Paisaje después del 14-M

Una línea defendida por Llamazares en la asamblea de diciembre pasado, que consiguió frenar la oposición del catalán Frutos, que conoce a fondo los entresijos de la izquierda en Catalunya. El éxito de ICV-EUiA, que pasa de uno a dos escaños, contrasta con el hundimiento de IU y da cierta razón al coordinador general de IU frente a las tesis del secretario general del PCE, a pesar de que el éxito de los catalanes resulta muy limitado: en el 2000, ICV e EUiA concurrieron por separado; la primera obtuvo 112 mil votos (3,54%), la segunda, 75 mil (2,23%). En el 14-M, si ponderamos el aumento de la participación, sólo se han conservado posiciones (5,85%), aunque visto el retroceso general de IU, mantenerse puede ser presentado como una victoria.

Las tensiones, largamente contenidas, estallan de mala manera cuando Llamazares, sin contar con la dirección de IU, que se entera por la prensa del asunto, ofrece a Jiménez Villarejo (ex militante del PSUC, fiscal del caso Banca Catalana en 1984 y ex fiscal anticorrupción) encabezar la lista de las europeas. Frutos, que ha renunciado al puesto, no puede contenerse y califica la decisión de "cacicada" y considera que Llamazares, responsable de la derrota, "debería hacer las maletas e irse a su pueblo". Villarejo, para no convertirse en un factor de "división", renuncia a una candidatura a la que había dado su conformidad. Las críticas a Llamazares por este asunto se extienden a otras corrientes y a las federaciones madrileña y catalana de la coalición.

Como señaló Manuel Monereo, IU se debate entre dos opciones contradictorias, de difícil conciliación, "entre la izquierda complementaria y la izquierda para la alternativa". La primera implica operar como una especie de extrema izquierda en el marco del actual régimen político, como la mala conciencia izquierdista del PSOE; la segunda implica abrir una perspectiva de ruptura donde IU aspiraría a disputar al PSOE la hegemonía de la izquierda española, pero que implica correr el riesgo de arrojar a la formación al extraparlamentarismo. Además, todo parece indicar que IU camina a pasos agigantados hacia su estallido.

El futuro de Plan Ibarretxe
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el gobierno del PSOE es el relativo a la organización territorial del Estado y al pleito político-simbólico planteado por los gobiernos de Euskadi y Catalunya, exacerbados por el PP durante la pasada legislatura.

La polémica votación separada, en el Parlamento Vasco, de las enmiendas a la totalidad del Plan Ibarretxe (22/03/04) fueron el marco utilizado por el portavoz y presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, para lanzar una sorprendente oferta al tripartito vasco, que significa la extensión del certificado de defunción del bloque constitucionalista PP-PSE. El Plan Ibarretxe es un proyecto de la etapa anterior, una respuesta del nacionalismo vasco a la ofensiva centralista del PP. La victoria de Zapatero en España y el hundimiento de Mayor Oreja en Euskadi inauguran un nuevo periodo de distensión y de diálogo, donde el Plan Ibarretxe resulta un obstáculo objetivo. Si el gobierno vasco procede a retirarlo y plantea una reforma del Estatuto, en términos parecidos a la Generalitat de Catalunya, los socialistas vascos estarían dispuestos no sólo a impulsar una generosa reforma estatutaria, sino a contribuir a la estabilidad del ejecutivo. Al fin y al cabo, como recordó Eguiguren, el Plan Ibarretxe y la propia estabilidad del gobierno vasco dependen del comportamiento de los diputados de SA y si las enmiendas a la totalidad se hubieran votado conjuntamente, el Plan habría acabado su trayectoria institucional.

A diferencia de la propuesta catalana que respeta los procedimientos contemplados en el Estatut y la Constitución para su reforma, el Plan Ibarretxe los ignora. Plantea un nuevo marco de relación entre Euskadi y el Estado español, el status de libre asociación, de difícil encaje en el sistema constitucional vigente. La propuesta del PSE-EE fue rechazada por el portavoz del gobierno vasco, el peneuvista, Miren Azkarate, que no vio motivos para retirar el Plan, pidió a los socialistas vascos que concretaran su propuesta y que como en Catalunya reconozcan que Euskadi es una "nación" con "derecho a decidir y ser consultada sobre su futuro". Una respuesta en la misma línea que el portavoz de la línea dura del PNV, Joseba Egibar, que criticó que "en nombre de un nuevo clima, de la nueva era que queremos abrir, se nos diga que retiremos una propuesta que ya cuenta con el apoyo de tres partidos." El secretario general del PSE-EE, Patxi López, expresó su decepción por lo que calificó de "lamentable error" ante "el primer gesto" de "una nueva etapa presidida por el diálogo y el entendimiento." El PNV no busca negociar su plan sino su "imposición", pues "cuando se les ofrece reformar el Estatuto con consenso suficiente dicen que no", lo que demuestra que siguen anclados "en la etapa anterior."

El 1 de abril se reúne por primera vez la ponencia creada por el Parlamento vasco para la discusión del Plan y que según Eguiguren será "puro teatro", pues el "único debate que se va a producir es entre los tres partidos del propio Gobierno". El diálogo que ofrecen los nacionalistas es capcioso, "plagado de condiciones, de aceptas la autodeterminación o hay nada que hacer."

Las perspectivas inmediatas del Plan son inciertas. El proyecto sólo podrá proseguir su andadura parlamentaria ­a expensas de la resolución del Tribunal Constitucional planteada por el PP para impedir su debate en la cámara vasca­ si cuenta con el apoyo de los ocho diputados de Batasuna-SA; algo imposible si ETA no proclama una tregua, lo cual no debe descartarse a luz del comunicado conciliador que la organización armada difundió después del 14-M. El Plan tampoco podrá contar con el apoyo del PSE-EE, al situarse al margen del consenso constitucional y estatutario, y mantener un foco de enfrentamiento con el Estado. Como recogió El País (29/03/04), la pregunta "¿Dónde está el Plan B del lehendakari?" se extiende entre políticos y analistas.

Tensiones en el tripartito catalán
En Catalunya, pasadas las primeras alegrías y coincidiendo con los primeros cien días del tripartito, se genera una agria polémica sobre las consecuencias constitucionales de la reforma del Estatut. Una discusión que, con el telón de fondo del triple desafío lanzado por ERC, revela que la vía catalana no será un camino de rosas.

Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat y del PSC, aprovechó la reunión del Consell Nacional del partido (28/03/04) para enunciar sus prioridades políticas en la nueva etapa. El PSOE, que se ha liberado de las hipotecas del PP y de su doctrina sobre la "unidad de España", más allá de administrar la victoria debe "proceder a una relectura de los textos fundamentales" y a su eventual reforma. El primer secretario del PSC y futuro ministro de Industria, José Montilla, será el encargado de defender en el Consejo de Ministros las tesis federalistas y combatir al sector centralista y jacobino del PSOE, representado por el titular de Defensa in pectore, José Bono.