Evo Presidente, la izquierda indígena llega al poder

El 18 de diciembre de 2005 casi no hubo festejos populares: a algún observador recién llegado podría haberle parecido que se trataba de una elección rutinaria, cuyo resultado se limitaba a lo que los politólogos llaman "alternancia", propia de toda democracia.

Sin embargo, la tranquilidad de las principales ciudades bolivianas encubría lo que, desde varios puntos de vista, es un hecho histórico en la vida republicana de este país andino-amazónico: la llegada al sillón presidencial de un indígena, y para más datos, cocalero; una combinación -otrora condenada a la estigmatización- que habla de cambios profundos en las percepciones de los bolivianos. La victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) informa sobre el agotamiento del ciclo de la "democracia pactada" -superestructura del modelo de libre mercado aplicado desde mediados de los años ‘80-, pero también constituye una reacción social ante el crónico fracaso de las élites para transformar una coexistencia territorial no exenta de tensiones en un proyecto de nación incluyente.

La izquierda que llega al poder con el 53,7% de los votos no es la izquierda "criolla", partidaria y marxista de antaño, sino un archipiélago de movimientos sociales y sindicales -una suerte de simbiosis entre partido y sindicatos- con ritmos, culturas políticas y objetivos no siempre coincidentes ni fáciles de articular, y con fronteras ideológicas más amplias y pragmáticas que incorporan un componente étnico casi inexistente en la izquierda clásica. Como señala Félix Patzi "no son partidos que se insertan en el movimiento (social) para articularse con él (como ocurría años atrás) sino que salen de él", en un proceso de expansión desde el campo a la ciudad (otro elemento que distingue a esta izquierda de la precedente).

En gran medida, este "populismo de izquierda" -en el sentido de propiciar la construcción de una identidad popular amplia por encima de las identidades étnicas y de clase- combina elementos del discurso nacionalista revolucionario de los años ‘50 (lucha entre la nación y la antinación, antiimperialismo y demanda de nacionalización de la economía y el Estado) y del katarismo de los años ‘70, que estructuraba su discurso a partir de la denuncia del "colonialismo interno" que perduró en el país después de su independencia. Paralelamente, podemos hablar de una "indianización" de la izquierda boliviana. Hoy, a diferencia del pasado, los indígenas están a la cabeza de las nuevas organizaciones partidarias (antes, en la izquierda, "los blanco-mestizos eran los arquitectos y los indígenas los albañiles", suele graficar Evo Morales), con liderazgos construidos en un largo proceso de ocupación sucesiva de cargos en el sindicato campesino, para luego ocupar posiciones en el Instrumento Político y, eventualmente, en el Parlamento. Estas nuevas estructuras organizativas han desplegado con fuerza la idea de autorrepresentación -"votar por nosotros mismos"- frente a las anteriores formas de representación mediadas por "intermediarios culturales" de las clases medias o de las élites, como fue el caso del movimiento neopopulista Conciencia de Patria (CONDEPA), liderado por el "compadre" Carlos Palenque, o del acceso del aymara Víctor Hugo Cárdenas a la Vicepresidencia de la República, de la mano de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

Desde el comienzo, el gobierno de Evo Morales estuvo cargado de gestos y símbolos para reforzar la idea de "revolución democrática y cultural" con la que la izquierda quiere comenzar su gestión. Primero fueron las tres ceremonias de asunción, incluidas la investidura indígena en Tiahuanacu y el "juramento" ante el pueblo en la Plaza de los Héroes. Luego vino el nombramiento de un gabinete considerado "duro" por la prensa local. "El gabinete recoge el conjunto de demandas de cambio y de transformación de la política boliviana. Los nuevos ministros están o han trabajado con los movimientos sociales, han estado en la trinchera de combate contra el orden neoliberal", dice el nuevo ministro de la Presidencia, el sociólogo y ex militar Juan Ramón Quintana. En el estratégico ministerio de Hidrocarburos recayó el "combativo" Andrés Soliz Rada, partidario de una nacionalización dura y crítico por la izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS) en el tema energético. En el recién creado ministerio del Aguas -uno de los temas sensibles en Bolivia- fue nombrado el líder de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, Andel Mamani, que encabezó, el año pasado, las luchas por la expulsión de la empresa de aguas francesa Suez.

Una de las sorpresas fue la designación de Casimira Rodríguez -dirigente de la asociación de empleadas domésticas- a cargo de la cartera de Justicia. "Es la reivindicación histórica de una gran mayoría de trabajadoras domésticas tradicionalmente marginadas, invisibles para la sociedad, maltratadas y excluidas, tratadas muchas veces como animales", continúa Quintana. Dos señales fueron emitidas con las designaciones del ex productor de coca, Felipe Cáceres, como nuevo zar antidrogas y del intelectual indigenista, David Choquehuanca, a cargo de la Cancillería. "Los diplomáticos deberían hablar quechua o aymara", dijo el nuevo canciller y amenazó con cerrar la Academia Diplomática "por ser excluyente".

En sus primeras y vertiginosas dos semanas de gestión, el presidente Evo Morales cumplió con la prometida rebaja de salarios de los altos funcionarios estatales -57% para el presidente, que ganará menos de 2.000 dólares y 50% para los parlamentarios- e impuso un ritmo de trabajo marcial: entra al Palacio Quemado a las 5 de la mañana y, a veces, antes.

Por otro lado, Morales removió a toda la cúpula militar y se saltó dos promociones sospechosas de haber participado en la polémica entrega de 28 misiles chinos HN-5 a Estados Unidos "para ser desactivados", debido al temor de la potencia del norte a que cayeran en manos de grupos terroristas; también nombró a un activista de derechos humanos, Sacha Llorenti, como embajador en Washington "para traer a Gonzalo Sánchez de Lozada" (para que responda por los 60 muertos de octubre de 2003) y está preparando una ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente que "garantice" mayoría para los movimientos sociales e indígenas para "refundar" Bolivia.

Sin embargo, el camino hacia el cambio no está libre de obstáculos y el nuevo gobierno enfrentará las mismas dificultades para resolver la ecuación entre utopía y realpolitik que ya debieron encarar otros gobiernos de izquierda en la región. Además, los movimientos sociales y sindicales están lejos de la imagen idealizada con que por momentos se los ve en el exterior y, corrientemente, el corporativismo se impone a su "vocación hegemónica".