Mujeres y aborto

Con esto, se constatan dos datos. El primero es que no hay efectivamente unas políticas de planificación familiar o programas de prevención ajustados a las necesidades no sólo de la población joven, sino de toda la población. El segundo, las políticas llevadas a cabo en España no han sido eficaces. Y no lo han sido seguramente porque se han centrado en el Estado "educador" sin tener en cuenta los agentes que mayoritariamente pueden facilitar esa educación, que son el entorno familiar y el de las instituciones educativas, en el caso de la población joven.

En el periodo 1998/2007, el perfil mayoritario de mujer que aborta (utilizando las mismas fuentes que hasta ahora) es el siguiente: mujer soltera, con nivel de instrucción de segundo grado, con situación laboral asalariada, sin hijos anteriores al aborto y sin abortos previos. En el caso de la pareja o sustentador principal, se trata en el casi 65% de los casos, de personas que trabajan y están asalariadas.

Este perfil rompe con los argumentos utilizados para apoyar el aborto para las mujeres.

- Quiebra el argumento de la falta de recursos, puesto que estamos ante mujeres trabajadoras, que cuando tienen pareja es casi siempre persona que también trabaja. Por tanto se trata mayoritariamente de supuestos de personas con salarios.

- Quiebra el argumento del embarazo de persona sin educación ni formación, puesto que mayoritariamente se trata de mujeres con formación básica, de segundo y tercer grado.

- Quiebra el argumento de un excesivo número de hijos para mantener, puesto que mayoritariamente se trata de mujeres sin hijos previos al aborto.

En el caso de las mujeres menores, tanto el embarazo como el aborto producen altos niveles de estrés. En una calificación de 1 a 5, ambas situaciones suponen un nivel 3 de estrés, provocando situaciones de ansiedad por conductas generadas en muchas ocasiones por problemas sociológicos o psicológicos. Esa ansiedad no disminuye ni queda diluida en los casos en que la menor está acompañada por su pareja o por su familia.

Esto confirma la reiterada idea de la necesidad de hacer programas de prevención y de fomentar la educación sexual en los modos y lugares que los padres consideren más oportunos. En este sentido, se trata de proponer centros alternativos cuando los centros públicos ofrecen una información sesgada o parcial sobre cuestiones relacionadas con la planificación familiar o la salud y educación sexual.

La última y no menos importante cuestión es la del papel de los medios para ofrecer y difundir una "demanda social" que a veces puede no ser objetiva.

Por ejemplo, en el Informe del Ministerio de Sanidad de 2007 se afirma que en Asturias hay un solo centro que notifica abortos, que es público. Junto con Galicia y Navarra, se trata de la Comunidad autónoma donde las tasas de aborto son menores y suponen alrededor del 5,01 por 1000, de mujeres entre 15 y 44 años.

Sin embargo, los titulares de la prensa local difieren mucho de esta aproximación. Uno de los periódicos locales, refiriéndose al informe del Ministerio de 2006, titula la noticia sobre abortos de menores del siguiente modo: "6 de cada 10 adolescentes opta en Asturias por el aborto", lo que no concuerda con los datos oficiales.

Además, aunque objetivamente el número de abortos se ha incrementado mucho en España, la alarma social potenciada por los medios sólo puede equilibrarse ofreciendo información alternativa, utilizando los informes oficiales, que están lejos del titular mencionado.

En este sentido, puesto que los medios pueden estar a veces condicionados por otros criterios no estrictamente científicos, hay que plantear con urgencia actividades alternativas para distribuir información veraz; y esto puede hacerse a través de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen competencias tanto en materia sanitaria como en asuntos sociales; y a través de los Ayuntamientos y entidades locales.

A ello habría que añadir también una estrategia adecuada con profesionales de los medios y con sectores como el académico, que tienen una mayor posibilidad de distribuir información en los ámbitos en los que trabajan.

La opción para equilibrar los argumentos difundidos en los últimos meses es ofrecer alternativas positivas.

Para ello sería interesante utilizar las palabras de Betty Friedan, para insistir en que "no hay en la actualidad problemas sociales que afecten exclusivamente a las mujeres o a los hombres", sino que afectan a toda la sociedad. El hecho de que la despenalización del aborto se plantee como una cuestión de "mujeres" implica la vuelta al patriarcado y al machismo y difiere sustancialmente de todas las políticas y programas aprobados en las Organizaciones Internacionales, de las que España forma parte.

En el caso de los programas para incidir en la prevención, resulta especialmente importante proponer una educación sexual plural y rigurosa, que respete en el caso de personas menores el derecho de los padres a que sus hijos-as reciban la educación y formación que consideren adecuada según sus convicciones. En el caso de mujeres adultas, no es menos importante que reciban esa educación plural, que propone diferentes modos de vivir la sexualidad. Lo que significa que dicha educación reclama entidades apropiadas para ello y un mecanismo de seguimiento, para asegurar dicha pluralidad.

La despenalización del aborto en los términos propuestos por el actual Gobierno implica la imposición del pensamiento único, que es la antítesis de cualquier sistema democrático y plural, como es el nuestro. No se trata de difundir el manido argumento de que no se "impone" el aborto, sino que se facilita libremente para quien opte por ese recurso. Se "impone" en la medida en que en los centros públicos se lleva a cabo con el dinero de todos los contribuyentes que no es "dinero de nadie" sino dinero de toda la sociedad, que responsablemente debe reclamar no sólo transparencia sino también respeto a la sociedad plural en la que vivimos.

Sanidad•España•Derechos Fundamentales y Libertades Públicas

El artículo entra de lleno en el actual debate a propósito de la revisión de la legislación sobre el aborto desde la perspectiva que más frecuentemente suele utilizarse para justificar la ampliación de esta práctica: la preservación de los "derechos de la mujer". Para la autora, la introducción del aborto libre y subsidiariamente de un régimen de indicaciones significa la imposición del pensamiento único, mientras que la apelación a los "derechos de la mujer" supone un retroceso en las políticas de igualdad, una vuelta al machismo y una contradicción con las posiciones europeas.

Además, las propias estadísticas sobre la práctica del aborto "desmienten los argumentos que buscan justificar su ampliación".