Las inciertas perspectivas del Estatut

Un maldito embrollo. Un asunto que, si no se conduce bien (y nada hace pensar en ello a la vista de las posiciones de partida que la clase política ha manifestado ya) puede acabar con niveles de crispación nunca alcanzados antes. Un lío que los ciudadanos, catalanes o no, no nos merecemos.

La cuestión de la reforma del Estatut se remonta a las ajustadas autonómicas de octubre de 1999, las últimas de Jordi Pujol y las primeras de Pasqual Maragall. Pujol, beneficiado por la ley electoral, pudo mantenerse in extremis en el poder gracias al apoyo del PP, que exigió la renuncia de CiU a reformar la Constitución de 1978 y el Estatut de 1979 durante el mandato. Maragall vio en este pacto la gran oportunidad para desbordar a CiU en su propio terreno. Así auspició, a principios de la legislatura, la constitución en el Parlament de la Comissió d'Estudi sobre l'Autogovern que, en noviembre de 2001, presentó un documento suscrito por PSC, ICV y ERC que gira en torno a tres ejes: ampliación sustancial del autogobierno y la financiación, reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y presencia de la Generalitat en la Unión Europea. Una propuesta que implicaba una serie de reformas constitucionales, estatutarias y de gran número de leyes orgánicas.

En principio, Pujol se mostró muy escéptico ante lo que calificó de "operación de imagen y maniobra táctica" y volvió a plantear su fórmula clásica de "lectura generosa de la Constitución." No obstante, CiU acusó el golpe. El delfín Artur Mas se apresuró a presentar un extenso documento donde propugna que la Generalitat se convierta en administración única del Estado, mediante la aplicación del artículo 150 de la Constitución, que prevé la transferencia a las autonomías de competencias exclusivas del Estado. Ello sin necesidad de reformar ni la Constitución, ni el Estatut, aunque sí gran número de leyes orgánicas. El rechazo del PP a esta propuesta sirvió a Mas para sentirse liberado de los pactos con Aznar y aceptar el reto planteado por la izquierda en un terreno central del discurso convergente.

Coincidiendo con estos movimientos, a finales de septiembre de 2002, se celebró el cónclave de Santillana del Mar, donde Maragall obtiene, con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, luz verde para su programa de reformas en la línea de Eliseo Aja o González Casanova. Se trata de culminar en sentido federal el modelo apuntado en la Constitución de 1978, a través de una serie de reformas constitucionales, en especial la del Senado, que se convertiría en la Cámara territorial de un Estado semifederal.

El debate de Política General, celebrado en el Parlament el 3 de octubre de 2002, mostró la nueva correlación de fuerzas. CiU, con el apoyo de ERC, la abstención del PSC y el voto en contra del PP, aprobó una resolución para reformar el Estatut en la siguiente legislatura. La votación sirvió de pretexto a Mas para dar carpetazo a la Comissió d'Autogovern ante la falta de consenso entre los dos grandes partidos catalanes. CiU guardaba un as en la manga: el 22 de octubre organizó un gran acto de masas que reunió a dos mil militantes y la flor y nata de la sociedad civil catalana. Mas explicó, durante dos horas, el contenido del nuevo Estatut, que se presentaba como la Constitución interna de Catalunya , basada en el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y de los derechos históricos de Catalunya. Las relaciones con el Estado se planteaban en términos de soberanía compartida y bilateralidad que, en materia de financiación, se concretaban en un concierto económico semejante al vasco. Esta propuesta resulta una especie de síntesis entre el Plan Ibarretxe, en lo que concierne a la reivindicación de los derechos históricos como fuente de derecho, y a la Declaración de Barcelona, por lo que respecta la relación confederal con el Estado.

Este movimiento precipita que en las siguientes semanas todos los partidos catalanes, salvo el PP, presenten sus proyectos de Estatut. De la propuesta soberanista de ERC al federalismo de libre asociación de ICV, inspirado en sus compañeros vascos, pasando por el federalismo asimétrico del PSC. En noviembre de 2002, ERC presenta una moción que, tras ser consensuada, obtiene el apoyo de todos los grupos, excepto el PP, que les compromete a emprender la reforma del Estatut en la siguiente legislatura. Así, en las autonómicas, celebradas un año después, CiU, ERC, PSC e ICV concurrieron con sus respectivas propuestas de nuevo Estatut. En la reforma del Estatut radica justamente el nervio político del Pacte del Tinell, de diciembre de 2003, que formalizó el gobierno tripartito. De algún modo, el nuevo Estatut pondría punto final a la etapa autonomista de Pujol para inaugurar un nuevo ciclo de la política catalana.

Mientras el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, tachó de gobierno inconstitucional al flamante ejecutivo catalán, Zapatero se implicó desde el principio con el tripartito y resistió las fuertes presiones de los sectores "españolistas" de su partido que rechazaban pactar con los independentistas de ERC y preferían una gran coalición con CiU. Prueba de ello fue su presencia en la investidura de Maragall en el balcón de la Generalitat, para escándalo de los nacionalistas, y su resistencia a las renovadas presiones para romper con ERC tras la filtración de la reunión secreta del conseller en cap Josep-Lluís Carod-Rovira con la dirección de ETA en la precampaña de las generales de marzo del 2004. En el famoso mitin de Barcelona, se comprometió a apoyar el Estatut que elaborase el Parlament. Una promesa vacía, como se observó maliciosamente desde CiU, pues entonces muy pocos creían en sus posibilidades de acceder a La Moncloa. Posteriormente se vio obligado a matizar su compromiso con dos restricciones: amplio apoyo en los parlamentos autonómicos y constitucionalidad del proyecto.

El vuelco electoral del 14-M trastocó el guión. Bajo la presidencia de Mariano Rajoy la reforma del Estatut difícilmente hubiera prosperado, convertida en un frente de batalla entre los gobiernos y los parlamentos de Madrid y Barcelona. Por el contrario, Zapatero planteó, en su sesión de investidura, un programa de reformas del Estado Autonómico en la línea de las tesis de Santillana. La reforma de los Estatutos serviría de precedente para la "reforma limitada" de la Constitución cuyo plato fuerte sería la conversión de Senado en cámara territorial. La perspectiva de la "España plural" justificó el voto afirmativo de ERC a su investidura y dio carta de naturaleza a su posición, junto a IU-IC, de socio privilegiado del PSOE en el Congreso, que necesita de sus 12 escaños para alcanzar la mayoría absoluta. En agudo contraste con Aznar, Zapatero multiplica los gestos hacia la opinión pública catalana: el ministerio de Exteriores gestiona el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE, se devuelven los Papeles de Salamanca o permite el dominio cat en internet.

El PSOE confía que el PSC sabrá imponer cordura al resto de partidos catalanes para que presenten una reforma del Estatut ambiciosa, pero dentro del marco de las potencialidades federalizantes de la Constitución de 1978.