El Referéndum sobre la "Constitución" Europea: ¿Quién teme al no?

Contra lo que exigía una crisis de estas dimensiones, la reacción de las clases dirigentes europeas osciló entre la moderadísima autocrítica y la inmutabilidad. Como si el asunto no fuera con ellos, la mayoría se limitó a amonestar a la ciudadanía por su "incomprensible pasotismo". Otros, como el actual presidente del grupo socialista en el Parlamento europeo, Enrique Barón, llegaron incluso a defender la idea de que la abstención debía ser vista como un índice de democratización. «Sólo las dictaduras -interpretó Barón- superan el 99,99% en sus comicios». Y para apuntalar su tesis, citó el ejemplo de los Estados Unidos.

Partiendo de este diagnóstico, el paso obligado era redoblar la apuesta. Es decir, la huida hacia delante. «La mejor manera de devolver la ilusión a la ciudadanía -declaró a los pocos días el jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos- sería aprobar la Constitución». Sus plegarias fueron escuchadas. El 18 de junio, la Conferencia Intergubernamental reunida en Irlanda adoptó, con ligeras modificaciones, el Tratado constitucional que, ya en su versión definitiva, se firmará el 29 de octubre, en Roma. A partir de entonces, los países miembros tendrán dos años para la ratificación.

Decidido a situarse en la primera línea de los defensores del Proyecto, el gobierno español ha anunciado la celebración de un referéndum consultivo para el mes de febrero de 2005. Eso quiere decir que durante los próximos meses el debate sobre la Constitución europea volverá a planear sobre la arena política. Esta vez, con el auspicio institucional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La aceleración de los tiempos y la presentación del "desbloqueo" del Tratado constitucional como un avance europeísta no deberían, sin embargo, ocultar la persistencia del escenario de fondo. Lejos de debilitarse, los argumentos para oponerse al actual Proyecto de Constitución se han reforzado. Frente a lo que se insiste en presentar como "un salto adelante" o como "el único camino posible", la izquierda transformadora, social y política, se sitúa, más que nunca, ante el desafío de defender una Europa alternativa. Razones no le faltarán.

Para comenzar, es evidente que quien más ha ganado con el actual rumbo de la Unión es, desde un punto de vista político, la derecha europea. Su papel en la Convención encargada de redactar el Proyecto inicial de Constitución fue hegemónico. A instancias de Jacques Chirac, consiguió de entrada que la presidencia de la misma recayera en Valéry Giscard d'Estaing, una estrella en decadencia del conservadurismo francés, que sin embargo podía exhibir en su currículum un incondicional apoyo al Tratado de Maastricht y a sus restrictivas políticas de convergencia. A partir de allí, los conservadores se aseguraron un férreo control en el proceso de elaboración del Proyecto así como el mantenimiento, casi inalterado, del núcleo neoliberal y tecnocrático incrustado en el ordenamiento comunitario hoy vigente. La mayoría de las enmiendas planteadas por los sectores más avanzados de la socialdemocracia, los verdes y los convencionales de la izquierda unitaria europea, fueron desechadas. Y la participación de movimientos sociales y ciudadanos se vio reducida a la mínima expresión.

Es verdad que algunos de los líderes de la derecha hubieran querido ir más lejos en cuestiones tales como el reconocimiento de las raíces cristianas de Europa. Pero en lo referente al modelo social y económico, a la política de defensa o a la organización institucional del poder, las renuncias de la derecha han sido marginales, por no decir inexistentes. El Proyecto de marras mantiene y consolida, en una Europa ampliada, el modelo pergeñado en Maastricht, Ámsterdam y Niza. Y le añade el enorme valor simbólico que supone revestirlo de un envoltorio "constitucional".

Por eso, el efímero flirteo de José María Aznar con el "no" a la Constitución, esgrimiendo el desfavorable reparto de votos en el Consejo para España, no ha resultado creíble ni para los propios miembros de su Partido, que pronto lo mandaron callar. Y es que dejando de lado este pataleo patriótico pour la galerie , el Partido Popular tiene más de una razón de peso para suscribir los puntos sustanciales que delimitan el "techo ideológico" del Proyecto actual. Una de ellas, nada menor, es la garantía de la integridad de las fronteras, una cuestión en la que el propio Aznar empeñó su autoridad como jefe de gobierno, con el propósito de bloquear todo posible reconocimiento del derecho a la autodeterminación y, más en general, de la realidad plurinacional del Estado.

En rigor, los principales líderes de la derecha -de Chirac a Berlusconi- bien podrían atribuirse, si no la paternidad, al menos una influencia determinante en el contenido del actual Proyecto de Constitución. Esta hegemonía conservadora no ha hecho sino consolidarse en los últimos meses, con la inestimable complicidad de los partidos socialistas europeos -comenzando por el español. Así, y a pesar del creciente desprestigio de Aznar y de George Bush, la derecha ha conseguido que la presidencia de la Comisión (el "ejecutivo" de la Unión) se confíe al ultraliberal portugués José Durao Barroso, anfitrión de la Cumbre de las Azores en la que el presidente estadounidense y el entonces jefe de gobierno español pactaron, junto a Tony Blair, la invasión de Iraq. Ya en sus primeras declaraciones al frente de la Comisión, el propio Barroso se encargó de despejar toda duda acerca de sus afinidades. Defendió el atlantismo como una concepción de la que se debía "estar orgulloso", descalificó las posiciones de quienes reivindican el reconocimiento de los derechos de los pueblos y minorías nacionales como "ilusiones federalistas" que niegan la realidad estatal de Europa y anunció que el eje de trabajo principal del ejecutivo comunitario sería emprender la liberalización económica exigida por la Estrategia de Lisboa.

Otro de los logros del Grupo Popular ha sido el reparto de cargos con el que consiguió tentar a los socialdemócratas, cuando todo parecía augurar un acuerdo para la presidencia del Parlamento Europeo entre verdes, socialistas y centristas en torno a una candidatura de centro-izquierda (la fórmula "Rocard-Gemerek"). En virtud del pacto alcanzado entre conservadores y socialistas, Josep Borrell, poco conocido en asuntos europeos, presidirá la Cámara hasta el año 2007, con el compromiso de ceder su lugar en esa fecha al líder de la derecha alemana, Hans-Gert Poettering.

La posición de la socialdemocracia: entre el posibilismo y la resignación

Si se parte de este diagnóstico, la posición de los partidos socialdemócratas a favor de esta "Constitución" sólo puede entenderse, más allá de algunas posiciones personales, como un resignado ejercicio de deserción política. En realidad, la "huella socialista" en la Constitución no se ha traducido en una Europa ni más social, ni más democrática ni más europea de la que había hasta ahora. Los más comprometidos con esos objetivos -como los socialistas franceses- apenas han podido hacer sentir su influencia. Y los más influyentes -como los laboristas británicos- han orientado toda su capacidad de presión hacia el bloqueo sistemático de cualquier avance en la dirección de una Europa más social, federal y democrática.