegan a decir incluso que compiten las ciudades, pero es lo mismo, compiten las unidades administrativas que usan sus competencias normativas y regulatorias para crear un clima de negocios atractivo. Ése es el mantra de la nueva economía del desarrollo, y por eso los informes de organismos internacionales como la OCDE, Banco Mundial o bancos regionales de desarrollo resultan tan determinantes, y tan polémicos, en la configuración de la opinión pública de la comunidad internacional. Y lo más suave que se puede decir es que no salimos bien parados como país en esas comparaciones [ 7 ] , precisamente por el peso, complejidad y deficiente calidad de la regulación, habiéndose experimentado un cierto retroceso de la seguridad jurídica. El sistema fiscal tiene también algunas deficiencias comparativas. Por eso existía ya un amplio consenso técnico, que finalmente ha alcanzado al Gobierno, acerca de que se requiere una disminución de la carga fiscal que soportan los emprendedores y las empresas. En concreto, se necesita la supresión de los impuestos sobre sucesiones, donaciones y patrimonio y evitar la penalización internacional que para nuestras empresas supone el impuesto sobre sociedades, reduciendo los tipos impositivos al nivel de los países más competitivos de Europa y eliminando la discrecionalidad en las desgravaciones.

Pero la competividad es una política de largo plazo que se basa en la calidad del sistema educativo de un país y su engarce con el tejido productivo. Y lo menos que podemos decir es que no salimos bien parados en la foto que nos proporciona el Informe PISA, con todas sus limitaciones la referencia internacional en la materia. Aparte de las cuestiones específicas del mundo educativo que acertadamente señalan los especialistas en la materia, me gustaría añadir la necesidad, desde el punto de vista de la productividad de los factores, de recuperar las competencias del Gobierno central en materia educativa y asegurar que los objetivos de la enseñanza obligatoria se enfocan hacia la adquisición de competencias básicas en un mundo global: lengua española, matemáticas, inglés y nuevas tecnologías. Objetivos evidentes, pero demasiado frecuentemente secundarios en unas administraciones educativas volcadas en la "construcción nacional" o en la propagación de una determinada manera de ver el mundo.

En el capítulo laboral varias son las medidas necesarias más allá de las lógicas y repetidas llamadas a la moderación salarial. El Gobierno ha delegado la responsabilidad en el acuerdo social, otorgando una especie de veto a sindicatos y patronal de dudosa legitimidad democrática y que además a nadie favorece, pues en el juego de imagen y símbolos en que se ha convertido la política sindical prescindir del papel de malo atribuido por definición al Gobierno no parece una buena idea. En cualquier caso, la necesidad de minimizar el impacto de la recesión en el desempleo y de aumentar las posibilidades de una recuperación sostenida exige trabajar para que la negociación colectiva se desvincule de la inflación pasada, de la recuperación de la capacidad adquisitiva, estrategia que sólo lleva a alimentar inflaciones futuras. Se dice frecuentemente que la escalada del precio del petróleo nos ha hecho más pobres a todos los países importadores. Es una obviedad. Pero luego se alimentan peligrosas expectativas de que algunos sectores productivos pueden escapar de esa lógica y salir inmunes si consiguen fuerza suficiente para trasladar el impacto a otros. Surgen así fenómenos de protesta social que persiguen siempre el mismo objetivo, traspasar al Gobierno, a fin de cuentas el dinero público no es de nadie ha llegado a decir una ministra, o a los consumidores el coste de la subida del petróleo. La actitud gubernamental ha de ser firme para impedirlo; lo contrario pone en marcha una espiral de reivindicaciones sociales y salariales, un sudoku social, tan imposible de resolver como el territorial, porque es igualmente un juego de suma cero.

Pero gobernar exige anticiparse a los acontecimientos y crear las condiciones institucionales que favorezcan la adopción de decisiones eficaces, de equilibrios ganadores. Vincular la negociación colectiva a la competitividad exterior y no a la inflación pasada, como hacen los países más dinámicos y abiertos a la competencia como Holanda, sería uno de esos equilibrios ganadores. Es una medida polémica pero ha sido posible en países donde los agentes sociales eran perfectamente conscientes de lo que se jugaban en el envite. En España, con el déficit exterior más alto de la OCDE por razones estructurales, debiera parecer una obviedad. Es en cualquier caso una estrategia de futuro, mucho más acertada que seguir recurriendo a fórmulas imaginativas para intentar descontar de la negociación sobre la inflación aquellos bienes que han subido mucho de precio. Porque hay que romper la cultura de la inercia, de los derechos adquiridos, del que me quede como esté, como guía de la negociación social. Por eso es conveniente también poner encima de la mesa en tiempos de crisis el fin de la ultra-actividad de los convenios, su prórroga automática si no hay acuerdo, porque supone consolidar condiciones laborales y productivas asumibles en tiempos de bonanza y perpetuarlas en las crisis. Un camino seguro para hacer mayor la destrucción de empleo.

Como lo es el elevado coste del despido en España y su judicialización excesiva. El Gobierno había introducido en la discusión sobre el mercado de trabajo el concepto de flexiseguridad, una noción de origen danés que en síntesis significa que se protege al trabajador mediante políticas activas y no a través de fijarlo en el puesto de trabajo, por lo que abaratar el despido sería un camino lógico en esa dirección. Permite reducir los costes fijos de empleo y abaratar la necesaria restructuración del sector construcción-inmobiliario sin caer en costosos y largos expedientes de regulación de empleo, especialmente complejos en un sector tan atomizado como éste. La reconversión del sector es inevitable. La construcción ha de ajustarse a cifras de producción y empleo sostenibles, y será muy difícil evitar un exceso de frenada, un overshooting que se llama técnicamente, durante años. Facilitar ese ajuste con medidas laborales parece también conveniente. Favorecer la movilidad geográfica y funcional de la mano de obra con una reforma a la alemana o a la francesa de las prestaciones de desempleo es otra medida pendiente en la siempre pospuesta reforma del mercado de trabajo. Nos estamos quedando atrás incluso respecto a nuestros propios socios europeos continentales, y en una crisis como la que se nos viene encima nos puede pasar una factura muy alta. Tenemos un sistema de relaciones laborales ineficiente por rígido e injusto por dual. Ha llegado la hora de acometer su reforma en profundidad mediante la superación del Estatuto de los Trabajadores de 1980, un texto y un consenso que responde a otras circunstancias sociales y políticas y a otra economía.