Anatomía de una crisis anunciada y políticas eficaces

En una situación de desaceleración económica aguda como la que estaba viviendo España desde mediados del segundo semestre de 2007 y que se ha transformado en la temida estanflación, estancamiento económico [ 1 ] con inflación [ 2 ] , lo más importante es acertar con el diagnóstico, definir el problema adecuadamente. Por ello le dedicaremos un primer apartado a la descripción de los fenómenos que estamos viviendo, una descripción no por conocida menos relevante, pues el observador imparcial tiene la sensación de que hay lecturas políticas interesadas que sólo pueden conducir a propuestas equivocadas.

En mi opinión, esta situación requiere unas políticas concretas que se pueden resumir en cinco grandes apartados, políticas de sostenimiento de rentas para recuperar la capacidad adquisitiva y mantener el consumo privado, políticas de competencia para contener la inflación, políticas para recuperar la competitividad internacional, evitar la deslocalización y limitar el endeudamiento externo, políticas de empleo que mejoren la productividad y políticas de reforma institucional para evitar la erosión de la unidad de mercado y mejorar la calidad del marco regulatorio. Esos son los retos actuales de la política económica. Para afrontarlos, es necesario un Gobierno con ambición reformista que huya de la complacencia y la continuidad, un Gobierno fuerte que esté dispuesto a adoptar medidas necesarias pero impopulares, un Gobierno de amplia base social que busque grandes consensos para acometer las reformas estructurales pendientes y que una vez más, por esa extraña lógica de la economía política, nos vemos abocados a adoptar en situación de crisis.

El Gobierno se equivoca, o juzga los hechos interesadamente, si cree que estamos ante una crisis sólo internacional producto de los excesos del sistema financiero americano. Es verdad que las perspectivas económicas internacionales han cambiado radicalmente desde el verano de 2007, cuando estalló la crisis de las hipotecas-basura americanas, pero la desaceleración en España venía de lejos. Era ya perceptible a finales del segundo trimestre del año pasado. Había indicadores de ralentización del consumo, de moderación del crédito, de punto de inflexión en la venta de viviendas y estabilización del precio, y de estancamiento en la creación de empleo que apuntaban ya a un cambio de ciclo, al fin de la larga etapa de prosperidad y crecimiento. Un final que era esperado por todos los economistas, véanse las explicaciones del profesor Blanchard sobre el final del boom inmobiliario [ 3 ] ,y la descripción proporcionada por mí mismo en Revista de Libros ya en marzo de 2006 [ 4 ] .

España vivía en una burbuja, una especie de enfermedad holandesa de monocultivo inmobiliario cuyas causas son de sobra conocidas -un shock monetario con tipos de interés reales negativos como consecuencia de nuestra pertenencia la Unión Monetaria Europea- pero cuyas consecuencias han querido ignorarse con constantes apelaciones retóricas a la nueva economía, la revolución de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la globalización, el fin de los ciclos o el aumento del potencial de crecimiento de la economía española. Es particularmente significativo el drástico cambio de actitud de los responsables del equipo económico socialista, para quienes una inflación del 3% o un déficit externo de cinco puntos del PIB eran insostenibles cuando estaban en la oposición, pero contemplan ahora como meramente transitorio y no preocupante que esas cifras se sitúen en el 4,9% o el 11% con su llegada al Gobierno. Las autoridades económicas se han instalado en la complacencia y han llegado incluso a acusar de antipatriotas y carroñeros a los observadores nacionales e internacionales que alertaban de los evidentes riesgos en que estábamos incurriendo.

Nos enfrentamos pues ante una crisis de fin de ciclo, de agotamiento de un modelo productivo, en el que las circunstancias financieras internacionales sólo han actuado de catalizador. Quizás la han precipitado, probablemente han hecho que el ajuste sea más rápido e intenso de lo que se podía esperar, pero no son las responsables. Hay sin duda factores exógenos. Una crisis financiera que lejos de terminar continúa agravándose y se ha llevado por delante a dos entidades financieras semipúblicas, Fannie Mae y Freddie Mac, que aseguraban el 40% de las hipotecas americanas. El final de una era de petróleo barato que aunque estos meses nos pueda dar un respiro temporal, no caerá sostenidamente por debajo de los cien dólares por barril mientras continúen las causas de la oferta -agotamiento de las reservas por falta de inversión-, la demanda -el auge consumidor de los países asiáticos y sobre todo China-, y los mercados -el menguante poder estabilizador de Arabia Saudita- que sostienen la cotización. Y el aumento de las tensiones inflacionistas globales, resultado de que los países emergentes empiezan a exportar inflación, al aumentar su demanda mundial de alimentos, y a registrar tensiones salariales y cuellos de botella en sus mercados de trabajo profundamente duales.

Pero nos enfrentamos a una crisis propia, producto de nuestros propios excesos y de la parálisis reformista de los últimos años. Los excesos son evidentes. El monocultivo de la construcción y el inmobiliario cuya elevada rentabilidad ha actuado como una auténtica aspiradora drenando capital físico, financiero y humano para cualquier otra actividad. Los elevados niveles de endeudamiento de empresas y familias y el recurso generalizado al mercado interbancario europeo para financiarlo son una tendencia alimentada por unos tipos de interés reales negativos, unas entidades financieras que también pueden haber cometido algunos errores en su apreciación del riesgo (¿qué otra cosa si no significa que las tasaciones hipotecarias estén hoy muy por encima del valor de mercado de los inmuebles?), y un Banco de España que en los momentos que debía haber extremado su celo inspector y su persuasión moral ha dado la impresión de convalidar las tesis oficiales. Un déficit exterior que ha superado al de cualquier otro país industrializado, el 11% del PIB, y que de no estar en la Unión Monetaria nos obligaría a un programa de ajuste clásico del Fondo Monetario Internacional, y cuya contención a niveles financiables supondrá un lastre duradero al crecimiento. Y un comportamiento de la productividad total de los factores que refleja las dificultades tradicionales de la poco flexible sociedad española para incorporarse a un mundo globalizado.