Un año después

Según una encuesta del CIS sobre esta materia, realizada en 2002 (CIS, 2002), para el 56% de los españoles, «la religión es muy importante para la educación de los hijos»; el 43% cree en el pecado ; el 41% en el cielo ; el 38%, en el Espíritu Santo ; el 34%, en los ángeles ; el 33%, en los milagros , y el 26%, en el infierno . El 37% de los españoles tiene alguna devoción por «algún Santo, Virgen o algún Cristo en concreto ». Para el 49% la Biblia «está inspirada en la palabra de Dios». El 42% «cree firmemente en Dios», a lo que se suma otro 31% que «más bien cree en Dios». Para uno de cada 3 españoles «es un deber bautizar a los hijos», a lo que se añade otro 46% que acepta el bautismo como «una costumbre» que ellos siguen con gusto. Y suponiendo que «tuviesen un hijo ahora», el 78% dice que lo bautizaría. Añadamos a esto que el 66% de los jóvenes de 18 a 24 años son de la misma opinión en esto de bautizar a los hijos. Casi la mitad de la población (48%) es partidaria de que los niños o los padres tengan la posibilidad de elegir en materia de enseñanza entre la religión católica, otra religión o ninguna. Y, por fin, el 82% está a favor de que se impartan clases de religión católica en los colegios públicos.

Esta es una breve radiografía, no sólo de la religiosidad de un pueblo, sino de algo mucho más profundo: de la identidad cultural de un pueblo; de su identidad más profunda, arraigada en siglos de sucesos y avatares. Y sobre este pueblo, que es el español, en los inicios del siglo XXI , cae ahora un desafío de laicidad social . Habrá que hacer algo con la Semana Santa y la Navidad, con los Reyes Magos, con las procesiones, romerías, tamborradas, cofradías, festividades de patronos, devoción por vírgenes y cristos, bodas, comuniones, bautizos, funerales, hasta con el carnaval, que no es más que el preludio de la cuaresma, y con tantas otras manifestaciones cultural-religiosas que tanto gustan al «engañado» pueblo español.

Acabemos nuestro breve recorrido con lo más reciente. A primera vista, no quedó mal el Referéndum de la Constitución Europea celebrado en España el 20 de febrero de 2005. En los resultados provisionales de la jornada, sin contar los votos CERA, participó el 42,3% del censo electoral, y votó afirmativamente el 76,7% de los que acudieron a las urnas. Las encuestas vaticinaban una participación inferior (superando en poco el 30%), por lo que la cifra del 42,3% en la participación fue muy bien recibida por este gobierno. Sin embargo, una reflexión más honda pone de relieve, de inmediato, que la decisión del gobierno de convocar este referéndum , y de convocarlo en tan temprana fecha, antes que ningún otro país que vaya a celebrarlo, es otro acto de política radical en los términos que venimos describiéndola.

Para empezar, no hay tradición en España de convocar un referéndum para tratar temas europeos. Ni en España ni en otros muchos países europeos. En la corta historia democrática de nuestro país, se han convocado 4 referenda : en 1976, para sacar adelante la Ley de Reforma Política; en 1978, para aprobar la Constitución española; en 1986, para aprobar la permanencia de España en la OTAN; y, por fin, el que nos ocupa. Relacionado con la Unión Europea, en España no se hizo ningún referéndum para acceder a ella (como hicieron Malta, Dinamarca, Noruega, Austria, Letonia, Irlanda, Finlandia, Reino Unido, Lituania, Eslovenia, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría); tampoco lo hubo para acceder al euro (como sí hubo en Dinamarca y Suecia), y ni tan siquiera se convocaron para aprobar ninguno de los grandes tratados, como el de Maastricht, Ámsterdam o Niza (sí lo hicieron Irlanda, Francia y Dinamarca). Y es que parece que hay países que han incorporado en su tradición política la consulta con sus nacionales para aprobar asuntos clave europeos (la minoría, por cierto), mientras que otros, entre ellos España, han optado sistemáticamente por resolverlos en el Parlamento. ¿Por qué el cambio de criterio ahora? ¿Qué buscaba este gobierno, que no había pasado ni un año en el poder, para esta repentina e inusual convocatoria? En sí misma, no es criticable esa decisión. Es llamativa, aunque lógica, sobre todo en la trayectoria que ha llevado este gobierno en los pocos meses de ejercicio. Porque encaja muy bien con esa visión radical de la política que tiene.

Ese 42,3% de participación ha sido presentado como un buen dato, enmarcado en una supuesta tibieza en las consultas de referenda relacionadas con temas europeos. Pero eso dista mucho de ser cierto. Si estudiamos los datos de la siguiente Tabla 12, se ve que, desde 1972 hasta la fecha, se han realizado 32 referenda sobre distintos temas europeos en diversos países. En 27 de esos 32, la participación ha superado el 50%, e incluso en 22 países la participación superó el 60%.

Sólo en 5 países, incluyendo ahora nuestro reciente caso español, la participación no superó el 50%. Estamos situados en la posición 31 de las 32 posibles. Sólo fue peor que nosotros Irlanda en 2001, cuando sometió a referéndum el Tratado de Niza.

A la luz de esta ya dilata experiencia, no ha parecido difícil que los ciudadanos acudiesen a las urnas en estas llamadas de referéndum en todos estos años. Y tampoco parece que haya sido difícil alcanzar elevados porcentajes de votos afirmativos, contándolos sobre la participación. En más de la mitad (19, para ser más exactos) se obtuvo un porcentaje de voto afirmativo que superaba el 60%. El 76,7% de votos afirmativos obtenidos en nuestro Referéndum constitucional europeo nos sitúa en la novena posición de los 32 referenda celebrados en

Europa, lo que no está mal. Sin embargo, la participación es tan baja que lo desluce. Compárese, por ejemplo, con el referéndum italiano de 1989, con un 85,4% de participación y un 88,1% de votos afirmativos, o el de Irlanda de 1972, con el 70,9% y el 83,1%, respectivamente.

En consecuencia, y en términos meramente comparativos, el referéndum español ha registrado una participación extraordinariamente baja, y ha contado con un porcentaje de votos afirmativos elevado, pero bastante normal. Al final, valorando el apoyo real que esta iniciativa ha tenido entre los ciudadanos, los números son claros: sobre un total de 33.562.119 españoles residentes en nuestro país y con derecho a voto (excluimos ahora el voto CERA), y contando con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales, dieron su voto afirmativo 10.804.464 personas (esto es, el 32,19%); 2.428.409 (el 7,2%) dijeron no en su papeleta de voto; 849.093 introdujeron en la urna una papeleta en blanco (el 2,5%), y 19.359.017 españoles (el 57,28%) prefirieron no votar. En síntesis: el 32,19% de los españoles (10.804.464) aprobaron la Constitución europea, mientras que el 67,80% (22.757.655) no le dieron su apoyo explícito (porque se abstuvieron, o bien votaron no , o votaron en blanco). Menos de 1 de cada 3 españoles apoyaron la Constitución.

Los datos son tozudos, pero reales en sí mismos. Y dicen que, por una razón o por otra, el Tratado de Constitución Europea no ha sido recibido en España con el calor necesario.

Como vemos, no ha sido buena esta experiencia comparando con Europa. Pero peor ha sido comparando con los otros tres referenda celebrados en España. Pueden verse los datos en la siguiente Tabla 13.