Anatomía de una crisis anunciada y políticas eficaces

No todo son debilidades en la economía española. Cierto que también presenta algunas fortalezas, como su superávit fiscal, la solidez relativa de su sistema bancario y la madurez e internacionalización de su tejido empresarial. Algunas de esas fortalezas, como las cuentas públicas que ya han arrojado un déficit superior al 1% del PIB en la primera mitad del año, han resultado meramente cíclicas, vinculadas a una recaudación fiscal extraordinaria en tiempos de bonanza, y efímeras, al haber sido dilapidado el superávit en promesas electorales que en nada contribuyen a aumentar la solidez y competitividad de la economía española pero que elevan el gasto público recurrente y alimentan el déficit estructural y las necesidades de financiación. Otras, como la solvencia del sistema financiero, van a ser puestas a dura prueba ante el crecimiento del desempleo, la morosidad bancaria y la crisis inmobiliaria. Pero en todo caso, esas fortalezas palidecen ante la debilidad que significa depender del crédito y de la opinión externa en momentos de elevada aversión al riesgo, escasez de fondos prestables y explosión de la burbuja de activos. Si a esa realidad le añadimos el daño causado en la imagen país por algunas injerencias políticas recientes en la vida de las empresas que han tenido gran repercusión mediática internacional, como el affaire Endesa, que provocó la dimisión del presidente de la CNMV, la situación es ciertamente delicada. Prueba de ello es que el diferencial del bono español con el alemán, que mide el riesgo país, la prima de probabilidad que los inversores atribuyen a que España no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras internacionales, era prácticamente inexistente y ha crecido hasta 50 puntos básicos.

En síntesis, la crisis financiera internacional, la crisis inmobiliaria son sólo los síntomas de una grave enfermedad, pero no la enfermedad misma. El problema no es que el número de viviendas construidas al año caiga un 50% sino que no existe alternativa creíble en la industria o los servicios para el empleo expulsado, como desgraciadamente empezamos a ver todos los meses en los datos del INEM. España se enfrenta a una restructuración productiva parecida a la que tuvo lugar al principio de la Transición, porque el peso del sector construcción inmobiliario, más del 15% del PIB, es simplemente insostenible y porque se han desperdiciado los años de bonanza para aumentar la productividad y competitividad de la economía, porque era políticamente costoso y porque el presidente Zapatero prefirió gastarse su capital político en otras aventuras. Una crisis económica de libro de texto; no hay nada tan original en la situación española, a la que habremos de enfrentarnos sin los instrumentos tradicionales, sin autonomía monetaria ni tipo de cambio, sin poder devaluar ni modificar los tipos de interés. En esas condiciones, y sin una política económica decidida, lo más probable no es la recesión, sino una larga y dolorosa etapa de estancamiento económico y elevada inflación. Hemos agotado el efecto expansivo del euro y de la inmigración. Ahora nos queda ver la cara amarga de las Uniones Monetarias cuando no se hacen las reformas estructurales en tiempo y forma. Tendremos que ajustar el exceso de gasto sin poder devaluar. Se llama deflación competitiva y exige bajar los salarios reales. Es una crisis de competitividad, no de demanda. Exige políticas de oferta que serán especialmente difíciles desde un Gobierno central vacío de competencias. A este tema le dedicaremos el siguiente apartado porque la salida de la estanflación no será fácil ni incruenta, pero hay maneras de hacerla más rápida y sostenida.

Si la crisis nace de un excesivo endeudamiento de familias y empresas, parece importante que la política fiscal contribuya, en la medida de sus posibilidades, a que recuperen parte de la capacidad adquisitiva perdida como consecuencia, entre otros, de la subida de los tipos de interés. Esto ayudará a sostener el consumo privado y a evitar que crezca excesivamente la morosidad bancaria. En una crisis de confianza parece más adecuado devolver renta a los contribuyentes que aumentar el gasto público. Además de ser una política generalista y no discrecional, que no busca rentabilidades clientelares ni provoca dependencia del poder político, es una medida más acertada para recuperar la confianza en el futuro.

Parece pues adecuada desde el punto de vista coyuntural una rebaja del IRPF que podría aprovecharse para su simplificación, reduciendo aún más los tramos. Si reducir impuestos puede ya ser hasta progresivo, es desde luego la política correcta en una situación de estancamiento económico. Mejorar los incentivos al trabajo contribuye también a aumentar la población activa, y si se acompaña de las reformas adecuadas en el mercado de trabajo y en el seguro de desempleo puede aumentar la tasa de empleo, en la que contamos todavía con un importante retraso respecto a los países líderes en Europa. España tiene una imposición sobre la renta personal que se sitúa en la banda alta de los países de la OCDE, aunque no tanto en comparación europea. Pero en la era de la globalización España compite en el mundo y no sólo en Europa. Por otra parte, la moderna teoría fiscal subraya la necesidad de evitar distorsiones sobre la asignación de recursos y caben pocas dudas de que el IRPF, y las elevadas cuotas a la Seguridad Social, son un factor explicativo adicional de la baja participación laboral en nuestro país. Para hacer esta medida efectiva en la recuperación económica de la presente crisis, debería ir acompañada de un ajuste por decreto de la tabla de retenciones correspondiente ya a este ejercicio 2008.