Análisis económico de la secesión: el caso del País Vasco

La radicalización del nacionalismo vasco y, con ella, la del gobierno que ejerce sobre la Administración del País Vasco, cuya expresión más acabada, después del pacto suscrito con ETA en agosto de 1998, es el plan Ibarretxe [ 1 ] , ha puesto de manera inmediata sobre la arena política la cuestión de la secesión de esta región de España, planteando así un problema con múltiples dimensiones tanto en el plano jurídico­constitucional, como en el político y en el económico. A este último se alude en este trabajo, en el que, partiendo de la idea de que el objetivo ultimo del proyecto nacionalista es la separación del País Vasco de España para constituir un estado independiente, se valoran con sentido prospectivo las repercusiones que, para la economía vasca, podría tener un hecho de semejante naturaleza.

Abordar un problema así supone adentrarse en un terreno inédito, pues aunque los nacionalistas, desde sus orígenes con Sabino Arana, han tenido siempre presentes sus aspiraciones de independencia, éstas se habían manifestado hasta hace poco tiempo de una forma más bien retórica -excepto, claro está, por parte de los integrados en ETA que las han defendido mediante el terrorismo- y, consecuentemente, no se habían plasmado en un programa de gobierno ni habían inspirado ningún tipo de estudios en los que se trataran de evaluar sus costes y beneficios. Además, en el plano internacional, quizás debido a que a los economistas, a la vista de los fenómenos reales, nos ha preocupado más la integración de los mercados que su separación, apenas se cuenta con estudios acerca de esta última [ 2 ] . La economía de la secesión es, por tanto, un campo de análisis que, con referencia a un caso concreto como es el del País Vasco, apenas se ha explorado, aunque se cuenta en el momento actual con los resultados de un programa de investigación, desarrollado a lo largo del último año, cuyos principales contenidos trataré de sintetizar en las líneas que siguen [ 3 ] .

Si se tiene en cuenta que la eventual secesión del País Vasco lo será con respecto a España y también con relación a la Unión Europea, de manera que el nuevo estado vasco quedará excluido de esta última y adquirirá el estatus de un tercer país sin un tratamiento preferencial o diferenciado, entonces aparecerán unas nuevas fronteras delimitando y separando el ámbito de la actual región del espacio español y europeo. El balance global de un acontecimiento así será, necesariamente, negativo y costoso para los ciudadanos vascos. Tres son los planos a considerar para establecer cuantitativamente ese balance (Buesa,2004):

· El primero, el que se deriva directamente de la aparición de las referidas fronteras, dando lugar a un encarecimiento de las exportaciones vascas -al tener que pagar aranceles y al tener que asumir costes de transacción- y, por tanto, a su reducción. A ello se añadirán las estrategias de deslocalización que algunas empresas emprenderán para tratar de eludir esos costes y, sobre todo, para tratar de preservar sus mercados en el resto de España. Las secuelas de ambos fenómenos no serán otras que una pérdida de actividad y de empleo cuya valoración puede establecerse entre el 10,5 y el 19,9 por 100 del PIB, o entre 89.000 y 178.000 puestos de trabajo.

· El segundo nace de la necesidad de asumir los costes del ejercicio de las competencias estatales en las que se expresa la soberanía -es decir, las relaciones internacionales, la defensa, el sistema judicial y la supervisión del sistema financiero-, así como del sostenimiento del estado del bienestar, lo que ha de traducirse en una elevación de las cargas fiscales para los residentes en el territorio vasco.

· Y el tercero emerge del necesario abandono del Euro como patrón monetario, dando lugar a una importante inestabilidad macroeconómica que ahondaría, al menos durante cierto tiempo, los efectos críticos de la reducción de la actividad productiva.

El balance global al que acabo de aludir, puede ser afinado a partir del análisis de algunos de sus aspectos esenciales. El primero alude a las condiciones en las que se encuentra actualmente la economía vasca, después de muchos años de sufrir el terrorismo, pues esas condiciones, que vienen determinas por el modelo de desarrollo de la región, nos sitúan en el punto de partida del proyecto secesionista. La pregunta a responder es, entonces, la que alude a los costes que, para el País Vasco, han tenido más de tres décadas de terrorismo. No es infrecuente que, en muchas ocasiones, se soslaye este tema y que, incluso, se niegue que el terrorismo ejerza alguna influencia sobre la economía vasca, lo que va contra toda la evidencia que, en los últimos años, se ha venido obteniendo en el plano internacional acerca de los conflictos armados [ 4 ] y a la que también ha contribuido el único estudio que, sobre el asunto, se había realizado acerca del País Vasco (Abadie y Gardeazábal, 2003)

La investigación que han desarrollado Myro, Colino y Pérez (2004) aclara que el terrorismo ha sido, por la amplitud de sus efectos negativos, el mayor de los problemas económicos del País Vasco. Más concretamente, estos autores destacan, con la perspectiva que da el análisis del último medio siglo de la economía vasca, que el crecimiento de ésta se apartó, a mitad del decenio de los setenta, de la trayectoria de las otras regiones desarrolladas de España; y que tal fenómeno se explica por el comportamiento de la inversión productiva, muy sensible a la actividad terrorista. Como consecuencia, en términos per capita, el País Vasco obtiene actualmente un producto bruto del orden de un 8 por 100 más reducido que el efectivamente registrado; y lo hace porque el tamaño de su economía es un 25 por 100 más pequeño, en cuanto al PIB, que lo que podría haber alcanzado si la violencia no se hubiese enquistado en la sociedad vasca, y porque la dimensión de su población resulta alrededor de un 15 por 100 más reducida de la que se podría haber logrado. En definitiva, el terrorismo ha ocasionado una pérdida de actividad económica potencial, con la consiguiente privación de bienestar, cuyo reflejo más notorio lo ofrece la reducción, durante más de dos décadas, de la participación del País Vasco en el conjunto de la economía española, tanto en términos de PIB, como de población y empleo [ 5 ] .

La secesión, como he señalado más arriba, implicará la aparición de fronteras en el País Vasco y, por tanto, la de costes derivados de la protección de los mercados exteriores y de la gestión de las transacciones con ellos. La incidencia de tales costes será tanto mayor cuanto más intensas sean sus relaciones con la economía de la que se separa. Por ello, es relevante el análisis de esa intensidad mediante el cálculo del sesgo español del comercio vasco, tal como han hecho Martínez Serrano, Llorca Vivero y Gil Pareja (2004). Estos autores se basan en la estimación de modelos de gravedad que permiten especificar en qué medida la relación comercial del País Vasco con las otras regiones españolas es, a igualdad de los demás factores -como el tamaño de las economías, la distancia, el uso de una moneda común o la pertenencia a una misma área de libre comercio-, más vigorosa que con otros países. El resultado muestra que ese sesgo español es muy relevante, de manera que el País Vasco comercia entre 11 y 16 veces más con el resto de España que con cualquier otro país. Esta intensidad -que rebaja de la obtenida por Minondo (2003) [ 6 ] - señala que los flujos comerciales del País Vasco dentro de España son de muy difícil sustitución y que, seguramente, en el caso de secesión, como ha ocurrido en otras experiencias europeas, como las de las antiguas repúblicas soviéticas o yugoslavas, y también en el de Checoslovaquia, su reducción correrá pareja a una relevante caída de la producción doméstica [ 7 ] .