El derecho a viure en català
La importancia estratégica que en su día tuvo el derecho a una Catalunya normalitzada, que obtuvo su más firme sostén en las leyes de política lingüística (por las cuales, entre otros logros, se ha imposibilitado que los niños castellanohablantes puedan recibir la educación en su lengua materna), hoy la tiene el derecho a viure en català ("vivir en catalàn"), que quiere apoyar su legitimidad en el nuevo Estatut. Si la normalització fue fundamental para dar el primer paso antes explicado en la limitación del pluralismo, el derecho a viure en català puede resultar clave para dar el segundo paso. El catalanismo exige que toda persona en Cataluña pueda desarrollar su vida en un entorno (los catalanistas hablan incluso de "paisaje" en sus textos) homogéneamente catalán. A tal fin, en Cataluña se controla administrativamente, por ejemplo, la lengua que los niños hablan en el patio o la que emplean los médicos en sus historias clínicas, y se han abierto incluso "Oficines de garanties lingüistiques" (puede resultarte muy ilustrativo visitar la web: www.infocat.gencat.net), donde se facilitan modelos para denunciar al camarero que no nos ha atendido en catalán o al tendero que no tiene su rótulo en esa lengua.
Queremos poner de relieve la amenaza a las libertades que representa esta nueva reivindicación del catalanismo: pretender que tu entorno se adecue a tu identidad, excluyendo a las otras que conviven en tu territorio, no sólo no es legítimo, sino que puede tener derivas totalitarias ("vivir en ario", "vivir en serbio", "vivir en hutu"...).
El Estatut institucionaliza la idea de nación
Nuestra gran preocupación en estos momentos es la aceptación acrítica de la idea de "nación" por parte de muchos dirigentes del PSOE. No se trata en absoluto de una mera cuestión terminológica, sino que está en la base de la estrategia nacionalista diseñada hace años y que avanza de manera exitosa. Detener el avance nacionalista en el tercer paso (o sea, no conceder la autodeterminación), concediendo el segundo (o sea, conceder la existencia de una nación homogénea cultural, lingüística e identitariamente, con privilegios sobre un territorio), es un grave error, por dos razones:
1. Porque no sólo no detiene el proceso secesionista, sino que lo aplaza fortaleciéndolo, pues legitima las permanentes reivindicaciones de futuro.
2. Porque, aunque equivocada, supone una respuesta al secesionismo, pero no a la limitación de derechos y del pluralismo, ya que sanciona la creación de una nación definida en términos históricos y culturales, no en función de derechos de ciudadanía.
¿Derechos históricos?
Todos los argumentos aportados hasta ahora valen poco o nada para un nacionalista. Muchos nacionalistas llegarán a reconocer que en Cataluña se están conculcando derechos individuales; también, en un arrebato de sinceridad, pueden conceder que se está fundando una comunidad política sobre el concepto de nación, entendido a la manera identitaria, que violenta el pluralismo y la diversidad de sentimientos de pertenencia de nuestras sociedades complejas; y sin embargo, este reconocimiento no les impedirá perseverar en su proyecto político porque, según ellos, "en el fondo" les asiste una razón "histórica". Pujol puso las bases de esta manera de pensar, que impregna también el discurso de los socialistas catalanes: para Jordi Pujol (traducimos literalmente del catalán): "El castellano en Cataluña es fruto de una violencia antigua". Quienes así piensan deberían considerar que:
1. No es cierto. Desde el siglo XV se publican en Barcelona, por poner un ejemplo, tantos libros en castellano como en catalán. A lo largo de la historia, lo específico de Cataluña no ha sido el catalán, sino el bilingüismo catalán-castellano. Sucede sólo que en Cataluña se confirma la atinada definición que dio Karl W. Deutsch en su célebre Nationalism and its Alternatives (1969): "Una nación es un grupo de personas unidas por un error común acerca de su pasado y un desamor común hacia sus vecinos".
2. No es justo. En efecto, la diversidad de la Cataluña real es fruto de siglos de convivencia, de cientos de desplazamientos, matrimonios, ilusiones y proyectos compartidos, inversiones, etc., pero en caso de que fuera cierta la existencia de una Cataluña mítica y esencial cuyo camino se frustró in illo tempore , ¿sería legítimo hacer responsables del Decreto de Nueva Planta -o del compromiso de Caspe, más antiguo aún- a los catalanes que hoy no tenemos la identidad catalana oficial? El pasado no justifica en absoluto los atropellos que se hacen en el presente.
3. No es positivo. Este argumento debería hacer recapacitar a más de un nacionalista: aunque fuera cierto su sueño histórico, y aunque fuera justo su atropello de derechos, seguiría siendo poco inteligente reclamar para Cataluña el regreso a la identidad del siglo XIV : Cataluña es mucho más que el país provinciano que nos quieren imponer. Limitar su realidad presente para acercarla a sus mitos del pasado es empobrecer irremediablemente -y en todos los sentidos- su futuro.
El Estado debe garantizar la igualdad de derechos
La función básica del Estado es garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, con independencia del territorio del Estado donde vivan. Parece innecesario tener que recordar esta obviedad, pero la tácita aceptación por parte del ejecutivo central de algunos de los extremos del nuevo Estatut (en especial los que van a figurar en el Preámbulo y Título Preliminar) puede implicar que en Cataluña muchos catalanes quedemos desamparados por el Estado. Nos preocupa la posible dejación de responsabilidades del Estado, si no considerase de su incumbencia el régimen político interno que se podrá derivar del desarrollo de los nuevos preceptos, limitadores de la libertad y el pluralismo, que se quieren introducir en el Estatut de Cataluña. El nuevo Estatut define a Cataluña como una nación de identidad única, se niega a reconocer expresamente en su articulado la diversidad y la pluralidad de los ciudadanos de Cataluña, introduce el deber de conocer el catalán (un deber, por cierto, no meramente retórico, sino que tendrá consecuencias graves) y lo consagra como única lengua "normalmente" utilizable en el espacio público. Por supuesto, cuando se tramite el Estatut en las Cortes Generales deberá prestarse atención a la financiación o a las competencias, porque las "supuestas" diferencias no hacen acreedor a nadie de efectivos privilegios. Pero lo que pretendemos decirte con esta nota es que no sólo debería prestarse atención a estos temas, sino también -y preferentemente, pues es la función esencial del Estado- a si el Estatut sirve para garantizar valores superiores como el pluralismo interno de Cataluña y la igualdad y libertad de sus ciudadanos, o si por el contrario va a lesionarlos.
