Merece la pena detenerse brevemente en analizar la evolución del sistema financiero internacional, no sólo porque el desarrollo de esa crisis se ha convertido en la excusa oficial para la falta de previsión y la parálisis política gubernamental, sino también porque nos permitirá conocer mejor el contexto externo en el que se desarrollará la economía española, las condiciones en las que habrá de producirse la recuperación. No se trata sólo ni fundamentalmente de una crisis de liquidez, sino de confianza. Es verdad que la liquidez ha desaparecido de los principales mercados financieros y los bancos centrales han tenido que intervenir concertadamente para evitar un riesgo sistémico. Pero hay que recordar también que los problemas de liquidez acaban convirtiéndose en problemas de solvencia, si duran mucho. Y hemos visto algunos ejemplos de esto. Los grandes bancos internacionales (y las compañías de seguros) publican grandes pérdidas y las vuelven a revisar al alza. Han caído nombres míticos en las finanzas y el proceso de restructuración financiera no ha hecho más que empezar. Los mercados bursátiles han perdido el 40% de su valor, los llamados fondos soberanos, Dubai, China, Corea, etc., han acudido al rescate de la banca internacional y aunque sean bienvenidos, ¿quién más tiene capital disponible? Amenazan con crear un serio problema de buen gobierno.
En este contexto aún incierto y cuyas pérdidas conocidas se estiman ya por encima del billón de dólares, algunos responsables del Gobierno se atrevieron a definir lo que estaba pasando como una mera turbulencia pasajera que apenas tendría efectos reales sobre el crecimiento y el empleo. Hoy ya nadie duda que esa pequeña turbulencia se ha convertido en un huracán, en una auténtica crisis de confianza en el sistema financiero que ha llevado a actuaciones sin precedentes de las autoridades económicas en los países industrializados como las dos nacionalizaciones citadas anteriormente o la extensión de la red protectora del banco central a entidades no reguladas y escasamente supervisadas como los bancos de inversión.
Las posibles explicaciones de lo que ha pasado son múltiples. La exuberancia irracional de los mercados de la que hablaba Greenspan, y a la que sin duda contribuyó él mismo con una política monetaria excesivamente laxa que inundó de liquidez el mundo, está retornando a la normalidad, con violencia inusitada, porque los ciclos nunca han muerto, porque el riesgo de impago estaba presente en cuanto se parase la rueda de transacciones permitida por una creciente ingeniería financiera y revirtiese la sobrevaloración hipotecaria, porque las deudas hay que pagarlas o licuarlas con inflación. La desintermediación financiera ha ido demasiado lejos, hasta perder el conocimiento de la naturaleza del producto que se estaba comercializando, pero, al final, las instituciones financieras seguían teniendo el riesgo en su balance y además estaban asumiendo un tremendo riesgo reputacional (recuerden Enron y Arthur Andersen). Tanto que nombres milenarios, tan ilustres en los medios bancarios como lo era la auditora, han desaparecido o siguen amenazados en su supervivencia. La regulación y supervisión financiera en el corazón del capitalismo mundial, Londres y Nueva York, ha ido siempre por detrás de los acontecimientos. Es fácil hoy culparla, porque efectivamente ha sido demasiado lenta y complaciente, pero está en la naturaleza de las cosas. Los reguladores también se equivocan, porque también a ellos les cuesta oponerse a la marea. Más aún si no son plenamente independientes del poder político y de la industria.
Está de moda hablar de fallos de mercado y problemas de regulación. Lo que lleva a predicar como solución necesaria más Estado y menos mercado. Habrá probablemente que hacer algunos cambios en el entorno regulatorio de los mercados financieros, el más evidente reconocer que los recursos propios son la única garantía para asegurar la solvencia, pero debemos evitar la ley del péndulo y no repetir los errores de la ley Sarbanes-Oxley, aprobada con urgencia tras el fraude de Enron, que hoy se considera generalmente como una exageración dañina y que no ha conseguido evitar una nueva burbuja. Hay además algunos pequeños detalles de esa explicación simplista que no cuadran. La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos ha podido llegar a ser tan explosiva, además de por la laxitud de la Reserva Federal, por dos razones que no tienen que ver precisamente con la voracidad capitalista. La primera es que todos los bancos centrales del mundo, que son Estado, y sobre todo los de China, Japón y países productores de petróleo -que no practican precisamente la autonomía de la autoridad monetaria- han estado alegremente dispuestos a financiar esa burbuja con sus reservas. Se dice incluso que una de las principales razones por las que el Tesoro se decidió finalmente a intervenir las dos grandes aseguradoras de hipotecas es porque las pérdidas del Banco Central de China se estaban haciendo tan insoportables que éste amenazó con trasladar sus reservas a euros. Lo que suena más a mercantilismo que a capitalismo. Pero hay una segunda razón más cercana al debate político español. El crédito hipotecario creció sin límite en Estados Unidos porque tenía garantía pública, como ha quedado demostrado con la nacionalización de Fannie Mae y Freddie Mac. Sin esta garantía estatal implícita, finalmente ejecutada en beneficio de los acreedores y en perjuicio de los accionistas, es difícil imaginar que empresas con un capital tan ridículo hubieran podido llegar a endeudarse por un importe aproximado del 45% del PIB americano. Cuidado por tanto con la tentación de utilizar el Instituto de Crédito Oficial para extender una garantía pública al sistema financiero o al sector inmobiliario, y con esas empresas financieras de naturaleza híbrida que operan en España bajo la presunción de que gozan de garantía pública, de que no pueden quebrar porque la Administración Autonómica acudirá a su rescate y con las que tan alegremente juegan nuestros políticos. Que nos podemos llevar un buen susto y tener que decidir, a un coste muy alto, si efectivamente son Estado y hay que nacionalizarlas.