Cuadernos de Pensamiento Político ( Revista Digital)

País Vasco: de la alternativa al cambio

por Javier Zarzalejos

Cuadernos de Pensamiento Político ( Revista Digital) nº 23, Julio / Septiembre 2009

EL CORDÓN ROTO

Un empresario con sonrisa un punto sádica que reclama el despido libre, una dama hirsuta que se muestra decidida partidaria de la pena de muerte, un cretino xenófobo con imagen de "skin" que arremete contra los homosexuales y un supuesto cura -por supuesto, católico tenía que ser- que remedando los diálogos clásicos entre el bueno y el malo de las películas del Oeste sostiene que en Europa sólo hay lugar para una religión.

Así ha caracterizado el Partido Socialista al Partido Popular a propósito de las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Sí, siempre se podrá decir que en campaña todos exageran. Pero también sabemos que esta crónica denigración del PP es lo suficientemente recurrente como para elevar lo que podría ser simplemente una anécdota de campaña, una trapacería táctica de la llamada "publicidad negativa", a verdadera categoría con la que el partido hoy en el Gobierno insiste en definir al partido de la oposición, haya o no haya campaña electoral.

El vídeo de marras -precedido y seguido de otros en la misma línea- revelaba varias cosas. En primer lugar, la pesada carga que Rodríguez Zapatero ha impuesto al Partido Socialista al alejarle del centro y obligarle, elección tras elección, a bailarle el agua al radicalismo más sectario e incívico para ganar. Hasta ahora la estrategia había funcionado. Los resultados del 7 de junio ponen en cuestión esa estrategia porque el precio de esos votos situados en la marginalidad del sistema democrático -que ya no afluyen al Partido Socialista como lo venían haciendo- se hace cada vez más alto y obliga a los socialistas a un ejercicio cada vez más patético de distorsión.

Revela también la incapacidad del Partido Socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero para avanzar hacia nuevos territorios en su discurso político y en su proyecto de Gobierno. Cada vez que se produce una elección, Zapatero sólo parece interesado en reproducir el microclima político excepcional en el que alcanzó el poder en 2004. Desde entonces, su estrategia no ha sido otra que la de armar el cordón sanitario en torno al PP, negarle su condición de "partido de gobierno en espera" -condición ésta que un sistema democrático es la que dota de relevancia política a la oposición- y rechazar, de hecho, su interlocución en los temas de Estado que se han suscitado en estos cinco años de Gobierno socialista y que, por cierto, han sido unos cuantos.

El vídeo revela, finalmente, que el Partido Socialista, tiene un problema. Como acertadamente señaló Jaime Mayor en la reciente campaña electoral, el Partido Socialista quiere sustituir el pacto del Tinell político en el que se asentó durante la anterior legislatura, por un pacto del Tinell o un "cordón sanitario" contra el PP a propósito de los valores. Pero, por más que insistan en esa pulsión literalmente sectaria, vaciándola en otros moldes, los socialistas tienen un problema. El problema consiste en que las audiencias a las que tienen que satisfacer son ya demasiadas y demasiado dispares. No se puede ser todo para todos todo el tiempo.

Entremos directamente en el tema de este artículo con una pregunta obvia: ¿el lehendakari Patxi López se identifica con el vídeo que su partido ha emitido sobre el Partido Popular?, ¿cree López que el partido que le presta su apoyo para que él lleve a cabo el cambio histórico que significa la alternativa al nacionalismo es esa organización de instintos violentos, xenófoba, socialmente cruel y agresivamente integrista? El Partido Popular ha tenido la suficiente prudencia para no hacer de estos ataques un tema de mayores proporciones en la campaña europea, pero será inevitable que en el futuro el PP tenga que exhibir las contradicciones de los socialistas si éstos insisten en buscar el voto radical a costa de las sucesivas versiones del dóberman.

El asunto tiene su calado porque el pacto entre el PSOE y el PP en el País Vasco no es, por llamarlo de alguna manera, un pacto de mera gobernabilidad o un simple acuerdo de gestión. Es, según los términos del compromiso entre ambos partidos, un acuerdo político de gran alcance, que entra en todos los asuntos sustanciales para la regeneración democrática y cívica del País Vasco.

Las manifestaciones iniciales del acuerdo suscrito por ambos partidos no escatiman solemnidad al describir sus objetivos:

"El deseo de inaugurar un tiempo de cambio que ha expresado la ciudadanía vasca se convierte en una oportunidad irrenunciable para defender las libertades, conseguir la paz, la igualdad, la convivencia, la tolerancia y el pluralismo político desde una acción política basada en el diálogo, el encuentro, el acuerdo y el consenso".

Algo no encaja. No es posible que un partido al que, en el mejor de los casos, se le caracteriza como predemocrático, pueda ser socio en un proyecto político que quiere defender las libertades, conseguir la paz, la tolerancia y el pluralismo político. Y, viceversa, si un partido forma parte e impulsa un proyecto de regeneración democrática como el que sostiene al Gobierno socialista en la Comunidad Autónoma Vasca, la denigración en la que insiste el PSOE raya la pornografía política, una vergonzosa fabricación fuera de las reglas del juego democrático, por duro que este juego tenga que resultar a veces.

Así que, ¿qué es lo que no encaja? Pues la estrategia de poder del Partido Socialista basada en la demonización del PP que es sencillamente incompatible con la asociación de ambos partidos en un proyecto de cambio estructural, cívico y democrático como el que se propone para el País Vasco después de las últimas elecciones autonómicas.

Sin embargo, el PSOE de Rodríguez Zapatero, deudor de la excepcionalidad de 2004, parece incapaz de cambiar el rumbo y asumir lo que de pedagogía tiene la política, especialmente cuando lo que está en juego es la regeneración de la democracia, de las libertades y del pluralismo en el País Vasco.

Ya antes de que se confirmara el acceso de López a la presidencia del Gobierno Vasco, la simple lectura de los resultados electorales en Galicia y en el País Vasco indicaba la crisis del modelo de Gobierno socialista basado en la exclusión del Partido Popular. Unos resultados que algún significado analista de la órbita del PSOE calificaba de "envenenados" (Ignacio Urquizu, El País 3-5-2009) al advertir de que la decisión de contar con los votos del PP para investir a López como lehendakari "lleva al PSOE a un futuro electoralmente incierto" ya que "parte de la victoria socialista de marzo de 2008 se explica por el enorme apoyo recibido en el País Vasco y Cataluña". Recuerda el autor que "en aquellos momentos [marzo de 2008], ciudadanos nacionalistas votaron al Partido Socialista para impedir la victoria del PP, y éstos no entenderían ahora posiciones frentistas". (Entiéndase "frentismo" como el sinónimo peyorativo que los contrarios al acuerdo PSOE-PP quieren imponer)

Para ser justos, hay que reconocer que este acuerdo no es sólo una pieza que chirría en el diseño mantenido hasta ahora por Rodríguez Zapatero. Diversos sectores del socialismo vasco siguen apelando a la vinculación histórica con el PNV en la oposición y el exilio, y a la "transversalidad" para rechazar un pacto al que contagian con el desdén desde el que contemplan al PP.

Son esos sectores que, en forma de bolsas de abstención localizada, impidieron en 2001, por unos miles de votos, que prosperara la alternativa en la que se comprometieron Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo. Fue el rechazo de esos sectores limitados del electorado -y probablemente de militancia- socialista a una alternativa que entonces lideraba el PP y no sólo la movilización del nacionalismo, lo que frustró aquella apuesta.

¿Y el Partido Popular? Parece suficientemente acreditado que a diferencia de lo que ocurre en el Partido Socialista, en el PP no existe ni ha existido actitud alguna de rechazo ni lejanamente comparable a la de aquél.

Se ha debatido sobre la conveniencia o no de haber puesto sobre la mesa un acuerdo de coalición de gobierno; se ha especulado con la -razonable- extensión del acuerdo al ámbito municipal y territorial para promover un cambio de gobierno en enclaves tan significativos como el municipio de Guecho o la Diputación de Álava, donde el PNV gobierna gracias a pactos previos con los socialistas a pesar de darse una contundente mayoría constitucionalista. Se han podido discutir los mecanismos de seguimiento previstos en el acuerdo o la necesidad de concretar con mayor detalle los compromisos que ha adquirido el nuevo Gobierno autonómico.

Pero ninguna opinión de peso, ninguna polémica con mínima resonancia ha impugnado el principio de que era una responsabilidad ineludible del Partido Popular hacer posible la alternativa al nacionalismo y que esa responsabilidad el PP tenía que sustanciarla con generosidad, asumiendo que, a diferencia de 2001, era al Partido Socialista y a su candidato Patxi López a quien correspondía encabezar este delicado proceso.

Entre los defectos que pueden atribuirse al PP no figura, desde luego, la reticencia al acuerdo con el PSOE en temas sustanciales para la estabilidad del orden constitucional. Así ocurrió con el Pacto por las Libertades, y con el acuerdo que puso coto en el Congreso a las iniciativas soberanistas de Juan José Ibarretxe.

Lo ocurrido en el mal llamado "proceso de paz", sufrido durante la anterior legislatura, no invalida lo dicho. No hubo acuerdo, ni podía haberlo sobre los contenidos en los que Rodríguez Zapatero trabajaba -la negociación política con ETA a través de la ilegalizada Batasuna-, ni el Gobierno lo buscaba realmente una vez articulada una mayoría parlamentaria con los partidos nacionalistas y de izquierda radical para escoltarle en su aventurerismo negociador con ETA.

Muchos en el País Vasco que han dedicado buena parte de su biografía a denunciar el nacionalismo obligatorio y a luchar contra la coacción y la violencia terrorista de ETA y su entramado, vienen expresando su preocupación por el peligro de que las estrategias de PSOE y PP en la confrontación nacional arrastren consigo el acuerdo en las instituciones vascas y frustren las esperanzas de cambio abiertas tras las elecciones del 1 de marzo.

Los profesores López Basaguren y Corcuera Atienza, por ejemplo, expresaban esta preocupación identificando como el mayor riesgo para el futuro del acuerdo "la confrontación política general, en el Estado, entre socialistas y populares". Y añadían que "salvaguardar la experiencia exige al Partido Popular una sabia administración de la debilidad que el cambio en Euskadi provoca al Gobierno de Rodríguez Zapatero y una mesurada gestión de la contribución del PNV a la política de acoso al Gobierno socialista en Madrid. Pero a éste también le exige responsabilidad y mesura en la relación con los populares" (El Correo, 31-5-2009).

Si una formulación tan impecable que apela a la responsabilidad de unos y otros se somete al contraste con la realidad, la evaluación del riesgo para el futuro del acuerdo apunta al Partido Socialista como un factor, sobre el papel, de mucha mayor precariedad e incertidumbre para la efectiva realización del proyecto de cambio que lo que puede suponer la estrategia de oposición del PP al Gobierno en Madrid.

Es más, mientras que el Partido Popular puede integrar el cambio en el País Vasco en su discurso de oposición como una más de las rectificaciones del Gobierno o como patrocinador de un diseño político -la alternativa al nacionalismo- que ahora se plasma, parecen claras las dificultades con que tropieza el discurso socialista construido sobre la exclusión de los populares y su opción preferencial por los nacionalismos y las minorías radicales de izquierda. Por otra parte, quien es Gobierno en Madrid y en Vitoria no puede esperar que sus responsabilidades se midan con el mismo rasero que las de quienes son oposición en el Parlamento nacional y contribuyentes decisivos pero generosos al Gobierno vasco.

Con un deseo inequívoco de que la esperanza de cambio llegue a realizarse, el sentido de este análisis no es otro que el de urgir a una necesaria pedagogía del acuerdo, el de reclamar una proyección sin disimulos del alcance que tiene este proyecto, el de exigir un compromiso activo para llevar a la sociedad vasca el valor que tiene este nuevo tiempo que con propiedad puede calificarse de histórico en el País Vasco.

Todos los estudios demoscópicos han venido confirmando el escaso apoyo que hasta ahora suscitaba un acuerdo PSOE-PP para asegurar el gobierno de la Comunidad Autónoma. Este apoyo ha venido siendo absolutamente minoritario entre el propio electorado del PSOE, mucho más sensible al discurso de la "transversalidad". Mientras tanto, el Partido Socialista parece que necesita "compensar" su acuerdo con el PP en el País Vasco con el endurecimiento de su descalificación a los populares para mantener así las simpatías de los nacionalistas y de la izquierda radical que, especialmente en el caso de Cataluña, tendría la llave del triunfo electoral del PSOE en unas elecciones generales.

Nadie está libre de responsabilidad en este anhelo de cambio. Tampoco, por supuesto, el Partido Popular. Pero apoyarse en los votos del PP para gobernar el cambio y, a la vez, seguir haciendo del PP un objeto fóbico para movilizar a votantes que significan todo lo contrario de lo que el cambio busca en Euskadi, es, hoy por hoy, la mayor amenaza para la viabilidad del acuerdo en virtud del cual -no se olvide- es Patxi López, secretario general del PSE, el que se ha convertido en lehendakari.

El Partido Socialista ha afrontado el acuerdo con el PP con una actitud marcadamente "accidentalista". Un compromiso tan ambicioso como el que ambos partidos se han propuesto llevar a cabo exige, en este caso de los socialistas, dejar de explicar el acuerdo como el único posible para proponerlo a la sociedad vasca como la opción realmente deseable y actuar en consecuencia.

La transformación democrática con la que ambos partidos están comprometidos va a exigir una ingente inversión de energía política que sólo puede venir de la convicción profunda de que la fórmula de gobierno en el País Vasco realmente merece esa apuesta. Mal servicio se rinde al acuerdo si se explica como un matrimonio arreglado por interés en el que se espera que el afecto llegue con el tiempo.

RESULTADOS Y ESPECULACIONES

Es indudable que la alternativa de Gobierno al nacionalismo debe mucho a unos resultados electorales que han limitado las opciones a disposición de los partidos, especialmente del PSE-PSOE.

Los diferentes sondeos que venían publicándose antes del 1 de marzo anticipaban un amplio abanico de combinaciones de gobierno, dentro, eso sí, de un escenario de debilitamiento del férreo frentismo nacionalista dictado por la obsesión de Ibarretxe y orquestado por el Gobierno tripartito del Partido Nacionalista Vasco con Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-Izquierda Unida.

Mientras el fin del ciclo político del soberanismo alejaba la posibilidad de que se repitiera el tripartito, el pacto PNV-PSE cotizaba al alza impulsado por el "empate técnico" entre ambos partidos que preveían las encuestas y por la preferencia que los electorados de uno y otro partido expresaban hacia esa fórmula. Ese pacto se suponía abierto a otras participaciones subalternas (EB-IU, EB) que subrayarían su transversalidad, aunque, en esa hipótesis, la posición de Ibarretxe constituía un serio obstáculo para la materialización del entendimiento.

A la alternativa constitucionalista -denominación rigurosamente evitada por unos y otros- que PP y PSOE podrían construir, también le salían los números a tenor de los que indicaban las encuestas. Sin embargo, la estrategia socialista se cuidaba mucho de mantenerla en la nebulosa, unas veces con el argumento táctico de que así se evitaba la movilización masiva del nacionalismo y, otras, con la pura y simple negativa a plantearse esa posibilidad en la campaña.

Finalmente, se estimaba que la ilegalización de las listas con las que la izquierda proetarra concurría, al incidir en el número de escaños a repartir, abriría más aún el abanico de opciones después de las elecciones.

Pronto los resultados terminaron con las especulaciones y cerraron el abanico de opciones. En buena medida dieron el trabajo hecho a los partidos. PSOE y PP, junto al escaño obtenido por UPyD en Álava, sumaban una mayoría parlamentaria frente a un PNV triunfador con holgura en escaños y votos, pero políticamente lastrado por el desplome de sus socios de Gobierno y privado esta vez del auxilio de la izquierda abertzale.

La posibilidad de un acuerdo transversal PNV-PSOE quedaba excluida por el resultado de los socialistas, sin duda bueno, pero alejado de las expectativas de empate técnico o incluso de superación del PNV que habían alentado.

Los cinco escaños y los 80.000 votos de diferencia respecto al PNV impedían a los socialistas aspirar a poco más que la posición subalterna que tuvieron en los gobiernos de coalición de la década de los 90, y les abocaba a formar parte de un Ejecutivo presidido por Juan José Ibarretxe, ya que, con esos resultados, era impensable plantear la jubilación política del lehendakari en funciones.

Francisco Llera (Claves de la razón práctica, nº 191) avanzaba una explicación de estos resultados por debajo de lo esperado apuntando a "los límites y ambigüedades de la alternativa propuesta o sugerida y, especialmente, la falta de credenciales y la debilidad del discurso para afrontar la actual crisis económica" que, según esto, "habrían limitado las expectativas sobre un mayor empuje de sus apoyos potenciales como se ha podido comprobar en Vitoria o en las poblaciones industriales en las que se ha visto afectado [el Partido Socialista] por la menor movilización de su electorado potencial".

Por su parte, el Partido Popular no podía contemplar razonablemente una alternativa al entendimiento con el PSOE. El entendimiento con los socialistas que, traducido en acuerdo de estabilidad del Gobierno, concedía al PP un papel decisivo y una presencia institucional sin precedentes bajo el nuevo liderazgo de Antonio Basagoiti. A la hora de hacer balance, haber conseguido el número de escaños justo, en el momento preciso, extraía una alta rentabilidad política de un resultado a la vez meritorio y discreto que requiere del PP materializar el gran potencial de crecimiento que la opción popular tiene desde su nuevo papel en el escenario politico vasco, sobre todo en la perspectiva de unas futuras elecciones generales.

El desplome de los socios menores del PNV en el tripartito venía precedido del descrédito de su posición puramente ancilar respecto a los jelkides y la escasa consistencia de sus apoyos electorales. Se ha podido ver detrás de este derrumbe las consecuencias de que tanto Ezker Batua-Izquierda Unida, sobre todo, como de Eusko Alkartasuna, se hubieran transformado en organizaciones casi enteramente dependientes de su presencia en el Gobierno y de la cuota de poder clientelar que les dejaba el hegemónico PNV. Por otra parte, el destino electoral de ambas fuerzas -EB-IU y EA- parece confirmar la "ley de hierro" de las coaliciones, que penaliza duramente a los socios menores cuando la diferencia respecto al partido dominante es tan grande.

El ascenso de Aralar, aun siendo relevante, parece sobrevalorado. Es pronto para saber si esta opción representa la alternativa independentista no violenta a la izquierda proetarra. Para que así sea, no sólo deberá acreditar que es capaz de atraer en proporción creciente al electorado que se mantiene bajo la disciplina de ETA-Batasuna, sino tener la fortaleza suficiente para desarrollar una línea propia al margen de la estrategia que dicte la conveniencia de la banda terrorista y de sus instrumentos políticos.

De poco servirá el avance de Aralar ni su rechazo de la violencia si nada de ello impide que, de una forma u otra, termine integrada en la corriente abertzale sobre la que ETA-Batasuna impone su dirección. Porque al mismo tiempo que Aralar declara rechazar la violencia, se encuentra comprometida con la articulación de ese "polo soberanista" al margen del PNV que ETA ha fijado como su nuevo mandato político en declaraciones de dos portavoces de la banda al diario Gara el pasado 25 de mayo, y que encuentra en Arnaldo Otegui su disciplinado ejecutor.

ETA promueve esta estrategia en una trayectoria declinante, con unas capacidades operativas muy reducidas, pero al mismo tiempo con la decisión firme de continuar con el terrorismo.

La exclusión de las candidaturas proetarras de las elecciones autonómicas ha querido ser contestada con los 100.000 votos nulos que, por el mismo criterio, supone la pérdida de un tercio del electorado aún dispuesto a alinearse con ETA.

Que ETA-Batasuna no haya podido perpetrar su nuevo intento de fraude a las reglas del juego democrático y que la exclusión de sus listas haya producido efectos políticos relevantes no debe ser ocultado.

El citado Francisco Llera lo afirma con claridad en el artículo mencionado: "La exclusión de sus listas [de la izquierda abertzale] ha permitido que exista una mayoría no nacionalista en el Parlamento Vasco por primera vez en la historia y, por tanto, ha habilitado la posibilidad de que Patxi López sea lehendakari". El nacionalismo -también el llamado democrático pero que ha contado con ETA para todas sus aventuras- presenta este hecho con escándalo y de él extrae su discurso de deslegitimación de la victoria constitucionalista.

Sobre este particular habría que hacer dos observaciones. La primera para recordar que lo que el PNV considera que deslegitima las elecciones autonómicas no es que las listas de ETA-Batasuna no hayan podido concurrir, sino que no sean ellos los que formen Gobierno. Si los jelkides hubieran podido reeditar el tripartito, por ejemplo, no hubieran hecho cuestión de este asunto.

La segunda para afirmar que la exclusión de ETA-Batasuna no sólo no deslegitima las elecciones y sus resultados, sino que los dota -ahora sí- de la legitimidad democrática que sólo ha quedado en entredicho por la presencia violenta, amenazante y coactiva de ETA y sus cómplices políticos en otros procesos electorales.

Es sencillamente perverso, en sentido lógico y político, que se ponga en cuestión la limpieza de unas elecciones porque no haya podido comparecer el brazo político de una organización terrorista, y no haber encontrado objeción democrática alguna en esas mismas elecciones cuando candidatos y militantes del PP y el PSOE eran asesinados, sus sedes atacadas, sus campañas reventadas y un número nada despreciable de sus votantes se veía forzado a abandonar el País Vasco.

Quien se rasgue las vestiduras por la aplicación de la ley, con todas las garantías, debería explicar qué factor de corrección retrospectivo habría que aplicar a los resultados de todos los comicios anteriores, esos sí ensombrecidos por el terror y la coacción que, aun rechazadas por la mayoría del nacionalismo, tan funcionales le han resultado a éste para asentar su hegemonía durante treinta años.

Estos 100.000 votos nulos sirven al nacionalismo para contraponer una "mayoría social" nacionalista a una mayoría parlamentaria no nacionalista. Para los más comedidos, este resultado puede ser legal pero no representativo. Para los demás, se convierte en un vicio de ilegitimidad que afecta al conjunto institucional. Desde el punto de vista de la izquierda abertzale se trata de una nueva versión de la impugnación radical del marco autonómico. Más llamativo resulta que también el PNV haya dado tanta munición argumental a los proetarras y se haya sumado a esas posiciones que pueden calificarse sin reparos de antisistema.

EL PNV Y EL ESPEJISMO DE LA MODERACIÓN INEXORABLE

Precisamente esta reacción agresiva y deslegitimadora del PNV nos vuelve a presentar a un partido que sigue dispuesto a jugar en el terreno marcado por el nacionalismo más radical.

Este comportamiento es coherente con un PNV que lleva ya más de una década bailando con lobos, desde la firma del Pacto de Estella-Lizarra y la articulación de su estrategia de frente nacionalista que Juan José Ibarretxe ha seguido con esa contumacia que tanto admiraban sus muchos seguidores.

Después de treinta años en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, la idea de que la experiencia de oposición moderará al PNV haciendo surgir de nuevo su alma institucional, pragmática y pactista se ha convertido en un lugar común. Y sin embargo, no habría que darlo por supuesto: hay buenos argumentos para temer lo contrario.

Existe una tendencia casi irrefrenable de políticos y periodistas a fabricarse un PNV a la medida de sus deseos. Un PNV que satisfaga las expectativas de sentido común que se le atribuyen a un partido generalmente considerado de orden, más allá de episodios espasmódicos de soberanismo.

En estos casos, el análisis que uno escucha suele empezar con la referencia al amigo del PNV que nuestro interlocutor tiene y que, por supuesto, nada tiene que ver con la contumacia de Ibarretxe o las demasías de Arzalluz. Nuestro interlocutor, queriéndonos tranquilizar sobre el inevitable futuro de moderación al que está abocado el PNV, no suele darse cuenta de que su argumento agrava la preocupación. Porque ese amigo suyo nacionalista moderado, como todos los amigos nacionalistas moderados que entre todos podemos reunir, forman esa mayoría silenciosa, pero pasiva, que ha dejado hacer a los que llevan más de diez años pedaleando en tándem con ETA-Batasuna por aquello de "la construcción nacional"; una mayoría a la que Arzalluz acobardaba con facilidad e incapaz de hacer frente a la degradación política y moral de su partido, sin pestañear ante el ventajismo de un juego político en el que los adversarios estaban condenados a correr con un brazo atado a la espalda.

Este espejismo, lejos de superarse, se ha agravado en los últimos años. Primero con el deseo de Rodríguez Zapatero de absolver a los jelkides de toda responsabilidad en su propia radicalización para dirigir contra José María Aznar y su política en el País Vasco la culpa de la subida al monte de Ibarretxe, Arzalluz y Eguíbar. Después con la ilusión de que Josu Jon Imaz seguía dirigiendo el PNV sin aceptar que tuvo que irse porque perdió la batalla interna, que la perdió probablemente porque carecía de apoyos para darla y que su derrota fue la desgraciada derrota de un nacionalismo consciente de que no podía seguir legitimando el terrorismo de ETA con sus posiciones de ruptura del marco autonómico y reivindicación soberanista.

De la misma manera que el tiempo -y el propio Ibarretxe- se encargaron de poner en evidencia la insolvencia analítica del presidente del Gobierno, Imaz se convirtió en el espejo que devolvía una imagen del PNV que no se ha querido ver, menos aún cuando resulta que el añorado Imaz accede a la presidencia del PNV en diciembre de 2003 -precisamente bajo mandato de Aznar- y, sin embargo, es bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, aparentemente bálsamico, cuando resulta derrotado dentro de su partido.

Antonio Elorza hablaba recientemente del "falso péndulo" (El Correo, 6-5-2009) para rechazar la idea de que en el PNV independentismo y autonomismo son dos referencias equivalentes que se turnan en la definición y en la práctica política de los jelkides, ya que en el terreno de los principios -sostiene Elorza- el independentismo es la ortodoxia y la autonomía, la desviación.

La resistencia del PNV a su propia redefinición -que es bastante más que una simple rectificación táctica- obedece a causas endógenas muy poderosas que, tal vez, podrían sintetizarse en una: para la mayoría de los nacionalistas, la "normalización" del PNV como partido en el marco constitucional y autonómico significaría el fin del PNV como movimiento y como expresión genuina y exclusiva del pueblo vasco. Llegado el caso, el PNV puede compartir el Gobierno y así lo ha hecho con los socialistas.

Pero lo que no puede aceptar es compartir legitimidad como expresión de lo vasco porque esa legitimidad para los jelkides es privativa, identitaria, histórica y está más allá del marco jurídico-político vigente. Por eso, los nacionalistas niegan a Patxi López la condición de "lehendakari". Aceptarlo sería aceptar lo que acusan como una usurpación. López puede ser presidente del Gobierno vasco pero no "lehendakari". De esta imagen de sí mismo que define el nacionalismo nace el temor a que cualquier redefinición de alguna relevancia provoque una nueva escisión que, como se sabe, es casi una constante en la historia del PNV cada vez que este partido se ha enfrentado a encrucijadas de alcance similar.Y esa misma imagen que el nacionalismo cultiva de sí mismo explica que a lo largo de estos años, el discurso que se ha instalado en ese partido es el de un soberanismo creciente en su desafío; la visión estratégica que cuenta es la que mira a la izquierda abertzale y el proyecto con el que se siente generacionalmente comprometido es el del frente nacionalista.

En la batalla interna -si es que se llega a dar-, a los que duden del curso seguido se les podrá recordar que Ibarretxe ha obtenido el mejor resultado del PNV en solitario desde 1994, de modo que no será fácil sostener internamente que el electorado ha castigado la deriva soberanista del partido. Añádase a lo anterior la huella del discurso deslegitimador de los resultados que si son producto de la conspiración de "Madrid" no pueden ser reconocidos como prueba de cargo contra el soberanismo. Y eso, si no toma cuerpo la tesis de que el PNV ha perdido, a la vez, por la Ley de Partidos y por culpa de esos 100.000 votos nulos abertzales y otros tantos votantes nacionalistas a los que, como escribía José Ignacio Wert (El País 3-3-2009), "el sonido de la txalaparta nacionalista amenazando de la llegada del lobo no les motiva lo suficiente para abandonar el calor de la lumbre". En tal caso, la conclusión más probable a la que llegue la lógica nacionalista no será que el problema radica en que cada vez menos gente se cree que el "lobo español" sea tan fiero como lo pintan, sino que hay que golpear la txalaparta con más fuerza.

Tanto si el PNV hace sus cálculos asumiendo como premisa la desaparición de ETA a medio plazo, como si cree que la organización terrorista seguirá dictando el comportamiento de un sector del electorado nacionalista, es poco probable que el PNV renuncie a pescar en ese caladero, desde el que, además, se está preparando algo así como una OPA, dicen que hostil, para hacerse con la primacía del nacionalismo.

En estas circunstancias, hay que sospechar que las cuentas que haga el PNV le lleven a pujar por ese espacio de radicalidad nacionalista y a cortejar a quienes se encuentran en él, aunque eso le suponga toparse de nuevo con ETA sin haber resuelto su atormentada relación con el terrorismo.

Seguramente habrá quienes vean en cualquier mejora cosmética del lenguaje o de las actitudes del nacionalismo un signo de esa moderación que creen que el PNV necesariamente tendrá que adoptar. Otros no compartimos esa confianza en la moderación inexorable del PNV por el solo hecho de haber pasado a la oposición. También se decía que eso ocurriría al PNV en el Gobierno. Y treinta años de Gobierno se han saldado con un PNV que, declarando "muerto" el Estatuto, ha propiciado la quiebra más grave en una sociedad que acumula cicatrices. Un PNV, en fin, que decidió responder a la impugnación social y electoral de su hegemonía -es decir, Ermua y la alternativa- embarcándose en una sórdida aventura de fractura social en compañía de una organización terrorista y de todo su entramado político, desde el reconocimiento explícito de fines compartidos.

La oposición no surtirá por sí misma ese efecto que se espera. El nacionalismo debe llegar a la convicción de que ese partido "normal" en que se niega a convertirse es, en realidad, la clave de su futuro, que en cualquier caso no volverá a ser el del control hegemónico de la sociedad vasca.

Si ese mensaje no llega, o no se lanza con la suficiente credibilidad, el PNV seguirá creyendo que el suyo es un juego con reglas distintas a las de los demás. Y eso es lo que ha ocurrido cuando se ha absuelto al PNV de sus propias responsabilidades, o cuando se han asumido sus obsesiones identitarias, o cuando se ha aceptado como evidente por sí mismo el principio de que el PNV tenía que estar en el Gobierno en aras de la estabilidad, que toda alternativa era "frentismo" o que el pacto con ETA para el PNV es gratis porque a los jelkides hay que privilegiarlos como eternos hijos pródigos de la política española -hijos "sui generis", es cierto- con derecho imprescriptible a que se les festeje cuando no les sale la jugada como ellos quieren.

La insistencia de los portavoces socialistas en explicar el acuerdo con el PP porque el PNV en este momento "lo ponía muy difícil", es una mala explicación que desdeña al PP y alimenta en el PNV su narcisismo como fuerza política imprescindible.

 "En este caso -escribía el ex rector de la Universidad del País Vasco, Manuel Montero (El Correo, 24-5-2009)- no vale el truco de gobernar para quedar bien con los nacionalistas, ni la tentación de buscar ante todo que éstos se den cuenta de que también los socialistas son buenos chicos y de fiar. No sólo porque una política de este tipo estaría abocada al fracaso -el nacionalismo actual no está dispuesto a admitir a los constitucionalistas como una alternativa legítima-, sino porque el deterioro cultural o ético que arrastramos es tal que cualquier dejación constituiría una irresponsabilidad inadmisible".

BUENAS NOTICIAS PARA LA LIBERTAD: VUELVE LA ALTERNATIVA

No hay exageración en afirmar que se ha abierto un capítulo histórico en el País Vasco. Un capítulo de cambio, de auténtica normalización -la buena, la de verdad- de la vida política, de esperanza en la sutura de fracturas abiertas, de expectativa de regeneración del tejido dañado por la violencia terrorista, la exclusión civil y el miedo. Son -como escribía Joseba Arregui (El Mundo, 3-3-2009)- "buenas noticias para la libertad".

La responsabilidad primordial en ese nuevo capítulo recae sobre el Partido Socialista. Ahora bien, de todas las incertidumbres que pueda tener Patxi López, la que menos debe preocuparle es la continuidad del apoyo del Partido Popular. Pero la realidad del cambio depende de algo más que de la estabilidad que se le proporciona al Gobierno del PSE en la mayoría parlamentaria que suma con el PP. El Gobierno no es una imagen estática sino un proyecto de acción que debe ser mensurable en la ampliación de la libertad efectiva de los ciudadanos en el País Vasco y en el disfrute de sus derechos.

La solidez de esa mayoría de Gobierno y la capacidad para alentar los proyectos de la envergadura que requiere al cambio, constituyen una verdadera prueba para los socialistas vascos.

Es preciso ser conscientes de las dificultades de esta operación. No hay que engañarse sobre esas dificultades. Para empezar, los socialistas no han tenido reparo en explicar que el PP era segundo plato. No es ningún juicio temerario creer que la primera opción del PSE hubiera sido un acuerdo con el PNV en el que este partido habría tenido que aceptar la jubilación de Ibarretxe. Los resultados de los socialistas no han dado para eso. Puede parecer, en consecuencia, que el pacto con el PP carece del alcance que muchos queremos ver en él porque los socialistas han tenido que improvisar un proyecto de Gobierno que no tenían en sus previsiones.

Esta inquietud inicial está presente de manera más o menos explícita en las opiniones de muchos que contemplan lo ocurrido el 1 de marzo con una gran esperanza y, por ello, con temor a lo que significaría su frustración. La opinión de Montero es bien representativa de ello. Otras similares vienen expresándose desde el deseo sincero de que el nuevo Gobierno vasco esté a la altura de un reto que López Basaguren y Corcuera (El Correo, 31-5-2009) calificaban razonadamente en el artículo aludido "de naturaleza casi constituyente por el deterioro de los fundamentos de la convivencia democrática provocados por los doce años de apuesta por el soberanismo".

Lo que se pide es que socialistas y populares puedan definir, acordar e impulsar un proyecto consistente que, en unos casos, exige reformas y, en otros, singularmente en el terreno institucional, exige recuperar la fortaleza del marco autonómico frente a la descalificación del soberanismo.

Los motivos de la inquietud ante un eventual naufragio del entendimiento PSE-PP tienen que ver con la confrontación de ambos partidos a nivel nacional. Pero no se trata sólo de eso.

Los actuales dirigentes del socialismo vasco responden a una acusada cultura de partido. Su acceso a la dirección del socialismo sigue al movimiento pendular -éste sí- que se desata en este partido después de las elecciones autonómicas de 2001. Su discurso es, por tanto, reactivo y agriamente crítico contra la iniciativa de alternativa constitucionalista promovida por Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo.

El PSE recupera entonces la "transversalidad", y estigmatiza la apuesta por la alternativa, empaquetándolo todo en un viejo discurso que remozan inspiradores como Juan Luis Cebrián. En su análisis de aquellas elecciones (El País, 18-5-2001), Cebrián calificaba la apuesta por la alternativa de gobierno al nacionalismo de "importante embeleco", mientras declaraba sentirse "en cierto sentido, aliviado" por la victoria de Ibarretxe y, en una suerte de profecía involuntaria, ridiculizaba a los que "confundieron deseos y realidades, que hoy prefieren no apearse del machito, afirmando que antes o después, triunfarán sus tesis, pues sólo han errado en el tiempo".

Pero eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en 2009 y en nada cambia este hecho el que aquellos que emergieron renegando de la apuesta por la alternativa sean los que, ocho años después, la hayan materializado. Era, efectivamente, cuestión de tiempo, entre otras razones porque, una vez más, el espejismo de un PNV moderado después de la victoria de Ibarretxe se desvaneció tanto en esa legislatura como en la siguiente.

No es de extrañar que López ironice sobre Jaime Mayor Oreja dejando constancia, en la sesión plenaria de su investidura, de que no es uno de sus "políticos de cabecera". De la misma manera que tampoco debe sorprender que quien se ha hecho mayor de edad en política en la subcultura de exclusión del "cordón sanitario" para el aislamiento del PP, encuentre dificultades de acomodación a este escenario en el que gobierna gracias al adversario cuyo aislamiento se había convertido un objetivo estratégico.

Pero a veces la política es una realidad más dura de lo que se le supone. De ahí que el proyecto de cambio que se ha alumbrado en el País Vasco se asienta en dos pilares: por un lado, el acuerdo entre el PSOE y el PP; por otro, el compromiso común con la derrota de ETA.

El PSOE debe saber a estas alturas que en un espectro político tan fragmentado como el del País Vasco, sólo el acuerdo con el PP hace factible un lehendakari socialista. La inversa es igualmente cierta para el PP. Todas las demás posibles combinaciones con las que desde el propio socialismo se ha fantaseado resultan política y electoralmente impracticables, y así se demuestra por el hecho de que en treinta años de instituciones autonómicas ésta haya sido la única combinación eficaz.

Después de una trayectoria tortuosa y debilitante para la democracia, el PSE debe aportar a su definición de gobierno la determinación irrevocable de hacer de la derrota el único final aceptable de ETA, sin atender falsas expectativas -que con toda probabilidad se suscitarán en algún momento- de alternativas políticamente tan tentadoras como condenadas al fracaso. La labor de la Ertzaintza adquiere aquí una importancia que no es sólo la de su contribución operativa a la lucha contra ETA, sino la de un valioso símbolo de normalidad institucional y de respeto cívico.

Durante más de diez años, el Estatuto de Guernica ha sido el objeto final de la estrategia soberanista del nacionalismo. La deslegitimación del cuadro institucional desde el que el propio nacionalismo ha ejercido su poder ha pretendido dejar a la sociedad vasca sin otros factores de vertebración política y simbólica que los del nacionalismo. Al mismo tiempo que ETA y sus cómplices han aprovechado para justificar décadas de violencia precisamente por el hecho de que el PNV al romper con el Estatuto venía a darles la razón.

El destrozo ha sido inmenso, y no ha ayudado a arreglarlo la incursión doctrinal de los socialistas vascos en la pasada legislatura hacia terrenos situados más allá del vasquismo, rubricando sus divagaciones sobre las "comunidades nacionales" con el compromiso de elaborar un nuevo Estatuto en la estela catalana.

No se ven cuáles serían las ventajas que hoy tendría un proceso de revisión estatutaria. Lo último que necesita un proyecto de cambio en las actuales circunstancias sería echar a rodar todo el entramado institucional y que fuera el propio Gobierno vasco el que generara incertidumbres añadidas. El Estatuto no tiene alternativa como el espacio posible de convivencia que los vascos en su gran mayoría quieren cultivar.

En el Estatuto y, por tanto, en su rehabilitación política, en la recuperación de la narrativa democrática y cívica que representa, es donde se encuentran las claves del éxito de este empeño. En el terreno pactado de la convivencia, de las instituciones y del Estado de Derecho es donde debe situarse la respuesta que demanda la convivencia de lenguas y hablantes, el fortalecimiento y la visibilidad del pluralismo a través de una cultura purificada de sectarismo identitario y de unos medios de comunicación públicos a la altura de las exigencias de una sociedad que tiene acreditada una notable resistencia al adoctrinamiento.

Da la impresión de que el PSE-PSOE ha recorrido un largo camino huyendo de estas evidencias para, al final, encontrarse con ellas. Y eso no debería provocar incomodidad en los actuales dirigentes socialistas vascos como si se hubieran vistos obligados a interpretar una partitura que no es la suya. Lo es y no se debe dejar pasar la ocasión de explicar la prosa del cambio -ya que no ha habido mucha poesía en su gestación- y cultivar un clima de lealtad y buena fe entre todos los que tienen que aportar su cuota de responsabilidad a este proyecto. Del pasado cuentan las lecciones que podemos extraer para no quedar condenados a tropezar en las mismas piedras. Pero la sociedad vasca, que en su mayoría ha hecho suya la alternancia con entera normalidad, no está anclada en la mirada retrospectiva. Por el contrario, predominan el deseo de ver cómo se desenvuelve esta gran expectativa de cambio y una disposición abierta a lo que éste puede traer en términos de convivencia, regeneración democrática, estabilidad política y cohesión social.

El proyecto de cambio, ese reto de dimensión "casi constituyente", sólo saldrá adelante si es impulsado por el acuerdo firme de quienes se han comprometido con él ante los vascos y, en buena medida, ante el conjunto de los españoles. Los responsables de hacerlo realidad deben ser conscientes de que no son compañeros de viaje accidentales, sino protagonistas en una tarea histórica de libertad anhelada por muchos vascos de dos generaciones que, con todo derecho, van a ser exigentes con lo prometido.

PALABRAS CLAVE:

Comunidades autónomas•Derechos fundamentales y libertades públicas•Estatutos de Autonomía

RESUMEN

Después de treinta años de hegemonía nacionalista, la alternativa de gobierno se ha abierto paso en el País Vasco con el acuerdo entre el PSOE y el PP. Se trata de una buena noticia para la libertad y el comienzo de un proceso que habría de instalar al País Vasco en la normalidad institucional. El pacto constitucionalista no está exento de tensiones. La estrategia socialista de descalificación radical y sistemática del PP que se se ha vuelto a comprobar en la reciente campaña de las elecciones europeas, las apelaciones a un acuerdo "transversal" con el PNV basadas en el espejismo de la inexorable moderación del nacionalismo en la oposición, y las dificultades del socialismo vasco para asumir el acuerdo con el PP como la opción democrática deseable, son obstáculos que los protagonistas del pacto habrán de superar si se quiere que la apuesta por el cambio prospere y se materialice como esperan la mayoría de los vascos y del resto de los españoles.

ABSTRACT

After thirty years of nationalist domination, the agreement reached by the PSOE and the PP opens the way for an alternative government at the Basque Country. It is good news for freedom and for starting a process that should set the Basque Country upon institutional normality. The constitutionalist pact is not exempt of tensions. The socialist strategy of radical and constant condemnation of the PP that has been made evident again during the recent campaign for the European elections; the claims for a "cross-section" agreement with the PNV based on the mirage of the inflexible moderation of the nationalist opposition; and the difficulties of Basque socialism to assume the agreement with the PP as the desirable democratic option; are barriers that will have to be overcome by the leaders of the pact if they want the bid for change to flourish and materialise as the majority of Basques and as the rest of Spaniards wish.

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