Análisis económico de la secesión: el caso del País Vasco

Los efectos del surgimiento de fronteras a los que se acaba de aludir se acabarán modelando en función de los comportamientos que adopten los agentes empresariales al adecuar sus estrategias competitivas a la nueva situación institucional que surja de la secesión. Por ello, tiene interés conocer cómo perciben los empresarios vascos el planteamiento que ha ido formulando el Gobierno Vasco desde septiembre de 2002 en torno a su proyecto político. Un reciente estudio persigue esa finalidad (Buesa, Heijs, Baumert y Martínez Pellitero,2004). Se basa en una encuesta realizada sobre el millar de empresas no financieras medianas y grandes que existen en el País Vasco, con una muestra limitada aunque suficientemente representativa. Sus resultados permiten destacar que:

· En primer lugar, esas empresas se encuentran estrechamente vinculadas al mercado nacional español, hasta el punto de que una buena parte de ellas cuentan con instalaciones productivas y de distribución dentro de él, además de las localizadas en el País Vasco.

· En segundo término, durante los últimos años, en las decisiones de inversión y localización de estas empresas, más allá de los factores de demanda, cambio tecnológico y coste del capital, ha ejercido una influencia apreciable tanto el terrorismo como la situación política de la región, elementos éstos que, en alrededor de un tercio de los casos, les han inducido a trasladarse a otras regiones.

· En tercer lugar, los directivos empresariales destacan que el plan Ibarretxe les afecta negativamente, de manera que consideran no sólo que su consecución puede perjudicar a sus negocios [ 8 ] , sino que lo está haciendo ya, incluso antes de su tramitación parlamentaria.

· Y, por último, como consecuencia de lo anterior, en cuatro de cada diez empresas se ha empezado ya un proceso formal o informal de evaluación de la estrategia futura, contemplándose varias posibilidades, entre las que la más citada es el abandono del País Vasco mediante el traslado de la actividad productiva o de la sede social a otras regiones de España. Esta opción, que se plantea la cuarta parte de las empresas medianas y grandes, puede dar lugar a un efecto directo de reducción de la actividad económica de la región equivalente al 10 por 100 del PIB.

Un segmento empresarial, sin duda relevante, que puede ser estudiado de manera agregada y sectorial, es el de los inversores extranjeros. Su interés se deriva no sólo de la importancia que tienen las empresas multinacionales para impulsar el desarrollo regional -tanto por su implicación en la producción, como por su papel en la transferencia de tecnología-, sino también del hecho de que su comportamiento suele ser muy sensible a los problemas políticos. El caso del País Vasco, partiendo de la información de que se dispone acerca de los flujos de inversión directa, ha sido analizado por Fernández­Otheo y Mariscal (2004). Estos autores señalan que, aunque la trayectoria de la inversión directa extranjera (IDE) en el País Vasco ha sido paralela a la que registra el conjunto de España, su nivel absoluto ha sido muy bajo -el 3,5 por 100 del total nacional entre 1988 y 2002- y no se corresponde con la dimensión relativa la economía vasca. De este modo, la región ha obtenido un 40 por 100 menos de inversión de la que cabría esperar en función de su tamaño, siendo particularmente llamativos los flujos correspondientes a los dos últimos años, cuando las liquidaciones de inversiones han sido mayores que las entradas de capital, dando lugar a cifras netas negativas.

Por otra parte, cuando se modelan para su análisis econométrico los factores que determinan la IDE, se comprueba que el comportamiento del País Vasco es muy anómalo. Así, contrariamente a lo que cabría esperar y a lo que ocurre en el plano agregado nacional, que en esto no se separa de la experiencia internacional, esa inversión se ve influida negativamente por el crecimiento económico, el esfuerzo de asignación de recursos a la creación de tecnología y los costes laborales, a la vez que se muestran con un signo positivo los factores expresivos de la inestabilidad macroeconómica como la inflación y el tipo de cambio efectivo real. Tal anomalía está seguramente determinada por el efecto distorsionador al que ha conducido la persistencia del terrorismo en la región durante varias décadas. Sin embargo, debido a la limitación temporal de los datos de que se dispone y al hecho de que no se cuenta con una buena variable cuantitativa que exprese, de manera sintética, la actividad terrorista, este extremo no se ha podido establecer con precisión analítica [ 9 ] .

Antes he señalado que los costes de la secesión se extienden, más allá de los efectos derivados de la aparición de fronteras, hacia las consecuencias de la asunción de competencias estatales. Éstas implican la realización de programas de gasto cuya financiación puede resultar problemática si los ingresos fiscales no se elevan suficientemente. Un estudio de A. Utrilla (2004) aporta las cifras fundamentales de este asunto. Su trabajo señala tres aspectos fundamentales:

· En primer lugar, que, de acuerdo con la cuenta de renta de los hogares que elabora el INE, el saldo del sector público es positivo para el País Vasco. A la inversa de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas de alto nivel de PIB por habitante, como Madrid, Cataluña, Navarra o Baleares, los vascos no contribuyen en nada, de manera solidaria, al traslado de recursos hacia otras regiones españolas menos desarrolladas, recibiendo en 2000, por el contrario, 232 euros por persona [ 10 ] . Lógicamente, esta transferencia desaparecería en el caso de que el País Vasco se independizara de España

· En segundo término, se estudian las consecuencias financieras del sistema de concierto económico, destacándose que éste no conduce a un esfuerzo fiscal menor en el País Vasco que en el total nacional, sino más bien a una diferencia entre la valoración de las cargas asumidas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias y la cuantía de los tributos concertados para financiarlas, de manera que éstos son muy superiores a aquellas, lo que deja un margen apreciable en beneficio de las Administraciones regionales.

· Y, en tercer lugar, el profesor Utrilla se adentra en la estimación de los gastos que corresponderían a un País Vasco independiente por el ejercicio de las competencias del Estado que actualmente no tiene asumidas. La aplicación de una metodología basada en criterios generalmente aceptados que tienen en cuenta la divisibilidad del gasto, la determinación de sus beneficiarios y la existencia o no de economías de escala, conduce a una cifra de 10.659 millones de euros para 2002 -de los que 5.664 corresponden al sistema de Seguridad Social, entendido éste en los términos de la Contabilidad Nacional, y 4.995 al gasto de las Administraciones, principalmente en asuntos exteriores, defensa, política económica y protección social-; cifra que sólo se compensa parcialmente con los 6.474 millones de euros que el Estado dejaría de obtener -de los que 4.252 corresponden a las cotizaciones sociales, 1.187 a los impuestos netos recaudados por la Agencia Tributaria y 1.035 al cupo-. Por tanto, la secesión implicaría, de manera inmediata, para el Gobierno Vasco un déficit público de 4.185 millones de euros, lo que equivale al 9,3 por 100 del PIB. No obstante, esta cuantía podría ser menor si, en vez de la citada metodología, se estimara el gasto de las competencias estatales con el sistema que se aplica en los cálculos del Concierto Económico, pues entonces el gasto total ascendería a 8.487 millones de euros y el déficit a 2.013 millones; es decir, a sólo el 4,5 por 100 del PIB.