El Referéndum sobre la "Constitución" Europea: ¿Quién teme al no?

Por eso la estrategia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de erigirse en el auténtico artífice de una Constitución que el ejecutivo de Aznar habría bloqueado con su falta de tacto en materia de política exterior, carece de bases sólidas. El intento de identificar el acercamiento al eje franco-alemán con una apuesta convencida por una Europa social autónoma y pacífica frente a los Estados Unidos no es de recibo a estas alturas. Más allá de las divergencias geoestratégicas puestas de manifiesto con la guerra de Iraq, los partidos socialdemócratas -incluidos los continentales- han sido dóciles impulsores de la "americanización" social y política de Europa. De hecho, su oposición a la política exterior y al modelo económico estadounidense ha sido más retórica que real. Basta pensar en su papel durante la aprobación del Tratado de Ámsterdam, cuando gobernaban la mayoría de los países de la Unión y, sin embargo, las políticas neoliberales se afianzaron y el giro social fue casi imperceptible. O a lo largo del actual "proceso constituyente", donde su actuación ha estado siempre más cercana a la resignación que a la rebeldía.

Muchos socialistas defensores del "sí" justifican su posición afirmando que esta Constitución representa -con todos sus límites- un claro "paso adelante" respecto del vigente Tratado de Niza. En ese sentido -sostienen- la Constitución podría servir como catalizador para propiciar el surgimiento de una Europa política y social. Pero la cantinela es antigua, y el argumento ha sido cuestionado incluso por quienes, diez años atrás, defendieron una tesis similar a propósito del Tratado de Maastricht: «aceptemos los criterios de convergencia monetaristas que la Unión política y social vendrá por añadidura». Consciente del agotamiento de esa perspectiva funcionalista, durante las últimas elecciones el propio Jacques Delors, uno de sus defensores más conspicuos, reclamó de manera infructuosa junto a otras personalidades políticas y sindicales francesas la incorporación al Proyecto de un "verdadero" capítulo social que reemplazara el núcleo duro neoliberal incorporado de manera furtiva en la Parte III tras la Cumbre de Salónica de 2003.

Por otro lado, es inevitable recordar que el blindaje de la Unión neoliberal y monetarista en la Parte III no se explicaría sin la participación de otro partido socialdemócrata, el laborista británico, que llegó a cuestionar el propio Proyecto salido de la Convención presidida por Giscard por su carácter excesivamente social y federalista. En efecto, ha sido la persistente presión de Blair, secundada por la mayoría de sus pares, la que explica las reformas a la baja y las excepciones a los principios generales (las famosas "líneas rojas" y los "frenos de emergencia" en cuestiones sociales o migratorias) introducidas en la versión del Proyecto de Constitución adoptada en la Cumbre irlandesa de junio.

Es verdad que muchas de estas cuestiones han encontrado resueltos elementos de resistencia dentro de los propios partidos de la Internacional Socialista. La rebelión de las juventudes del Partido Socialdemócrata sueco exigiendo la celebración de un referéndum a nivel estatal, la decisión de François Hollande de convocar una consulta interna sobre el tema dentro del PS francés, o el sorpresivo anuncio del presidente del SPD alemán, Franz Müntefering, admitiendo la voluntad del gobierno de impulsar una reforma constitucional para incorporar la figura del referéndum y las iniciativas legislativas populares, deben entenderse, precisamente, como un reflejo del clima de malestar que en las propias bases de estas formaciones genera el Proyecto de Constitución.

Lo cierto, sin embargo, es que desde el inicio de los trabajos de la Convención hasta hoy, las diferencias de fondo entre la derecha conservadora y la dirigencia socialdemócrata se han ido difuminando de modo progresivo. Los partidos socialistas querían una Europa más democrática, pero han acabado por aceptar un diseño institucional en el que los órganos que deciden carecen de controles, mientras que los más representativos apenas deciden. Aseguraban aspirar a una Europa más social, pero la mayoría de sus dirigentes ha terminado por otorgar su apoyo -reticente, sí, pero apoyo al fin- a la Constitución más neoliberal que se haya aprobado desde la Segunda Guerra Mundial. Un texto que constitucionaliza la independencia absoluta del Banco Central y su papel como guardián de las políticas monetaristas de la Unión; que conserva los preceptos que han permitido desmantelar los servicios públicos; que mantiene un "estúpido" Pacto de Estabilidad (Romano Prodi dixit ) que ni Francia ni Alemania son capaces de cumplir, y que el Tribunal Europeo de Justicia, como demuestra en el fondo su última sentencia sobre el asunto, no ha conseguido asegurar.

Los partidos socialdemócratas querían una Europa que defendiera la diversidad, pero poco han hecho para que los pueblos y las minorías nacionales y culturales tengan un reconocimiento adecuado de sus intereses. Querían una Europa que fuera un espacio de paz, pero han sido incapaces de defender la renuncia a la guerra como instrumento de actuación de la Unión. Es más, han consentido la incorporación a la Constitución "del respeto a los compromisos adquiridos con la OTAN" y hasta de una Agencia Europea de Armamentos dirigida a potenciar la industria armamentística. Y han terminado por asumir -como revela el llamado Info rme Solana- buena parte de la histeria anti-terrorista, militarista y liberticida que sostienen los partidos de la derecha.

¿Qué han logrado, pues, frente a los defensores de las políticas neoliberales, productivistas y militaristas? ¿En qué ha quedado la armonización social y fiscal? ¿Y el aumento de recursos europeos para políticas de cohesión? ¿Y el control de los capitales especulativos? ¿Y la tan mentada cláusula de no-regresión social? ¿Con qué gafas detectar la delgada "huella socialista" en la Constitución?

Las vacilaciones de los Verdes y de la izquierda no socialdemócrata

Esta posición resignada de los partidos socialdemócratas, a la que se han sumado incluso algunos de los sindicatos más grandes, ha acabado por arrastrar consigo a los defensores más lúcidos del "sí crítico". Es decir, a aquellos que, con una trayectoria sin duda más discrepante en diferentes frentes, han visto en el actual proceso constituyente una oportunidad para introducir una grieta en la Europa neoliberal sin ceder a la tentación reaccionaria del repliegue estatalista. Es el caso de la mayoría de los Verdes e incluso de algunos sectores de izquierda no socialdemócrata. Conscientes del contexto internacional, de la hegemonía de la derecha y de los límites de unos partidos socialistas que después de todo están amordazados por su responsabilidad en la gestación de los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, han defendido el texto de la Convención como un escenario superador de algunos de los bloqueos presentes en el Tratado de Niza. Un texto cuyas luces podrían aprovecharse y de cuyas sombras podría huirse en el futuro a través de una presión política decidida.

En efecto, muchos representantes de este punto de vista han defendido, con algo más de autoridad que los partidos socialistas, la necesidad de alentar la "mejor interpretación posible" de la I y la II Partes del Proyecto al tiempo que exigen la reforma progresiva de los elementos más anti-sociales y anti-democráticos recogidos sobre todo en la Parte III. Lo cierto, sin embargo, es que esta visión peca de un excesivo formalismo juridicista que subestima las fuerzas materiales reales que sostienen y que se oponen al actual proceso de integración.