Las inciertas perspectivas del Estatut

La negociación catalana

Los trabajos de la comisión parlamentaria se prolongaron durante 18 meses ante la indiferencia de la opinión pública. Tras la crisis del tres por ciento, que estuvo a punto de dar al traste con la legislatura y la reforma, el proceso entra en su recta final en el Pleno del Parlament del 28 de julio que debe pronunciarse sobre el texto elaborado por la comisión. ERC se desmarca de sus socios de gobierno y une sus votos a los de CiU para imponer el reconocimiento de los derechos históricos como fuente de derecho y el concierto económico. También ICV se alinea con CiU y ERC votando a favor del reconocimiento de los "derechos históricos" como fuente de derecho para blindar las competencias de la Generalitat. El paso dado por Iniciativa va más allá de la tradicional defensa de la doctrina leninista de la autodeterminación de las naciones y supone un punto de inflexión en la deriva nacionalista de una formación que no había recurrido a estos argumentos historicistas, extraños a las tradiciones republicanas y socialistas.

Para salvar la situación, Maragall invoca el criterio del Consell Consultiu, órgano elegido por el Parlament cuya función es revisar la constitucionalidad de la legislación catalana. El dictamen no vinculante del Consultiu del 5 de septiembre, aprobado por la mayoría formada por los miembros propuestos por PSC, PP e ICV frente a los votos particulares de los de CiU y ERC, significó un severo varapalo al proyecto, al plantear motivos de inconstitucionalidad en 19 artículos y dudas en otros 35 que afectan a aspectos esenciales del texto como la financiación, los derechos históricos o la asunción de competencias exclusivas del Estado. En efecto, el proyecto aprobado gracias a la mayoría absoluta nacionalista responde a una concepción soberanista de la "nación" investida de derechos históricos y donde el régimen de autonomía se contempla como una situación transitoria hasta lograr la plena soberanía política..

El pronunciamiento del Consultiu estuvo precedido por el comité federal del PSOE centrado en el Estatut y escenario de fuertes choques entre los socialistas catalanes y gran parte del resto de federaciones. Zapatero intervino en tono conciliador, para manifestar la posibilidad de elevar el techo de autogobierno dentro del marco constitucional, respetando los principios de solidaridad e igualdad entre los territorios del Estado español. En este sentido, reiteró su confianza en Montilla y Maragall, en su capacidad para presentar un Estatut "socialmente ambicioso, realista y constitucional" y advirtió del interés de algunos en el fracaso del proyecto, aludiendo a PP y CiU.

Por su parte, Pujol saltó a la arena política con una intervención de alto voltaje simbólico y político. No sólo se negó a asistir a los actos institucionales del Onze de Setembre, sino que aprovechó la ocasión para lanzar un órdago contra el proyecto. Eligió el mitin de las juventudes de su partido en el Fossar de les Moreres, espacio sagrado del independentismo donde están enterrados los defensores de Barcelona de 1714 y al que no asistía desde 1978. El patriarca del nacionalismo catalán dio rienda suelta a sus impulsos soberanistas, entonó su tradicional discurso victimista ("España está en deuda con Catalunya") y se mostró muy escéptico sobre el Estatut. En línea con su partido, apostó por un texto de máximos que ya se retocaría en Madrid y manifestó que prefería un "buen" Estatut a un "nuevo" Estatut que podría volverse en contra de Catalunya. Maragall se vio obligado a replicar y en la Festa de la Rosa, que celebra anualmente el PSC, evocó las afirmaciones de Pujol en 1979, cuando aseguró que el Estatut que entonces se estaba elaborando debía "tomar como norma la Constitución, sin poner dificultades al Gobierno y a los partidos políticos españoles."

Mientras se espera el dictamen del Consultiu, se suceden las reuniones secretas entre Maragall y Mas para salvar el proyecto. Ambos se juegan su futuro político: si CiU acaba bloqueando la reforma sería acusada de impedir una mejora sustancial del autogobierno y la financiación. Artur Mas sería el responsable de desperdiciar una oportunidad histórica por el puro interés partidista de perjudicar a Maragall y dinamitar el tripartito. También el president de la Generalitat pagaría un elevado precio si al final su proyecto estratégico acaba en un fracaso que afectaría al conjunto de la clase política, al cuestionar la imagen de unidad catalanista en defensa de los supremos intereses del país, forjada en los tiempos de la Assemblea de Catalunya.

Días después de entrevistarse con Carod, que le garantiza su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y la fidelidad al PSC en el tema del Estatut en base al dictamen del Consultiu, Zapatero se reúne en secreto con Mas en La Moncloa el 19 de septiembre. Sobre el contenido de este encuentro que, para muchos salvó in extremis el Estatut, existen versiones contradictorias. Desde el PSOE se asegura que Zapatero se negó a aceptar el concierto económico e insistió en la constitucionalidad del proyecto. Al principio de la larga negociación, el primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, se había alineado con la dirección del PSOE en la inconveniencia de incluir la financiación en el Estatut, cuando existe un órgano multilateral para ello: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora bien, CiU, apoyada por ERC, hizo de su inclusión en el texto una condición irrenunciable a la que el PSC acabó plegándose. Por su parte, CiU afirma que antes de reunirse con Zapatero, Mas y Maragall habían alcanzado un acuerdo sobre financiación -que éste niega- y que el presidente español dio luz verde para que saliese de Barcelona un texto ambicioso que ya sería revisado en Madrid. Tres días después, el 22 de septiembre, Zapatero se reúne con Mas y Maragall, en un encuentro cuyo contenido será aún más opaco si cabe que el anterior.

La financiación se alza como el último obstáculo para alcanzar el ansiado acuerdo. El miércoles 28 de septiembre se inaugura el decisivo pleno, mientras se suceden reuniones, se cruzan propuestas y contrapropuestas sobre el tema entre CiU y el PSC. Unió, por su parte, a la vista de las rebajas, aprovecha la ocasión para conseguir a última hora la modificación del laicismo en la enseñanza. Al día siguiente, Montilla se desplaza a Barcelona para supervisar el acuerdo final sobre financiación que será refrendado por la ejecutiva del PSC. Por la tarde, en una actuación sin precedentes, el president del Parlament, Ernest Benach (ERC) suspendió durante casi tres horas la sesión. Al borde del abismo, CiU, PSC, ERC e ICV suscribieron una enmienda transaccional donde se eliminan las expresiones que aluden directamente al concierto económico, pero que asume gran parte de las tesis de CiU.

La tensión largamente contenida se desbordó en alegría. Se había sorteado un temible escollo que cuestionaba la credibilidad de la clase política catalana. Al día siguiente se escenificó, como en los mejores tiempos de la Transición, la unidad de los partidos catalanes y tras la votación los diputados se alzaron para cantar Els Segadors . En un ambiente de euforia generalizada, que contrastó con las caras largas de los diputados del PP, Pujol, en su papel de patriarca, se personó en la Cámara para bendecir el Estatut y felicitar, entre nubes de fotógrafos, a Maragall y Mas: "lo habéis hecho muy bien".