Editorial: Derechos morales / Moral rights

Han transcurrido casi seis años desde que se instaló por primera vez la escultura Emersión atlántica, del artista dominicano Marcos Lora Read, en el espacio natural de Osorio, en el municipio de Teror de la isla de Gran Canaria. Allí se celebró, en junio de 2003, el segundo Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo patrocinado por el Cabildo Insular (ver Lápiz, año XXII [núm. 194], junio de 2003, pp. 74-77). Se trataba de unas semanas de convivencia y de intercambio de experiencias entre artistas, que durante su estancia realizaron una obra "in situ". Todas las obras fueron producidas especialmente para la exposición por el Cabildo, institución oficial que además se comprometió con algunos artistas, por las especiales características de la obra realizada, a su instalación definitiva en un emplazamiento público previamente convenido. Ese fue el caso del artista Lora Read, que hizo una gran escultura para que, después de la exposición, fuera colocada definitivamente en el Jardín Canario. Sin embargo, la obra fue a parar a un descampado en el municipio de Agaete, como basura, donde estuvo tirada durante años. En junio de 2007 nos hicimos eco en esta misma página editorial del destino lamentable que había encontrado aquella escultura (ver Lápiz, año XXVI [núm. 235], pp. 6-7). Nuestra denuncia no fue en vano y, hoy, la obra, una torreta de submarino que parece emerger de la tierra, está ubicada en un jardín que, aunque distinto al previsto inicialmente, dará sin duda, por su excelente ubicación en el recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria, una mayor visibilidad a la obra del artista.

De esta historia podemos derivar una reflexión sobre la poca repercusión que hechos de esta especie, que socavan los derechos morales de un artista, suelen tener en los círculos del arte y en las entidades que defienden la propiedad intelectual y los derechos de autor en España. Es cierto que los derechos morales no entran -a no ser que sea solicitado específicamente por sus socios- en el ámbito de gestión de entidades como Vegap, cuya preocupación se centra casi en exclusiva en los derechos patrimoniales de los artistas plásticos, pero de los artistas afiliados, claro está. No obstante, de cara al público general, estas entidades reclaman para sí el papel de defensoras a ultranza de los amenazados derechos de los artistas en general y, sin embargo, callan ante cualquier vejación del tipo que hemos comentado. Aún más, en el caso de la Fundación Arte y Derecho, institución vinculada a Vegap, hay habilitado un "Fondo solidario para la defensa de los derechos morales", que establece para los socios a los que se les conceda financiar un proceso judicial unas condiciones que resultan disuasorias: el artista que reciba una indemnización tiene que donar el 50 por ciento de la misma a la Fundación, para contribuir a ese mismo fondo. A primera vista, la finalidad parece loable, pero solo si obviamos el espinoso asunto de los sueldos de los directivos de esas mismas entidades.

La destrucción de la obra mural de Josep Renau en el antiguo Hotel La Selva de Cuernavaca, en México; la de La esfera de Caracas, de Jesús Rafael Soto, delante de la residencia presidencial de Caracas; la del mural de Carlos Cruz Díez en la Guaira, también en Venezuela; o la destrucción vandálica de las esculturas de Antoni Marí en el cauce seco del Río Turia, en Valencia, son algunos otros atentados que podemos citar al azar que han ocurrido en los últimos años en un mundo globalizado. Pensamos que aquellas entidades que defienden los derechos de autor deberían expresar su repulsa hacia estos actos, aunque los autores de las obras ultrajadas no figuren en sus listas de abonados.

Almost six years have passed since Dominican artist Marcos Lora Read's sculpture Emersión atlántica (Atlantic Surfacing) was accommodated in the natural space of Osorio, in the municipality of Teror in the Island of Gran Canaria. Back in June 2003, the location was the setting for the Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo (International Contemporary Art Encounter) sponsored by the Cabildo Insular (Insular Government) (see Lápiz, year XXII [no. 194], June 2003, pp. 74-77).  Over a few weeks, artists lived together and exchanged artistic experiences as they created a site specific piece. All the artworks were created specifically for the show by the Cabildo, an official institution which, given the special characteristics of some of the pieces, came to an agreement with certain artists to guarantee their installation in pre-established public locations. This applied to artist Lora Read, who made a large sculpture which, after the exhibition, was to be relocated in the Jardín Canario. However, the piece ended up in a waste ground in the municipality of Agaete, where it remained for years. In June 2007, this Editorial section picked up on the deplorable fate that had befallen the sculpture (see Lápiz, year XXVI [no. 235], pp. 6-7). After the editorial piece, the artwork, a submarine periscope that seems to surface from the ground, was relocated in a garden which, albeit not the original location, will unquestionably grant more visibility to the artist's work, given its setting in the Las Palmas de Gran Canaria exhibition site. 

This series of events prompts a consideration on the little importance that this type of behaviours, which undermine the artist's moral rights, have in the art circuit and for the institutions that defend copyright and royalty issues in Spain. Unless specifically requested by the members, institutions like Vegap do not manage issues like moral rights, and keep almost exclusively to the copyrights of plastic artists, as long as they are members of the institution, of course. Nevertheless, before the general public, these entities establish themselves as the ultimate champions of the threatened rights of artists in general; and then tend to remain silent when faced with any type of humiliation, such as in the aforementioned case. Even more so, in the case of the la Fundación Arte y Derecho, linked to Vegap, there is a "Fondo solidario para la defensa de los derechos morales" (Solidarity Fund for the Defence of Moral Rights), which establishes dissuasive conditions for members who need to finance a legal action: artists who receive compensations are required to donate 50 per cent of the procedures to the Foundation to contribute to the fund. At first glance, the purpose seems commendable, but only if we overlook the salaries of the managers of these institutions.

The destruction of a mural piece by Josep Renau in the former Hotel La Selva in Cuernavaca, Mexico; of La esfera de Caracas (The Sphere of Caracas), by Jesús Rafael Soto, opposite the presidential residence in Caracas; of Carlos Cruz Díez's mural in La Guaira, also in Venezuela; or the destruction of Antoni Marí's sculptures in the dry bed of River Turia, in Valencia, are just some of the attacks that have taken place over the last few years in the globalised world. In our opinion, the institutions that support copyrights should condemn these events, even when the artists who created the insulted artworks are not included in the list of members.