Anatomía de una crisis anunciada y políticas eficaces

Una reducción general del IRPF que sea compatible con su simplificación en número de tramos y tipos y cuantía de las exenciones y deducciones, parece pues aconsejable tanto desde el punto vista de la política de estabilización macroeconómica como desde las reformas estructurales pendientes. Interesante es también la propuesta de excluir del impuesto a las personas con ingresos inferiores a los 16.000 euros. Interesante aunque compleja, pues a las ventajas en términos de reducción de la carga administrativa que soportan las familias y de simplificación y reducción del gasto fiscal necesario para un determinado nivel de recaudación, y a la evidente mejora de bienestar que supone en términos de evitar cuantiosas devoluciones, hay que contrarrestar la pérdida de compromiso ciudadano que comporta. Excluir del impuesto a siete millones de contribuyentes es un objetivo ambicioso, pero tiene el peligro de ser prácticamente irreversible y supone un alejamiento del ciudadano de sus obligaciones fiscales que puede tener efectos indeseados en cuanto a la propagación de una cultura del gratis total. Por esa razón, de llevarse a cabo, debería ir acompañada de un esfuerzo de la Administración Tributaria para que todo ciudadano reciba en su domicilio su factura fiscal. En los casos en que ésta fuera negativa, esta factura debería cuantificar la magnitud de los subsidios recibidos por esa unidad familiar.

Y no podemos acabar el capítulo fiscal sin aludir a la necesaria sustitución de las cotizaciones sociales por el impuesto sobre el valor añadido. Gravar un recurso escaso, encarecerlo para hacerlo aún menos atractivo, no parece la mejor manera de encarar una situación de recesión que puede llevar al desempleo a cerca de cuatro millones de españoles o residentes. Tampoco ha servido el sistema para aislar las prestaciones sociales del ciclo político o económico. Hemos visto el respeto que tiene el presidente del Gobierno al principio básico del Pacto de Toledo de sacar las pensiones del debate político cuando todos los años abre el curso político anunciando en un mitin la subida de las pensiones. Y hemos constatado, reconocido por el ministro del ramo, cómo la evolución del desempleo obligará al INEM a tirar de los recursos generales del Presupuesto del Estado. Y sabemos que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del que afortunadamente se ha evitado su uso espurio en apoyo de las cotizaciones bursátiles de las empresas inmobiliarias, sólo da para siete meses de pagos. Por lo tanto acabemos con ese impuesto encubierto que son las cotizaciones sociales, que pagan finalmente los trabajadores bajo la forma de menor salario y menor empleo. Y sustituyámoslo por una subida del Impuesto sobre el Valor Añadido, el impuesto menos distorsionador de la actividad económica, y para la que tenemos margen en nuestros compromisos comunitarios. Con ello daremos también un paso en la correcta dirección de la reforma fiscal, gravar la renta gastada y no la generada, con lo que se fomenta el ahorro y la capacidad de crecimiento potencial de la economía.

Estas reformas fiscales, aunque complejas y precisadas de un alto grado de explicación técnica y política, son en cualquier caso preferibles a la extensión de la cultura del subsidio, a la extensión del gasto público discrecional dirigido a colectivos específicos, tan afines a la ideología del

Gobierno, que sólo contribuyen a aumentar el sentido de dependencia del ciudadano respecto de la magnanimidad del poder político, a aumentar el poder discrecional de éste y a despertar poderosos sentimientos de agravio y emulación entre los diferentes grupos sociales. ¿Por qué se subsidia el gasóleo a los agricultores y no a los transportistas?, ¿por qué el agua es más barata para unos usos productivos que para otros?, son preguntas difíciles de contestar para cualquier Gobierno e imposibles para cualquier economista. Lo mismo ocurre con la tendencia a la proliferación de los gastos sociales. No hay una definición técnica ni política precisa de lo que constituye gasto social; es mera retórica útil para la confrontación electoral pero inútil para la recuperación económica. No hay nada más social que crear empleo y ayudar a mantenerlo, y a ese fin debe dirigirse la política económica y también la fiscal, máxime en una crisis de competividad en la que la prioridad ha de ser aumentar la capacidad productiva del país.

Que España tiene un problema de inflación es una obviedad que no necesita argumentación. Que es un problema persistente (el diferencial de inflación con la media europea se sitúa por encima del punto porcentual de manera constante desde nuestra participación en la Unión Monetaria), tampoco. Que afecta seriamente a la competitividad de nuestras exportaciones de bienes y servicios, incluido el turismo, y se refleja gravemente en el desequilibrio comercial exterior más allá del efecto de nuestra elevada dependencia energética, empieza a ser finalmente aceptado con generalidad. Donde ya no parece haber tanto acuerdo es en cómo combatirlo y sin embargo parece una condición necesaria para recuperar el dinamismo industrial y evitar la deslocalización. No se trata de intervenir en la vida de las empresas afectando a los procesos internos de fijación de precios, ni de intimidar a empresarios y comerciantes con la proliferación de Observatorios de precios y aperturas de expedientes informativos por la Comisión Nacional de la Competencia, que luego quedan en nada, para ponerlos en la picota de la opinión pública. Sino de fomentar la competencia en todas sus manifestaciones de manera sistemática y consistente y sin concesiones disfrazadas de política industrial. Tampoco se puede caer en la llamada inflación reprimida mediante la utilización de las tarifas públicas y de los precios regulados con fines antiinflacionistas, provocando déficit de tarifas que luego se monetizan en los presupuestos generales del Estado o crean dificultades financieras y competitivas a las empresas del sector.