Anatomía de una crisis anunciada y políticas eficaces

Este Gobierno ha carecido de una verdadera política de competencia, que ha permanecido subordinada a la creación de grupos empresariales políticamente afines, los llamados campeones nacionales, y se ha caracterizado por la ocupación política de los organismos reguladores, con personas con carnet socialista y una dilatada hoja de servicios políticos al Partido. Se han preferido políticos tecnócratas a técnicos con orientación ideológica más o menos afín pero independientes. Y en los escasos casos en que esa norma no se ha cumplido, han acabado teniendo que dimitir ante las injerencias del poder. Creyendo ingenuamente en la omnipotencia del Estado y en el efecto relocalizador de un discutible efecto sede, se ha llegado a trasladar geográficamente un organismo regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, poniendo en cuestión su eficacia y la carrera profesional de sus trabajadores, para satisfacer veleidades de poder territorial y provocar así el cese de su presidente. Con resultados perfectamente previsibles para alguien que se hubiera molestado un poco en leer la literatura sobre localización industrial y la historia económica reciente del Mezzogiorno italiano.

Es por ello urgente la reforma definitiva de los organismos reguladores, dotándoles de plena autonomía económica y funcional, siguiendo el modelo del Banco de España pero asegurando que se respetan los acuerdos de composición de sus órganos de gobierno y se les confiere plena capacidad ejecutiva para determinar las tarifas reguladas. La despolitización de áreas como la defensa de la competencia, la energía o las telecomunicaciones, es una necesidad democrática y competitiva. El Gobierno puede mantener la última palabra en algunas decisiones concretas alegando razones de interés nacional, pero no puede seguir escondiéndose en organismos presuntamente técnicos para evitar el coste político de sus decisiones. Tampoco parece sensato mantener este frente abierto con la Comisión Europea de manera indefinida. Teniendo en cuenta que la simplificación administrativa, la reducción de las cargas económicas y temporales que soportan los administrados es una condición de eficacia, y que la superposición de competencias entre las distintas Comisiones reguladoras y la Comisión Nacional de la Competencia dilata innecesariamente los procesos y puede incluso dar lugar a inseguridad jurídica, debería plantearse la posibilidad de convertirlas en salas especializadas de la CNC.

El nombramiento de las personas que componen los órganos de gobierno de estas instituciones es tarea compleja, bien lo ilustra el reciente acuerdo para la composición del Consejo General del Poder Judicial, y hay un serio peligro de caer en el sistema de cuotas como mecanismo básico de decisión por mucha mayoría cualificada que se exija. Dada la debilidad de la sociedad civil española y la preponderancia institucional de unos partidos políticos fuertemente encerrados en sí mismos como resultado de la ley electoral, quizás sea necesario, si queremos garantizar su independencia efectiva, mudar hacia un sistema de nombramientos por tiempo ilimitado, hasta la edad oficial de jubilación, y añadir requisitos mínimos de edad y experiencia. Con el tiempo ese sistema asegura que la renovación se produce en paralelo con las mayorías sociales, pero también que ninguna ocasional mayoría política concreta pueda domeñarlo.

Con ser importante, la anterior no es la única medida necesaria para combatir la deriva inflacionista de la economía española. Ayudaría también enfocar la política de competencia exclusivamente en la defensa de consumidor; fortalecer la capacidad de actuación de la nueva Comisión Nacional de la Competencia en relación con las ayudas públicas autonómicas y la creación de entes públicos que desarrollen actividades empresariales para poner fin a la resurrección del INI pero en formato autonómico; proceder a la inmediata trasposición de la directiva europea de servicios, con el objetivo explícito de acabar con las dobles licencias y las obligaciones de residencia física o fiscal en las distintas Comunidades, la aplicación ad-hoc de los test de necesidad económica, demanda de mercado, o compatibilidad con la planificación económica; la complicidad entre el regulador o agencia autorizante y el proveedor local, público o dominante. Debe aprovecharse además para liberalizar horarios y aperturas comerciales y fomentar la competencia entre profesionales.

La reducción de inflación de la economía española exige afrontar con realismo y sin clichés ideológicos el diferencial enquistado en el sector servicios. Para ello debe apostarse decididamente por la gestión privada, competitiva, de los servicios públicos siguiendo el modelo sueco que tan buenos resultados ha dado en Educación y Sanidad [ 5 ] ; potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril mediante un plan específico de infraestructuras que no se vea constreñido al despliegue del AVE y una rápida y efectiva liberalización de la actividad de RENFE; anular de forma inmediata la moratoria nuclear como la única manera seria y realista de poner fin a la insostenible dependencia energética y cumplir los compromisos de Kyoto sin imponer excesivos costes a empresas y particulares, como han reconocido los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios y han pedido la CEOE y las Cámaras de Comercio.

La lucha contra la inflación es una parte sustancial de un objetivo más ambicioso en el que España se juega su futuro económico, como es la búsqueda de su lugar en la nueva economía global, en la nueva división internacional del trabajo. Un objetivo que significa posicionarse como una economía competitiva de altos salarios, alto valor añadido y elevada productividad. De cómo se resuelva la crisis, depende que España pueda convertirse en algo más que la Florida de Europa, la zona residencial de los jubilados europeos, competitiva por su buen clima, parque inmobiliario y calidad de vida, para ir acercándose gradualmente a ser la California de Europa [ 6 ] .